Diario Extra - Borran cronograma de desalojos en aeropuerto

Una pizarra ubicada en la oficina de una funcionaria de apellidos Cascante Ureña, jefa de Unidad del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños en Pavas, quedó en blanco luego de la publicación de DIARIO EXTRA sobre los desalojos programados en ese espacio.
La pizarra mostraba la programación de los desalojos que efectuarán el 10 de noviembre en los hangares que ocupan seis empresas.
Incluso se podía leer que el 15 de octubre se enviaron los oficios anunciando la fecha de desahucio.
Los desalojos se darían el 10 de noviembre a partir de las 8:30 a.m.

EL CASO

Una empresa costarricense denunció al viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Olman Elizondo, en calidad de presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), así como a los demás miembros de dicho grupo por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
La demanda penal se tramita en la Fiscalía Adjunta de San José bajo el expediente 21-000423-283-PE.
En ella se denuncia a Elizondo, así como a Eduardo Montero González, Roberto Arce Garita, Tatiana Pérez Peña, Juan Chaves Noguera, William Rodríguez López, Daniel Araya Barquero, Karla Barahona Muñoz, Sofía García Gómez, Gonzalo Coto Fernández y Gustavo Segura Sancho.
De acuerdo con la acusación, en la sesión ordinaria 73-2013 de Cetac, en el artículo décimo, se aprobó el permiso de uso de precario que autorizaba a la empresa costarricense a utilizar un hangar en el Aeropuerto Tobías Bolaños.
La intención de este permiso era que brindara servicios de aviación agrícola con aeronaves de ala rotativa y ala fija por todo Costa Rica.
Pese a este otorgamiento, los miembros del Cetac dictaron las resoluciones 220-2017 del 27 de octubre del 2017 y 227-2020 del 21 diciembre del 2020, en las cuales aprobaron desalojar varios hangares. En apariencia lo hicieron por intereses empresariales.
Para emitir estas órdenes de desalojo, en los informes de inspección realizados se indica que los hangares se destinan a taller o bodega, o la actividad respectiva.
No obstante, quien hace dicha inspección no menciona que se trata de talleres o bodegas destinadas a aviones, por lo que consideran se dio una mala fe en la ejecución de dichos informes, lo cual promovió la orden de desalojo que tiene en ascuas a más de 100 personas.
Esto pese al cumplimiento de los requisitos exigidos y a la actuación conforme a derecho de los ocupantes.
Por este motivo, el Ministerio Público solicitó que se dictara la suspensión del desalojo de los hangares, medida cautelar respaldada en un documento emitido por la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José.