Diario Extra - Manipulan pruebas y ocultan defectos en Garantías Sociales

La constructora MECO en complicidad con la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. (Cacisa) y la firma ITP habría ocultado los defectos en los materiales usados para la construcción del paso a desnivel de las Garantías Sociales, en Zapote.
Así lo indica la orden de allanamiento del caso Cochinilla, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia, donde se menciona una presunta manipulación de datos sobre las pruebas de laboratorio.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio la orden de inicio para que la MECO comenzara a construir el viaducto en las Garantías Sociales el 14 de enero de 2019, cuya fecha de finalización fue el 30 de marzo de 2020, a un costo de $17,6 millones.
Ni siquiera había pasado un año (el 16 de marzo) cuando la ruta debió contar con pasos regulados debido a una filtración de agua en un costado del viaducto.
Recientemente el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) alertó en un informe sobre la calidad del material y el riesgo que existía de un eventual colapso de la estructura si no se le daba el mantenimiento adecuado.

ACCIONES DELICTIVAS

El expediente cita que entre enero y junio de 2020 se habrían desarrollado acciones delictivas en torno al proyecto “Construcción del Paso a Desnivel en intersección Garantías Sociales”.
El documento judicial resume que se sabía que la mezcla asfáltica producida y colocada incumplía con las especificaciones cartelarias e indujeron a error a la administración por medio de la ocultación de los defectos constructivos, calidad y composición de la mezcla asfáltica.
La orden de allanamiento cita que la acción se hizo con el fin de obtener un beneficio patrimonial antijurídico para MECO e ITP con el pago de la obra y evasión de castigos económicos por concepto de incumplimientos contractuales.
“Mediante la entrega de dádivas y promesas de retribución obtuvieron la manipulación de pruebas de laboratorio e inserción de información falsa en los informes de verificación de calidad.
Realizaron mediciones en el proyecto dirigidas y planificadas para generar resultados favorables para MECO.
Además, por sí o interpósita persona, modificaron y consensuaron los datos de los informes finales sobre el tema del IRI y elaboraron un documento de descargo para contrariar el criterio de Lanamme”, resume la orden de allanamiento.

MODUS OPERANDI

El expediente detalla que Luis Fernando Gutiérrez Vargas, gerente industrial de la planta de asfalto de la Uruca-MECO, habría controlado el diseño y la composición de la mezcla asfáltica deficiente a la luz de las exigencias cartelarias.
El documento indica que Marco Salamanca Flores, ingeniero de MECO, y Saúl Zamora Zamora, gerente de calidad de la constructora, avalarían la colocación de la mezcla asfáltica, a sabiendas de que se incumplía con la calidad y la composición.
Agrega que Óscar Martínez Martínez, a cargo del laboratorio de calidad ITP, ocultaría los defectos constructivos y habría promovido la simulación de hechos falsos con el fin de hacer creer que se construyó con las exigencias cartelarias.
“Para lograr tal objetivo, Óscar Martínez Martínez, en asocio directo con Marco Salamanca Flores y Saúl Zamora Zamora, por sí o interpósito persona entregaron dádivas y realizaron promesas de retribución en favor de los técnicos del laboratorio de calidad de Cacisa a cambio de que éstos manipularan las muestras y ensayos e insertaran información falsa y favorable para MECO en los informes de supervisión, que además coincidieran con los resultados de verificación de calidad de ITP”, añade el documento.
La orden de allanamiento expone que los técnicos de laboratorio de Cacisa se encargarían de manipular las muestras y proveer la información falsa.
Tanto Bolaños Salazar como González Carballo se encargarían de autorizar el pago de dádivas o promesas de retribución a los técnicos de laboratorio para que ocultaran los informes.

CONTRATACIÓN DE INFORME

La orden de allanamiento indica que Carlos Jiménez, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), se interesó en el contrato de infraestructura del proyecto Garantías Sociales y al parecer previno a Salamanca Flores, de MECO, sobre el informe del Lanamme.
Al parecer facilitó el informe y advirtió que debían elaborar el descargo para evitar un proceso legal en contra de la empresa.
“Consecuencia el informe generado por el Lanamme y previo aviso de Carlos Jiménez González, los investigados Óscar Martínez Martínez, Marco Salamanca Flores y Abel González Carballo, (…) contrataron por la suma de $2.500 a Luis Guillermo Loría (funcionario suspendido del Lanamme en causa aparte), a fin de que éste elaborara el descargo de dicho informe y desvirtuar así el criterio técnico ahí vertido”, cita el documento judicial.
Los investigados Óscar Martínez Martínez, Marco Salamanca Flores, Sergio Fernández Cerdas y Saúl Zamora Zamora revisaron el informe de Loría con el fin de que tumbara los argumentos de Lanamme que cuestionaron el uso de los materiales.