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Nacionales

Estado reclama ¢59 mil millones por caso Cochinilla

Abogados desacreditan monto y dicen que todo es especulación

El Estado reclama ¢59 mil millones por caso Cochinilla. Advierte que es un monto preliminar

¿Cuánto es el daño económico y social estimado por el caso Cochinilla?, ¿Son ¢78 mil millones?, ¿¢45 mil millones?, ¿¢59 mil millones?, ¿¢70 mil millones?, ¿o menos?

Estas son las diferentes cifras que han trascendido desde que estalló el famoso caso el pasado 14 de junio. La Fiscalía ha hablado de un monto probable de ¢78 mil millones, pero ahora la Procuraduría de la Ética Pública habla de ¢45 mil millones para el daño material y ¢13 mil millones para el daño social. 

Así se desprende de la Acción Civil Resarcitoria de la causa 19-25-1218-PE, popularmente conocida como Cochinilla. 

Esta demanda civil se dirige contra 78 personas, entre físicas y jurídicas, tanto funcionarios públicos investigados, como particulares y empresas involucradas.

El detalle no se ha confirmado oficialmente, pero corrobora que los imputados no son únicamente los que han trascendido en la prensa y los datos oficiales proporcionados por el Ministerio Público, si no que habría más personas. 

Con la interposición de la acción civil resarcitoria, el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público.

La Procuraduría aclaró que el monto que se solicita sea resarcido, se estableció de manera prudencial. Lo anterior debido a que el caso se encuentra en una etapa preparatoria. Advirtió que esos montos pueden variar conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía.

 

DAÑO SOCIAL LO PRODUJO EL MISMO ESTADO

 

Consultado sobre el tema, Fernando Apuy, abogado de Carlos Solís Murillo, exgerente de adquisiciones y financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), manifestó que, según su teoría, si hubo un daño social lo cometió el mismo Estado. 

“Se supone que la Procuraduría es el defensor del Estado, pero no incluyen como actores de hechos delictivos a personas que puedan formar parte del Consejo de Gobierno. si se llegara a demostrar que hubo un perjuicio más bien debería venir de un acto de aprobación de la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, que representan al Estado, por eso creo que cualquier daño social se cae cuando quién propicia el daño social sea el mismo Estado”, manifestó. 

A criterio de Apuy, el monto estimado parte de pura “especulación”, pues en caso de haber un perjuicio, aseguró que no pasaría de los $100 mil (¢62 millones). 

“Si parten de la aprobación de presupuestos para el giro y trabajo del Conavi, es pura especulación. Yo no quiero que me pase lo de la trocha que llegaron hasta el director ejecutivo y desestimaron la causa contra los miembros del Consejo de Gobierno”, adujo. 

 

HABLAR DE ¢78 MIL MILLONES O ¢59 MIL MILLONES ES ABSURDO

 

Para Erick Gatgens, abogado de Mélida Solís, no hay elementos suficientes en este momento para establecer un eventual daño. “Me parece que lo más optimo sería esperar porque es una de las grandes discusiones que hay en este momento. Yo cuestionó si es un monto real, no existe claridad de lo que se está discutiendo”, dijo. 

Gatgens señaló que en este momento están en proceso de la revisión de la querella presentada por el abogado del Estado. “Lo del daño social es un rubro muy abstracto, es indeterminado incluso polémico, no hay forma de concretar ese monto y se corre el riesgo de que sea subjetivo”, declaró. 

Para el defensor cuando se habló de ¢78 mil millones era una suma desproporcionada e incorrecta y que todo eso se le hizo ver al Ministerio Público y al Tribunal Penal, algo similar ve con relación a los ¢59 mil millones. 

“No es labor nuestra determinar el monto del daño, quién tiene que hacerlo es el Ministerio Público, pero creemos que no ha sido objetivo, no sabemos cuál es la base para esa determinación tan absurda”, comentó. 

 

NO ES UNA ESTAFA, LAS OBRAS ESTÁN

 

El abogado adujo que las obras viales existen y que están a la vista de todos. “Lo que se ha dicho es que supuestamente H Solís y Meco pagaban dádivas para que les pagaran facturas por trabajos realizados, no era para dinero que no les correspondía. Conavi no paga a tiempo y estas empresas necesitaban flujo de caja, pero eso es diferente a una estafa, estos montos parten de pura especulación”, manifestó Gatgens en el supuesto de que la tesis del Ministerio Público fuera la correcta. 

También cuestionó que el Tribunal Penal pusiera en duda el monto de la caución de su cliente, cuando ni siquiera esta claro el perjuicio patrimonial en este proceso. 

DIARIO EXTRA intentó conocer el criterio de Erick Ramos, abogado de Carlos Cerdas, dueño de Meco, pero no fue posible al cierre de la edición tras llamada hecha a su celular.

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Foto. Randall Sandoval

EMAIL: [email protected]

Jueves 22 Julio, 2021

HORA: 12:00 AM

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