Diario Extra - Desalojan 95 familias de casas de fundación

La Fuerza Pública realizó un desalojo a 95 familias en Morales 1 de Chomes, Puntarenas. Ellas habitaban unas viviendas construidas hace 10 años por la fundación Costa Rica-Canadá.
Fuentes cercanas al caso expresaron que estas personas alegaron que dichas casas estaban en abandono hace una década y por la complicación que ha generado la pandemia no tuvieron otra opción que quedarse en las propiedades.
La fundación al darse cuenta solicitó la ayuda de 200 uniformados para que sacaran a estos porteños, ya que las viviendas estaban destinadas para unos ciudadanos que esperaban los últimos permisos del proyecto.
Los oficiales procedieron a sacar a los habitantes junto con todas sus pertenencias en la noche y los dejaron a su suerte en las calles.
Trascendió que los afectados debieron pasar la madrugada a la intemperie. A tempranas horas algunos se desplazaron a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones.

SITUACIÓN ECONÓMICA

DIARIO EXTRA habló con Juan Gabriel Miranda, uno de los desalojados, quien explicó la problemática que atraviesan.
“La situación ha estado muy difícil, por eso del Covid nos hemos quedado sin empleo y sin dinero. Somos familias de escasos recursos, no tenemos dónde ir y estas casas tienen diez años de estar abandonadas porque la empresa que estaba a cargo de este proyecto decidió dejarlo tirado, y ahora que ya no tiene arte ni parte en esto se le ocurrió venir a desalojarnos. Con todas nuestras cosas decidieron tirarnos a la calle”, manifestó.
Prosiguió: “No les importó los niños ni los adultos mayores que viven aquí, simplemente nos sacaron. Nos hemos reunido para poner un recurso de amparo para que nos ayuden porque no podemos vivir en la calle”.
Los puntarenenses se encuentran a la espera de lo que suceda en las próximas horas y dicen que no se moverán de ahí hasta que las autoridades judiciales resuelvan algo a su favor.

FUNDACIÓN

Por otra parte, El Periódico de Más Venta en Costa Rica se comunicó directamente con Juan José Umaña Vargas, gerente de la fundación Costa Rica-Canadá, para conocer su versión.
“El proyecto se hizo hace diez años cuando llegamos al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para poderlo formalizar, el Banhvi solo nos autorizó 47 viviendas de 149 que era la idea original. Estas no se pudieron autorizar porque solo las 47 tenían mejor filtración de los tanques sépticos, las otras no las autorizó hasta que se hiciera una planta de tratamiento que por supuesto no estaba en los diseños originales, tuvimos que empezar a diseñar, a sacar permisos y tenemos cuatro años pidiendo los permisos correspondientes.
Ya estamos a las últimas dos semanas de obtener los permisos y así comenzamos con el mantenimiento de las casas, ya que al estar diez años desocupadas se han deteriorado, tenemos que dejarlas impecables nuevamente”, declaró.
Agregó que el proceso presentó complicaciones desde un inicio con una desarrolladora, pero al abandonarlo lo asumió la fundación, lo cual también generó atrasos en los planes.
“No lo hicimos cuando nos presentaron el proyecto, le dijimos a una desarrolladora que comenzara con el proceso y le prestábamos el dinero, sin embargo a la desarrolladora que se le prestó era de dos socios, los cuales se pelean entre ellos y dejan el proyecto botado, por eso retomamos el negocio, fuimos nosotros quienes tomamos las riendas del proyecto para terminarlo y llevarlo a cabo”, acotó.
Continuó: “Con todos estos inconvenientes se le suma a que las casas están ocupadas por personas que entraron sin ningún permiso ni autorización a unas viviendas que ya están predestinadas a otras familias que el mismo gobierno había pedido un proyecto para ubicar a las familias de las zonas más complicadas que tienen que ser desalojadas y ubicadas en estas nuevas viviendas, por esta razón se pidió la ayuda de los efectivos para sacar a estas personas”, explicó.
Al cierre de edición los afectados aún permanecían en la calle a la espera de que las autoridades judiciales les resolvieran y la fundación continuaba el proceso de acreditaciones para seguir trabajando en el plan habitacional.