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Opinión

Congruencia con el salario

Editorial

“Sabemos que en Costa Rica existe el principio de presunción de inocencia, pero si alguna instancia procede a establecer alguna sanción, por el bienestar y la transparencia que realmente necesita el país, lo lógico es que se tomen decisiones con base en conciencias y no tanto en egos”

 

Costa Rica se vio estremecida el pasado 15 de noviembre, cuando múltiples allanamientos golpearon severamente la imagen de varias municipalidades e inclusive provocaron que seis alcaldes acabaran durmiendo en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante 3 días.

El tener a los máximos líderes municipales implicados en el caso conocido como Diamante hizo que el Juzgado Penal de Hacienda tomara la decisión de suspenderlos por un lapso de seis meses, sin embargo, delegó en cada uno de los concejos municipales que procediera a ejecutarlo, así como la suspensión del goce salarial. 

El tema cobró relevancia porque en un inicio ninguno de los alcaldes asumió ese compromiso y, por el contrario, reclamaron que la medida era completamente injusta, incluso pasó que en algunos órganos municipales se tomaron las decisiones de acuerpar a sus alcaldes de turno. 

Tal fue el caso de Escazú, donde el Concejo Municipal decidió rechazar una moción para entrar de lleno al análisis para dejar sin remuneración a Arnoldo Barahona, alcalde de ese municipio, se argumentó que tenían que asesorarse jurídicamente antes de tomar la decisión. 

Misma situación ocurrió en el Concejo Municipal de San José, donde ocho regidores rechazaron ver el asunto sobre el congelamiento salarial de Johnny Araya, lo que hace sospechar que lo que revelan las intervenciones telefónicas, es decir que el alcalde domina a los ediles, es verdadero. 

No obstante, tuvo que ser un criterio de la Contraloría General de la República (CGR) el que vino a marcar el rumbo para las decisiones de cada uno de los municipios en cuanto a cómo proceder con las acciones pertinentes para suspender los pagos salariales. 

El órgano contralor notificó de forma preventiva y dentro de las competencias de fiscalización que existe una improcedencia en el reconocimiento salarial a los funcionarios suspendidos por causa penal que impida el desempeño de sus labores. 

Ese mensaje aplicó a los gobiernos locales de San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Osa y Golfito, a los que se notificó de primero antes de informar a cualquier tercero. 

La relación laboral se suspende, tal y como lo dispone el numeral 78 del Código de Trabajo, sin responsabilidad para ninguna de las partes, de manera que tampoco está el patrono obligado a pagar el salario.  

Asimismo, se ha indicado que no le corresponde el pago de salario a aquel funcionario que le hayan sido impuestas por el juez penal medidas cautelares, aunque no se trate de la privativa de libertad, si con ellas se le imposibilita asistir al trabajo. (oficio N.° 14312 (DJ-1326) del 05 de octubre de 2018 (criterio vinculante para el gestionante) y oficio N.° 11259 (CGR/DJ-1547-2015) del 06 de agosto de 2015 (opinión jurídica).

No es posible que la Contraloría deba pronunciarse sobre el particular para que los alcaldes ahora sí “reflexionen” y pidan agilizar que los dejen sin salario, excepto el de San Carlos, ninguno asumió esa responsabilidad.

Se sabe perfectamente que si una persona no produce un trabajo, lo lógico es que se dé una suspensión del caso y de esta manera se proceda a ejecutar las acciones que correspondan.

Sabemos que en Costa Rica existe el principio de presunción de inocencia, pero si alguna instancia procede a establecer alguna sanción, por el bienestar y la transparencia que realmente necesita el país, lo lógico es que se tomen decisiones con base en conciencias y no tanto en egos. 

Los alcaldes y cualquier funcionario público suspendido deben ser congruentes con la ética en sus actuaciones y si son señalados por algo y un superior actúa al respecto, la lógica dicta que se actúe de inmediato y no se le dé largas al asunto, de por sí, el aparato estatal ya se encuentra manchado y deteriorado.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Jueves 25 Noviembre, 2021

HORA: 12:00 AM

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