Asesoría Legal a Mujeres
Andrea Muñoz Argüello*
Con motivo de la coyuntura que reviste los efectos de la pandemia por la Covid-19, se hace necesario hablar de los derechos humanos de las mujeres, en especial por los datos que nos dan las instituciones públicas competentes, ante la intensificación de la violencia por razón de género, atribuidos a las medidas de confinamiento, distanciamiento físico y las restricciones de movilidad que provocaron un mayor aislamiento de las féminas de sus redes de apoyo.
El Estado tiene una gran responsabilidad de impulsar medidas que permitan amortiguar y compensar los efectos de la crisis, principalmente ante el evidente deterioro de sus niveles de bienestar y las barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales.
El andamiaje jurídico debe ofrecer a las mujeres el patrocinio legal gratuito, principalmente a aquellas víctimas de violencia de género. Para ello, debemos replicar experiencias exitosas y fortalecerlas, como es el caso de las defensas sociales especializadas, que, bajo el amparo del convenio extinto, suscrito entre el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Poder Judicial de Costa Rica y el Instituto Nacional de la Mujer, se procedió a constituir estos espacios dirigidos a la atención especializada a las mujeres con procesos judiciales, relacionados con la Ley de Penalización de la VcM y otros delitos sexuales.
El apoyo letrado gratuito para mujeres en condición de vulnerabilidad social es un instrumento fundamentado en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, “Convención Cedaw”, Ley N.º 6968, de 02 de febrero de 1984, y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” y la “Convención Belem do Pará”, Ley 7499, de 02 de mayo de 1995, para dar a las mujeres víctimas una garantía de un acceso real a la justicia, de causas asociadas.
En este sentido, es de resaltar la presentación a la corriente legislativa del proyecto de Ley que pretende adicionar al artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de un nuevo inciso ñ); la competencia para dar el sustento legal dentro del quehacer de esta institución autónoma de promover, financiar y suscribir convenios interinstitucionales que impulsen programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito en procesos judiciales a mujeres, expediente legislativo No. 22.375, iniciativa de la Diputada Delgado Orozco, que apenas da sus primeros paso en el trámite legislativo.
El asesoramiento letrado a las mujeres es una responsabilidad estatal y una forma de asegurar el acceso real, efectivo para las mujeres de recibir justicia en la aplicación de la Ley de Penalización de la VcM y de vivir una vida libre de violencia, por lo que esperamos que esta iniciativa de ley avance pronto, en forma positiva en la Asamblea Legislativa porque las mujeres tenemos derecho a un buen vivir.
*Abogada y politóloga
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
EMAIL: [email protected]
Lunes 28 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Andrea Muñoz Argüello*
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