Los recursos presupuestarios para el Presupuesto Ordinario de la República serían insuficientes para la operativa institucional de 2022.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Contraloría General de la República en relación con el plan de gastos del próximo año por ¢11,5 billones que se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El proyecto de Ley del presupuesto 2022 representa un 28,5% del Producto Interno Bruto (PIB), posee una relación del 73,9% entre ingresos y gastos corrientes y muestra una reducción del 0,3% respecto al aprobado a agosto 2021.
Marta Acosta, contralora general de la República, indicó que los ingresos corrientes ascienden a ¢6,1 billones, los cuales no son suficientes para cubrir los ¢8,2 billones en gastos corrientes incorporados en el presupuesto.
Acosta recalcó que la recuperación de los ingresos es fundamental para el proceso de consolidación fiscal, sin embargo estaría sujeta a una serie de riesgos que de materializarse podrían generar desvíos importantes.
Añadió sobre la necesidad de un monitoreo proactivo de los ingresos del presupuesto por parte de las autoridades.
INGRESOS TOTALES
Los ingresos totales para el plan de gastos 2022 es de ¢11,5 billones. Es decir, hay una variación del 2,8% en comparación con 2021, posee una carga tributaria del 13,4% y un financiamiento por ¢5,4 billones.
La estimación de ingresos del Ministerio de Hacienda en el presupuesto prevé una recuperación con respecto a los ingresos de 2021 y se impulsa por el crecimiento de ingresos tributarios.
Sobre los gastos totales existe una variación del 1,9% con respecto al presupuesto de este año, en donde se registra un mayor crecimiento por intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda.
Sobre la regla fiscal, la formulación del gasto corriente incumple con el porcentaje definido por el Ministerio de Hacienda para 2022.
El ente contralor advirtió que se debe evitar un incumplimiento a nivel de formulación del presupuesto de la regla fiscal y que es fundamental para mantener la credibilidad en el compromiso con el ajuste.
DEUDA DE GOBIERNO
Respecto a la deuda de gobierno, los recursos externos para 2021 rondan los $1.951 millones, los cuales están aprobados un 50,4%, mientras que los recursos externos para 2022 se aprueban $1.662 millones, es decir un 39,3%.
El ente contralor indicó que el endeudamiento continuará creciendo por encima de la actividad económica, por lo que la deuda/PIB sigue en ascenso y el retorno al límite natural podría darse posterior a 2030.
El servicio de la deuda absorbe el 43,3% del gasto, mientras que la deuda existente demanda el 90,6% del pago de intereses de 2022 y de esos intereses el 85% corresponde a deuda interna.
Al respecto es necesaria una gestión sobre los pasivos existentes con el fin de ayudar a materializar el presupuesto el menor costo del endeudamiento.
La contralora urgió una necesaria priorización y correcta estimación en el gasto, entre ellas el Ministerio de Hacienda, los regímenes de pensiones, las transferencias del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las transferencias a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
• Marta Acosta, Contralora general de la República
“En materia de ingresos el ejercicio económico 2022 aún está sujeto a un alto nivel de incertidumbre en variables como el impacto en la recaudación fiscal. La Contraloría para la certificación de la efectiva fiscalización de los ingresos estimados por el Ministerio de Hacienda evaluó la existencia de dos escenarios alternativos para el 2022 bajo los cuales la carga tributaria se encontraría entre el 13% y el 14,2% del PIB”.
• Shirley Díaz, Independiente
“Revisando el comportamiento del presupuesto vemos que hay una subejecución en 2020 de ¢1.047 millones, en 2019 de ¢1.204 millones, en 2018 de ¢1.196 millones, ¢1.022 millones en 2017 y ¢977 millones en 2016. Según información del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República se financió con el monto de la deuda de 2020 por ¢1.203 millones, teniendo una subejecución, pero en gasto corriente”.
• Yorleny León, PLN
“Desde 2014 se ha venido hablando del programa Empléate como tal en los informes que ustedes emiten y nunca cuestionan el tema de la duplicidad de funciones, en este caso particular. Me tomé el tiempo de revisar la Ley del INA junto con el decreto que le da vida al programa nacional de empleo y no veo que existan elementos diferenciadores entre uno y otro. Tampoco veo que la Ley del INA tenga alguna limitación que impida que esos recursos que hoy emplea el programa para que el INA asuma su rol, que es propio de sus competencias”.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Sábado 16 Octubre, 2021
HORA: 12:00 AM
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