Incapacidad del MEP en conectividad

Editorial

Cerca de 426.000 estudiantes enfrentan problemas de conectividad para recibir lecciones bajo la modalidad virtual.
Ese problema llama muchísimo la atención en momentos en que el país requiere que los menores de edad se forjen para el futuro y desarrollen sus habilidades en los próximos años.
Sin embargo, somos testigos una vez más de cómo el desorden que impera en el Ministerio de Educación Pública (MEP) hace que algunos escolares no estén conectados a internet en los centros educativos.
Antes el internet era un lujo, ahora es una tremenda necesidad y una herramienta indispensable para el desarrollo de los niños, pero a pesar de que el propio MEP sabe sus debilidades, muestra incapacidad para resolver los principales problemas de conectividad.
La Contraloría General de la República dio orden de frenar el proyecto de la Red del Bicentenario, algo que sin lugar a dudas le cae como un balde de agua fría no solo al Ministerio, sino a los docentes, estudiantes y hasta padres de familia que se vieron ilusionados con esta iniciativa.
No solamente se trata de un evidente desorden, sino del hallazgo de irregularidades en la adjudicación del plan y hasta cuestionamientos sobre ilegalidad en el proceso de contratación.
La iniciativa que llevan en conjunto el MEP y la Fundación Omar Dengo tiene como finalidad conectar a internet a casi 750.000 estudiantes a nivel nacional en un proyecto cuya inversión no es nada despreciable: fueron $350 millones.
Aunque el planteamiento nació con buenas intenciones, las controversias y las críticas por las formas en cómo se procedió a la adjudicación hicieron que esa buena fe se manchara notoriamente a tal punto que la Contraloría General de la República decidió anular la iniciativa.
A pesar de que la Fundación procedió a corregir el cartel continuaron las inconsistencias y la adjudicación nuevamente se tumbó haciendo que el proceso no oliera nada bien.
Entre la Fundación y el MEP tienen la finalidad de conectar 2.048 centros educativos, así como otros 2.237 que serían enlazados a internet por medio de un plan de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
En contexto, el MEP dijo que transfirió entre enero de 2020 y agosto de 2021 un total de ¢12.512 millones a la Fundación para gastos relacionados con el proyecto, ¢101,5 millones para el pago de 13 técnicos contratados, ¢4.404 millones para gastos operativos, ¢591 millones para gastos de conectividad y ¢7.414 millones para implementar la red.
La Contraloría advirtió que la transferencia indebida de las competencias del MEP a la Fundación representa costos que se estiman en un aproximado de $5.683.058 por el plazo estimado del proyecto (5 años), el cual podría incrementar.
También el órgano contralor mencionó el gasto aun cuando el propio Ministerio cuenta con el personal necesario y la estructura para proceder a la coordinación de la conectividad en los centros educativos.
Al parecer al Ministerio de Educación no le basta con el rezago educativo que se tiene desde el 2018 que las inconsistencias se mantienen en el tiempo.
Primero la huelga de educadores de tres meses a finales de ese año, luego la pandemia que obligó la suspensión de las clases presenciales en 2020 y la modalidad combinada que se manejó con tanto desorden durante este 2021 hizo que los procesos se mantengan en un estado crítico.
El MEP requiere ser intervenido para ver quién o quiénes son los que permiten los atropellos institucionales percibidos a vista y paciencia de las máximas autoridades de la entidad.
Los problemas de conectividad son tan solo un reflejo de las brechas sociales existentes en el país, donde los que menos tienen son los que más la pulsean.
Triste que el MEP no le preste atención a eso y se evidencien inconsistencias al respecto.
Existe una incapacidad que debe resolverse con prontitud.