Bajar el umbral para que una persona haya cometido fraude fiscal no será suficiente para reducir los niveles de evasión. Así lo considera la Contraloría General de la República. Es la opinión que dio acerca del proyecto de ley expediente N° 22.493, que pretende establecer que a partir de los ¢92 millones se podría estar cometiendo el ilícito. Hoy ocurre cuando se defraudan al menos ¢231 millones.
De acuerdo con el órgano contralor, la mejora de los indicadores tributarios, no depende solo de medidas como la promocionada en esta iniciativa, sino que comprende una serie de medidas integrales.
Aconseja hacer un diagnóstico de lo que ha sido la experiencia en la vía penal de las actuaciones promovidas por la Dirección General de Tributación, así como una capacitación y revisión del perfil profesional de los funcionarios tributarios para fortalecer los expedientes de cara a una remisión a la vía penal.
Hace la advertencia de que si la administración tributaria no demuestra éxito en los juicios y expedientes que emprenda, perderá credibilidad ante los contribuyentes y la opinión pública.
El órgano infiere que, al bajar el umbral de punibilidad, Tributación espera aumentar la sensación de riesgo y el impulso de la tramitación de los expedientes por defraudación fiscal.
Según el proyecto de ley, el caso de los Papeles de Panamá develó formas
de evasión y elusión fiscal inaceptables que deben ser combatidas con acciones punitivas que sancionen con claridad el perjuicio generado contra el país y la solidaridad social, ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias.
Asimismo, indica que es necesario el resarcimiento del daño causado a la sociedad, para la recuperación de los recursos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Se dice que Hacienda justifica la urgencia del proyecto en los incumplimientos del pago de los impuestos de ventas y renta para los años 2013 y 2015, lo cual evidencia una cantidad significativa de ingresos dejados de percibir por el Estado.
La Contraloría concuerda en que la propuesta de reparación del daño social en sentencia, sin duda busca pautar un mecanismo ágil para resarcir las lesiones a la sociedad por el incumplimiento de la normativa tributaria.
Cabe destacar que hasta ahora solo existe una condena por delitos fiscales en el país y varios de los condenados todavía se encuentran en fuga. El principal objetivo de la iniciativa es corregir la decisión tomada en el año 2012 a través de la que se redujo el margen de punibilidad.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 18 Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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