Cuatro recursos de hábeas corpus contra el proceso judicial que se desarrolla en el caso Cochinilla hacen fila en la Sala Constitucional. Esta información la confirmó a DIARIO EXTRA la oficina de comunicación del alto tribunal.
El hábeas corpus es la entidad jurídica que obliga a que los detenidos se presenten en un plazo preventivo determinado ante el juzgado, quien podría ordenar la libertad inmediata del imputado si existe falta de pruebas.
La molestia de los defensores de los imputados se debe a que ya se superaron las 96 horas y hasta la fecha no se resuelve nada con respecto a la posibilidad de establecer medidas cautelares.
Carolina Lizano Salazar, jueza a cargo de la audiencia de medidas cautelares del Juzgado Penal de Hacienda, presentó un recurso de prisión preventiva instrumental, el cual permite que el proceso se extienda por tiempo indefinido.
La funcionaria aplicó el artículo 258 del Código Procesal Penal y señaló que “se dispone ampliar la prisión preventiva de los imputados señalados dentro de la causa penal 19-000025-1218-PE”.
El recurso de prisión preventiva hace que los abogados cuenten con la posibilidad de explicar los alegatos de la defensa técnica de cada uno de los imputados en el caso Cochinilla.
LESIONA DERECHOS HUMANOS
Federico Gutiérrez, abogado de Laura Chaves, de la Unidad Ejecutora del puente binacional Sixaola e imputada en el proceso, comentó a DIARIO EXTRA que ya transcurrió el tiempo duplicado en relación con estos procesos.
Aseguró que algunos defensores consideran se lesionan los derechos de los imputados, por lo que presentan los recursos de hábeas corpus ante la Sala Cuarta.
“Debido a esto y dado que el plazo de 96 horas permitido por la ley ha sido rebasado, entonces algunos defensores consideramos que es importante, así como dictó una medida de prisión preventiva instrumental, se puede dictar una liberación instrumental para aquellos imputados que no se les pida una medida de prisión preventiva”, enfatizó el defensor.
Gutiérrez agregó que la situación normal de un proceso penal implica que el imputado debe conocer su situación jurídica una vez puesto a la orden del juez en el término de 48 horas.
Comentó que cuando existe un proceso de tramitación completa como el actual, considerado como crimen organizado, se puede extender a 96 horas, plazo que venció el sábado.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
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Lunes 21 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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