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Nacionales

“Somos el equivalente a la Caja para el Magisterio”

Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema:

Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, conversó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA.

Carlos Arias, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), considera que las posiciones de algunos diputados en torno al proyecto de Ley No.22.179 se basan en el desconocimiento.
Así lo manifestó a Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA, en una conversación en la que busca explicar los alcances de la reforma y el beneficio para los educadores.
Se trata básicamente de la modificación a los artículos 13, 15 y 21 de la Ley No.7531 con el fin de fiscalizar que se cumpla con la cotización para la pensión de los maestros y se abra la posibilidad de invertir el fondo más grande del país en nuevos instrumentos que generen mayores rendimientos.
A continuación, un extracto de la entrevista.
¿Qué se pretende reformar?
-Este es el proyecto de Ley No.22.179, es una reforma a la Ley No.7531 del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional y esto trata básicamente de la reforma a los artículos 13, 15 y 21. En el caso del 13 y el 15 lo que se busca es que Jupema pueda tener las herramientas necesarias para hacer un cobro efectivo. El Régimen de Pensiones de Jupema es el equivalente al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.
¿Cuál es la diferencia?
-Que el IVM es para todas las personas de este país, excepto las que trabajan para el Magisterio Nacional y el Poder Judicial.
¿Cuál es el problema que viene presentándose?
-Cuando cualquier persona en Costa Rica se va a pensionar, cumplió los requisitos, se va a hacer los trámites y le dicen: “Bueno, a usted le faltan cuotas”. La gente dice: “Pero, ¿cómo?”. Es cuando le dicen: “Es que usted no tiene cuotas del 2010 al 2012”, por decir algo, pero el trabajador aduce que las cuotas debieron reportarse. Se hace el estudio y se dan cuenta que el patrono no las declaró. Eso sucede mucho en educación, sobre todo en el caso de los centros privados.
¿Qué han detectado?
-Que los centros privados a veces no declaran las cuotas completas, entonces viene la persona a pensionarse y nos encontramos que le faltan cuotas, no las tiene completas o no se declararon de forma adecuada.
¿El trabajador del sector educación puede verificar que las cuotas estén completas mientras labora para una empresa?
-Claro. Debería hacerlo mientras está trabajando. Hemos hecho campañas inclusive para que la propia persona constantemente vigile que le están declarando correctamente las cuotas. Entonces los artículos 13 y 15 lo que buscan es crear herramientas, las mismas que tiene la Caja. Si uno ve la redacción, prácticamente es un “copy paste” de lo que tiene la Caja para poder cobrar.
¿El proyecto se está conociendo en la Asamblea Legislativa?
-Me parece que no, sin embargo una diputada está mocionando para que esos artículos no tengan ese alcance. Nos parece que eso es un error porque aquí lo que se está defendiendo es la pensión de la gente.
¿Cuál es el objetivo de la legisladora?
-Me parece que pretende que no podamos realizar esa supervisión y control adecuado, tal vez es el pretexto que expone. Además parece que hay un error de entendimiento. Aquí no es puede andar uno con contemplaciones, si alguien está trabajando tiene que declarar a la seguridad social. Esa es la formalidad del régimen que tenemos en Costa Rica.
¿Se encuentran limitados para hacer esa fiscalización?
-El hecho de que hoy no tengamos las herramientas para hacer una supervisión adecuada al final al que está perjudicando es a esa persona que cuando termine de trabajar tendrá problemas si sus patronos no declararon las cuotas adecuadamente. Eso mismo lo hace la Caja.
¿Entonces?
-El argumento es que nos dicen: “Bueno, es que ustedes no tienen las mismas potestades de la Caja”. Sí las tenemos, somos el equivalente a la Caja. Hay un error de concepción muy serio. El primer pilar y la pensión básica no es solo el IVM, es también Jupema.
¿Jupema tiene la capacidad para hacer esa supervisión?
-Sí, claro. Lo hacemos. Tenemos supervisores, lo que pasa es que el alcance de la ley no les permite ir más allá. Por ejemplo, en el caso de la Caja a ellos les permiten revisar estados financieros porque ahí se ve la planilla, pero no solo tiene una afectación en la parte de pensiones, también en la salud, porque si a usted no le declaran el salario que está ganando, no solo no está aportando para su pensión, sino tampoco para su salud.
¿Pierde la Caja?
-Claro porque entonces hay una afectación a la seguridad social de este país. Es decir, si una empresa, sea cual sea, no declara el salario que usted está percibiendo, la afectada es usted, pero al final afecta el patrimonio del país en la parte de salud. Es donde está la parte solidaria, o sea hay una parte que se va a fortalecer, el sistema de salud costarricense. Si la empresa no está declarando lo que es está afectando a la seguridad en general, no solo a su pensión.
¿Qué puede verificar actualmente Jupema?
-Nos hemos valido de estos artículos como para llegar a estas organizaciones y decirles: “Deme la planilla para revisarla”. Como en cualquier organización sucede que hay educadores que dicen: “Vea, a mí no me están declarando”. Hemos encontrado casos de gente que está trabajando y no le declaran.
¿Pueden cerrar un centro educativo?
-No podemos, ni debemos.
¿Y si incumple?
-Eso sería un tema legal. Lo que aspiraríamos es a realizar un proceso para recuperar las cuotas porque si no esa persona se va a ver afectada a la hora de pensionarse. De ninguna manera queremos entorpecer o crear alguna situación del crecimiento libre económico.
¿Cuál sería la sanción si el patrono o centro educativo no está al día?
-La ley establece el cobro de multas.
¿El fondo es más grande que el IVM?
-Somos más grandes que el IVM por las razones que sean. Los estudios dicen que en el caso del IVM hay una deuda del Estado.
¿Quiénes incumplen más? ¿Los centros privados pequeños?
-No precisamente. Existe el caso de un colegio muy reconocido en Heredia que nunca declaró cuotas. Estamos viendo las primeras personas de ahí que vienen a pensionarse y no tienen cuotas. Hemos venido persiguiendo esas cuotas a ver cómo las recuperamos.
Eso es retención indebida. ¿Cómo no se dan cuenta que no hay rebajo?
-A ellos les llega la colilla con el rebajo, pero no se envían a la Caja. Hay gente que ni se fija en la orden patronal. El tema aquí es que al trabajador le rebajan, pero quien tiene que hacer el envío es la empresa.
¿Será que los centros educativos no pueden adecuar los estados financieros?
-Para mí sí.
¿En un caso de estos qué hace la persona? ¿Va al Ministerio Público?
-Tiene que hacer un trámite complicado. El perjuicio es para las personas. Hacemos lo que nos permite la ley ahora y hoy no es tan amplia para hacer lo que debemos.
¿Ese proyecto había sido convocado?
-Sí. El proyecto fue convocado en extraordinarias, llegó a la Comisión de Gobierno y Administración, fue dictaminado positivo y se le quemó el primer día de mociones. Quedó pendiente el segundo día, pero el gobierno desconvocó el proyecto. Lo que nos queda en este periodo de sesiones ordinarias es buscar que se queme el segundo día de mociones y se pase a plenario en primer debate.
¿Quedan muchas mociones por ver?
-En realidad no. De las que han llegado hasta el momento, que ya se suponía estaban por quemar, puede haber unas seis o siete. Hay cuatro que van en la línea de los artículos 13 y 15, que me parece no deberían ser problema porque si el legislador las conoce y entiende que el IVM y el Régimen del Magisterio son equivalentes, entonces debería dar las herramientas para fiscalizar, tal como las del IVM.
¿Y las otras?
-Van en la línea de incluir la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), lo que no entiendo es por qué no está alineada con la legislación costarricense. La Ley del Banco Central delimita con claridad qué es lo que corresponde a la Sugef y qué le corresponde a la Superintendencia de Pensiones (Supen). En este caso en particular, siendo un tema de regulación de pensiones, le corresponde claramente a la Supen. Meter a la Sugef me parece que es un error, pero es una percepción personal. Hay otras mociones en la línea de restringir la inversión en infraestructura.
¿Esa sería la reforma al artículo 21?
-Este es el corazón del proyecto y señala que permitir a Jupema invertir en mercados extranjeros, lo que se permite a todas las operadoras de pensiones, excepto a Jupema, es darle la misma potestad. Ahí me parece que no hay tema tampoco. Lo otro es la posibilidad de inversión en infraestructura de obra pública y privada, aquí es donde hay un razonamiento que sí es innovador. La aversión al cambio es inherente al ser humano, pero aquí el tema es que se está proveyendo todas las posibilidades para mitigar los riesgos y para hacer que la gestión sea efectiva, siempre buscando que no haya un riesgo más allá del permitido.
¿Cómo se manejan los riesgos?
-En la normativa financiera en general se delimita lo que se llama apetito de riesgo, que no es otra cosa que decir hasta dónde usted está dispuesta a arriesgar. Aquí incluimos que todas estas inversiones en general están delimitadas por el apetito de riesgo que asuma la entidad y en Jupema somos conservadores.
¿Cómo está el tema de invertir en infraestructura?
-Este no es un tema nuevo, es un tema viejo. En Australia lo hacen desde hace 30 años, en Canadá desde hace más de 20 y en Estados Unidos tienen un fondo similar al nuestro que no solo invierten en infraestructura, sino en real estate; es decir, compran y venden propiedades.
¿Vio un mensaje que anda por ahí donde comparan a Jupema con Aldesa?
-En el Magisterio hay gente que se dedica a desinformar y tergiversar la información con fines que no conozco. A veces hablan de Jupema y son pensionados de la Caja. Recordemos que en 1992 se dio la posibilidad a la gente para que se pasara a la Caja porque mucha dudaba de que Jupema siguiera adelante, entonces alguna gente entró en pánico y decidió irse para la Caja. Hay gente que nunca ha creído en Jupema que anda pasando esos mensajitos. Lo que no entiendo es por qué se compara a Jupema con Aldesa. Quien escribe eso me parece que no entiende o si entiende lo que quiere es enredar a la gente.
¿La gente teme que pase lo de H Solís o MECO?
-El Fondo de Jupema tiene unos $5.500 millones. Solo el señor de MECO dicen que vale $2.800 millones, quiere decir que es un supernegocio. Entonces no digamos que no hay garantía. ¿Qué negocio más rentable que ese? Todos quisiéramos estar en ese negocio, me refiero a los contratos de obra pública.

EXTRADIRECTO

-    Inspección: Control
-    Régimen de Pensiones del Magisterio: Garantía
-    Proyecto Ley No.22.179: Fortalecimiento
-    Supervisión: Control
-    Títulos de Hacienda: Única posibilidad
-    Rendimientos: Bajos
-    Obra pública: Posibilidad
-    Maestros: Esencia
-    Supen: Control

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Foto: Johanfred Bonilla

EMAIL: [email protected]

Miércoles 04 Agosto, 2021

HORA: 12:00 AM

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