La Contraloría General de la República (CGR) decidió rechazar la iniciativa de compra que planteó la Junta de Protección Social (JPS) para adquirir unas nuevas instalaciones donde se ubicarían las oficinas de la institución.
“Dada la antigüedad del edificio y los eventos sísmicos ocurridos (principalmente los terremotos de Alajuela en 1990 y de Limón en 1991) es que en octubre del 2002 se contrató un Estudio de Vulnerabilidad Sísmica del Edificio Central de la Junta, el cual fue realizado por la firma Miguel Cruz y Asociados, LTDA Ingeniería Estructural. En dicho estudio se señala que el edificio presenta irregularidades estructurales que puede poner en riesgo a los usuarios”, justificó la institución.
SITUACIÓN
El edificio donde se ubica la JPS actualmente lo ocupa desde 1977, sin embargo, con el pasar de los años, las condiciones del inmueble se han deteriorado.
“El peso de materiales de desecho y el equipo que se ha sustituido, aunado a otros factores, incrementa el peso del edificio y, a su vez, los riesgos en relación con sus deficiencias de índole estructural”, cita el documento.
La Junta, además, menciona que hay áreas del edificio donde los colaboradores se encuentran muy hacinados.
“Es clara la necesidad de que la Junta cuente con un edificio que garantice la seguridad física y humana, donde se incluyan energías limpias y conceptos verdes, el cual permita albergar a todas las dependencias de la Institución, según su estructura promoviendo la eficiencia del recurso humanos, además de contar con el espacio necesario para ubicar la imprenta y un auditorio más amplio para la realización de los sorteos”, justificó la gerencia de la entidad.
El acuerdo JD-060-2019 para construir o contar con nuevas instalaciones quedó en firme en el 2019.
La entidad determinó que si no se encontró un terreno que cumpla con los requisitos de la benemérita, entonces también se fijaba la opción de encontrar un edificio que cumpliera con las necesidades de la entidad.
La administración decidió destinar ¢11.500 millones para este proyecto.
NEGATIVA
Según relató la institución, recibió 11 opciones distintas de localidades para trasladar las instalaciones, de ellas, terminó eligiendo el Centro Corporativo en Paseo Colón, cerca de donde se ubicaba la antigua Toyota.
Según describe el plan, 9.841 metros cuadrados es el tamaño de las instalaciones que evaluó la administración, con el precio total de avalúo de ¢7.959 millones.
No obstante, un estudio hecho por los ingenieros de la institución sobre las necesidades que tiene la para albergar todo su personal, menciona que requieren de un espacio de 20.470 metros cuadrados.
También señalan otros problemas con el inmueble elegido: “Se detecta una serie de inconsistencias en cuanto a los inmuebles que se pretende adquirir, siendo que más allá de que en el oficio de solicitud no se identifican los números de matrícula de cada uno de los terrenos, en el acuerdo de Junta Directiva se consigna como propietarios a personas jurídicas distintas a los propietarios que constan a nivel registral”, anota la CGR.
Además, el órgano supervisor hizo señalamientos sobre el estudio de mercado con el que se escogieron las opciones.
“El estudio de mercado no tiene fecha de emisión ni tampoco está firmado por los funcionarios que lo elaboraron, siendo que un documento sin firma carece de validez”, agrega la determinación.
SIN CRITERIO TÉCNICO
Otro de los señalamientos es que no se especificó cuáles serían las necesidades que la Junta deberá hacer frente para adaptar el edificio de acuerdo a sus requerimientos administrativos.
“Tampoco se aportó un criterio técnico que acredite en forma detallada cuál es el monto total de las remodelaciones y construcciones adicionales que se requieren para que el inmueble cumpla con la idoneidad requerida por la Administración”, señala el órgano supervisor.
Finalmente, la CGR decidió que no autorizaría la compra de las nuevas instalaciones.
“Se concluye que la Administración no ha acreditado que los inmuebles que se pretenden adquirir se constituyen como los únicos ni los más aptos para la finalidad propuesta. Por lo tanto, se deniega la autorización solicitada”, concluye el informe de la CGR.
SILENCIO
El Diario del Pueblo consultó con la Junta cuál era su posición ante lo señalado por la Contraloría, no obstante, prefirió guardar silencio al respecto.
“La JPS estará analizando la respuesta de la Contraloría General de la República, entre tanto, no se referirá al tema”, dijo la institución mediante su oficina de prensa.
PERIODISTA: Mario Taboada
CRÉDITOS: Foto: Mauricio Aguilar
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Sábado 25 Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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