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Nacionales

Gobierno impulsa ampliación de Isla del Coco sin datos

Minae reconoce que no saben efectos económicos y sociales

Las organizaciones de pescadores temen que el gobierno haga la ampliación por decreto

 

 

 

El gobierno está promoviendo la ampliación de zonas marítimas protegidas, entre las que destaca Isla del Coco, sin contar con datos sobre la eventual afectación para el sector pesquero.
Haydée Rodríguez, exviceministra de Aguas y Mares, indicó en una reciente sesión de la junta directiva que tenía dos años pidiendo información al Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) sin obtener resultados.
“La información se ha pedido al Incopesca en varias ocasiones desde el 2019, se conoce que hay imposibilidades de su parte para tener toda la información disponible”, expresó Rodríguez en esa oportunidad, quien dejó el cargo el pasado 31 de agosto. Así consta en un acta de la que este medio tiene copia.
Esta reveló que hubo sesiones de trabajo en Puntarenas, donde se expusieron informes preliminares y en las cuales el sector pesquero también se habría comprometido a remitir información que hasta antes de su salida no había llegado.
La idea es recopilar información no solamente desde el punto de vista científico, sino social y económico. Rodríguez manifestó que a Incopesca le quedaba la vía libre para externar todos sus comentarios luego de que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) abrió la consulta pública y lo mismo iba para los sectores.
Al respecto Ana Victoria Paniagua, representante del sector exportador en el Incopesca, hizo la salvedad de que hay que tener cautela porque esto es algo que va a tener un impacto directo en la producción nacional, la economía costera y toda la cadena de valor.
“La protección que se está planteando es sobre las áreas de mayor interés pesquero”, dijo. A su criterio se debe analizar el costo-oportunidad de esta iniciativa, con cuyos estudios no se cuenta en este momento.
“El director de Áreas de Conservación Cocos indicó que no había un análisis costo-beneficio para la actividad pesquera, ni para la actividad deportiva y turística. Si se logra comprender cómo funciona la actividad pesquera, se deben tomar con cautela estas decisiones”, acotó.
Entretanto el viceministro de Economía, Carlos Mora, salió en defensa del gobierno, aduciendo que, si no se protege de manera eficiente el océano, el futuro será insostenible para todas las pesquerías. Llamó al Incopesca a ponerse de acuerdo.

TEMEN QUE SE HAGA POR DECRETO

Los sectores pesqueros artesanal, palangrero, pesca de cerco y turística, así como el sector empresarial consideran que este proyecto lo único que busca satisfacer es un interés político.
Es por eso que exigen al presidente Carlos Alvarado que suspenda la iniciativa que busca aumentar el territorio marino que ocupan el Parque Nacional Isla del Coco, el Área Marina de Manejo Montes Submarinos del Minae y el Parque Nacional Corcovado.
De acuerdo con las organizaciones, aquí hay un conflicto de competencia entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Incopesca y la cartera de Ambiente.
Este tema parte de la Cumbre sobre Biodiversidad del pasado 30 de setiembre, conocida como “30x30”, la cual es una estrategia para convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030 y garantizar el sostenimiento de la vida de todas las especies de la Tierra.
Germán Pochet, abogado especialista en derecho ambiental, explicó que la urgencia de ser escuchados por el presidente surge tras no ser atendidas las solicitudes planteadas a los ministros de Agricultura, Renato Alvarado; Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández Mora; y Comercio Exterior, Andrés Valenciano. Este último avala el proyecto.
Las organizaciones mencionan que la ampliación de la zona marítima protegida podría afectar a todas las flotas, ya que las concentraría en un espacio específico, poniendo en riesgo la perdurabilidad de los recursos en el área y, por lo tanto, la sostenibilidad económica y ambiental de la actividad pesquera en el territorio costarricense.
“Nuestra mayor preocupación es que el presidente Carlos Alvarado pretende anunciar mediante decreto ejecutivo la ampliación de ese 30% del espacio marítimo, cuando el país necesita reactivación económica efectiva y reconocer los modelos de conservación con la gente”, señaló Pochet.
Entre las organizaciones que dicen no ser escuchadas por el mandatario se encuentran la Asociación de Palangre Cuajiniquil, la Asociación Marinos de San Luis Puntarenas, la Pastoral de las Gentes del Mar de la Diócesis de Puntarenas, la Asociación de Pescadores Artesanales Mar Nuestro, la Cámara Nacional de Empresas de Productos Pesqueros y Acuícolas.
También están la Cámara Nacional de Industria Palangrera, la Cámara Costarricense de la Industria Atunera, la Cámara de Pescadores Artesanales de Quepos, la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios de Vida, el Colectivo Gentes del Mar, así como la Federación de Empresarios, Pescadores y Molusqueros de Costa Rica.

 

 

 

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Jueves 16 Septiembre, 2021

HORA: 12:00 AM

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