La diputada socialcristiana Shirley Díaz y tres sindicatos del Poder Judicial solicitan que la fiscala general Emilia Navas Aparicio se separe del cargo como jefa del Ministerio Público.
Cuestionan las inhibiciones de la fiscala general porque su esposo, el abogado Francisco Campos Aguilar, ha sido el representante legal y defensor de empresas que enfrentan procesos judiciales, como es el caso Aldesa.
Ahora se suman MECO y H.Solís, compañías de las que Campos ha sido abogado por más de 20 años. Ambas las investigan en Cochinilla, el mayor caso de corrupción en el país hasta la fecha, donde se habla de una pérdida de recursos públicos por ¢78 mil millones.
Los representantes de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) le enviaron una carta a Navas el 16 de junio, donde le piden que abandone su cargo.
Insisten en que la situación de inhibiciones de Navas (8 en total) pone en entredicho la confianza y la credibilidad del Poder Judicial.
“Es evidente que el inhibirse no soluciona el problema, pues la probidad no está solamente en apartarse, sino en permitir que las políticas de persecución penal sean asépticas, lo cual no es posible si la persona que al fin y al cabo es la jefa de quienes promueven la acción penal (de acuerdo con los principios de Unidad y Dependencia Jerárquica) constantemente se aparta del control, supervisión y dirección de los casos de corrupción que más daño están causando a la sociedad costarricense”, exponen en la misiva.
Agregan: “Otro principio relevante que debe observarse en su importante cargo es el de honor y dignidad. Usted, como representante de la sociedad y del individuo en particular, debe ser consciente de los ideales y obligaciones éticas atinentes al cargo y de la confianza pública depositada en sus manos, para la protección que la Constitución Política y las leyes ofrecen a las víctimas y a los sospechosos, pero, por las razones antes citadas, aunque sus principios éticos y morales se mantengan incólumes, se han generado suspicacias que ponen en tela de duda que esté actuando de conformidad con esos preceptos”.
De igual forma la diputada Díaz cree que la inhibitoria de los casos no es suficiente.
“No es simplemente que se aparte del caso, como ya lo anunció, es que se aparte del puesto en aras de la transparencia del proceso, esto debido al posible conflicto de intereses al ser su esposo Francisco Campos el abogado de las empresas involucradas en la denuncia”, argumentó la socialcristiana.
ES LEGAL, PERO ¿NO MORAL?
La relación familiar de Navas no le prohíbe ejercer el cargo de fiscala general. Es decir, ella no está violando ninguna ley y, por el contrario, debido a esta situación ha procedido a separarse de esos casos, según establecen el Poder Judicial y la ley.
“El tema no es asunto que riña con la legalidad, ella está actuando como lo establece el Código Procesal Penal, se inhibe ante una de las causales que se lo permiten para no viciar de nulidad el proceso.
El asunto es de carácter ético porque aunque ella se separe es la máxima jerarca del Ministerio Público y es la llamada a dirigir estos casos de megacorrupción.
Además la opinión pública estas figuras legales no las entiende, solo ve que algo no está bien y que lo mejor para que el asunto avance y sin desconfiar es que se retire la fiscalía.
Devolver esa imagen de imparcialidad al Ministerio Público y al Poder Judicial es una obligación y ella sabe que dando un paso atrás de manera definitiva eso se puede lograr y tranquilizar el ya agitado ambiente costarricense”, declaró Jorge Cartín, secretario general de Sitrajud.
¿A QUIÉN PONER?
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, dijo que el conflicto de intereses generado es inconveniente y debe terminar, pero se cuestiona ¿si se va Navas, a quién ponemos?
“El que estaba antes no investigaba nada, dejaba pasar todo, entonces ese es el tema. Si se va doña Emilia, ¿qué garantías tenemos que pongan a alguien que investigue y no esté casado con el poder?”, cuestionó el frenteamplista.
Villalta reconoce que el conflicto creado es problemático, ya que en este escenario cualquier empresa o persona cuestionada por la Fiscalía podría definir como estrategia contratar al esposo de Navas para así separarla del caso.
“El temor es que esto sea la costumbre y que los políticos corruptos escogiendo como abogado al señor Campos vean la forma de tener el Ministerio Público debilitado.
Entonces el tema es cómo hacemos para que esta situación no se siga generalizando y una alternativa es que doña Emilia se aparte del cargo o su esposo deje de defender a estas personas”, indicó Villalta.
“Aquí hay un asunto de género porque a las mujeres siempre se les pide sacrificarse por el esposo. ¿Por qué el esposo no puede ser esta vez el que se sacrifique?”, se preguntó el diputado.
En declaraciones que dio el esposo de la fiscala general a Costa Rica Noticias dijo que seguirá al frente de sus labores con estas empresas.
“Yo tanto con MECO como con H.Solís tengo una trayectoria de muchísimos años, 20 años de ser abogado de ellos, lo mismo que con Javier Chaves, de Aldesa, y no voy a dejar botados a mis clientes porque Emilia ocupa un cargo”, consignó Campos, según este medio.
Este jueves Navas dio una conferencia virtual, en la que garantiza la transparencia de su labor y descartó la renuncia a su cargo.
Recordó que en la Fiscalía existe suficiente personal para llevar a cabo las investigaciones y dijo que las personas deben sentirse tranquilas porque a pesar de sus inhibiciones los casos se investigan y no se engavetan.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 18 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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