Más de 3.000 familias que habitan en zonas costeras y millas fronterizas, terrenos que según la ley son de dominio público y muchos Patrimonio Natural del Estado, siguen sin tener una solución definitiva a la inseguridad jurídica en que se encuentran sus propiedades.
Muchas de estas poblaciones quedaron “atrapadas” por la adopción de una ley, en otros casos el evento sucedió mediante la publicación de un decreto ejecutivo que determinó la creación de algún área silvestre protegida o la afectación se originó por sentencias judiciales.
Para estas personas que llevan muchos años, incluso generaciones, viviendo en estas tierras regresa la amenaza de que sus casas sean demolidas y tengan que abandonar esas zonas, ya que el próximo 28 de junio se vence la moratoria que el Congreso aprobó en 2019 para evitar los desalojos.
Estas familias viven en una incertidumbre, ya que, a pesar de las moratorias, que es hasta ahora la única solución que les ofrecen los gobiernos de turno, no pueden arreglar o ampliar sus viviendas y tienen serias dificultades para obtener créditos hipotecarios, entre otros problemas.
LEY DUA
Los actuales diputados incluso conformaron una comisión especial para conocer esta problemática y discuten un proyecto (expediente 22.391) denominado: “Ley para la gestión y regularización del Patrimonio Natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA)”.
Esta es una propuesta que impulsa la administración Alvarado Quesada y fue presentada en febrero de este año.
La llamada Ley DUA en principio busca dar seguridad jurídica a estas poblaciones sin detrimento de las áreas protegidas, entregando una especie de “certificados ambientales” por un plazo de 40 años que puede ser prorrogable.
Se aplicaría a las familias que demuestren tener como mínimo 10 años de habitar en estas zonas siempre y cuando no sean reservas biológicas ni parques nacionales.
Melvin Núñez Piña, legislador del Partido Restauración Nacional e integrante de dicha comisión, señaló que le parece muy “fantasioso” incluir a todas las zonas en una misma ley, entendiendo que todas tienen características y realidades muy diferentes.
Además, se cuestiona que las personas que ya viven ahí, incluso con tierras y bienes heredados, se conviertan en arrendatarios, donde tengan que pagar cánones para explotar el uso de los suelos.
Ya la Contraloría General de la República emitió un criterio rechazando el proyecto, aduciendo una “serie de carencias, inconsistencias y deficiencias”.
El liberacionista David Gourzong, quien preside la Comisión de Zonas Costeras y Fronterizas, indicó que el proyecto DUA no va para ningún lado así como está y no resuelve la situación de estos ciudadanos.
NUEVO PLAZO
El gobierno y los parlamentarios están por conocer y aprobar un nuevo plazo de moratoria que en principio se quería hacer por cuatro años, pero se dejaría en dos.
Se trata del expediente 22.309 que presentó Nidia Céspedes, del bloque independiente Nueva República.
“Están en riesgo más de 3.000 familias y el proyecto de ley DUA no está listo, es un adefesio, necesitamos hacer la prórroga para que estas familias no queden indefensas”, comentó Céspedes.
En principio los diputados lograron negociar con el Ejecutivo para que el expediente de esta nueva moratoria sea convocado y se le aplique una moción de dispensa de trámite con el fin de ser conocido en el Plenario antes del plazo.
• Bernard Archerd Moore:
“Nos quieren echar de nuestra propia tierra”
Bernard Archerd Moore es un limonense que toda su vida ha vivido a la orilla del mar en Cahuita, al igual que su padre. Su abuelo vino de África y murió en las costas de Cahuita. Actualmente él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Habitantes Costeros.
Insiste en que es falso llamar a estas familias como usurpadoras y si existen algunos sería el caso de 1 de cada 100. El resto son familias que han vivido por décadas y como en su caso por varias generaciones en esas tierras.
Recuerda que la actual ley vigente de 1977 es la que habla de la restricción de los 50 metros y donde se indica que si había tierras en manos privadas debía recuperarse por vía de la expropiación e indemnización.
“Durante 40 años el Estado no hizo nada, ni siquiera un catastro de la zona marítima terrestre y vienen ahora a decir que nosotros somos precaristas y estamos usurpando las áreas del Estado”, afirmó.
“Los actuales gobernantes no quieren reconocer el pasado y actuar como si nada existía antes, y es el problema que tenemos. Nos quieren echar de nuestra propia tierra, cómo nos van a señalar de precaristas, es una ignorancia de la historia”, agregó.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Fotos: Cortesía
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Lunes 14 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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