La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) cuestionó que Costa Rica aún tenga la intención de ocupar un cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se debe recordar que a finales de enero de este año la Cancillería presentó a la magistrada Nancy Hernández para ser jueza de dicho organismo en el periodo 2021-2026.
Las afirmaciones de la agrupación sindical se dan en medio del contexto que atraviesan los gremios con la aprobación de la “ley antihuelgas”, que en estos momentos enfrenta una acción de inconstitucionalidad analiza la Sala IV.
“En este momento el país atraviesa un trance de inseguridad jurídica, de reformas regresivas y de irrespeto a los derechos humanos, propiciada por la clase política tradicional y sus principales partidos: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana”, manifestó Albino Vargas, secretario general de ANEP.
CONTRADICCIÓN
De acuerdo con Vargas, es contradictorio que Costa Rica busque ocupar un cargo como este si está limitando a los trabajadores su derecho a la expresión y a la huelga.
“El Estado costarricense no ha contestado y menos cumplido con varias recomendaciones emitidas por Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, que ha emitido dictámenes de relatores especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial”, añadió.
Incluso hace alusión a la presentación que el representante de la Organización de Naciones Unidas no pudo realizar en la Corte Plena, ya que la gran mayoría de magistrados así lo dispuso.
“¿Con cuánta vergüenza tenemos que soportar que la Corte Plena se negara a recibir a un relator de las Naciones Unidas, quien –posiblemente- se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes?”, cuestionó el sindicalista.
RECLAMO
El gremio hace un llamado a prestar atención a las disposiciones que han aprobado tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo.
“Recientemente se aprobó una ley en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones”, finalizó.
PERIODISTA: Mario Taboada
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Lunes 21 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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