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Nacionales

“Somos más agresivos en la investigación de la corrupción”

Walter Espinoza, director general del OIJ:

(De izq. a der.) Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra; Walter Espinoza, director general del OIJ; y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA

En las últimas semanas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha informado sobre la detención de agentes que estarían vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con Walter Espinoza, director general de ese cuerpo policial, este tipo de casos siempre han existido, pero actualmente son más contundentes en las pesquisas por asuntos de corrupción a nivel interno.

Ese tema, el comportamiento del narcotráfico en el país y el incremento en las actividades delictivas a nivel nacional son algunos de los aspectos que Espinoza conversó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA.

A continuación, la entrevista.

 

¿Durante los últimos meses los delitos comunes se han incrementado?

-La tendencia durante los periodos de pandemia ha sido a la baja si lo comparamos con 2019, sin embargo en los últimos meses se nota un incremento y estamos volviendo a los valores que manteníamos en 2019. La disminución obedeció fundamentalmente a las restricciones de movilización y que hubo menos posibilidades de contacto entre personas, menos posibilidad de aglomeración, restricción en el transporte y turismo.

¿En cuanto a homicidios cuáles son las cifras?

-Al 3 de junio teníamos 247 casos reportados contra 234 en 2020; es decir, 13 más. Alrededor del 70% se relaciona con armas de fuego y una cifra similar se vincula con ajustes de cuentas, venganzas o actividades entre grupos que se dedican al narcomenudeo. Esa es la constante, hay un aumento y probablemente terminando el año se va a mantener más o menos en los mismos términos que en 2020. Es importante señalar que el nivel de resolución del OIJ es bastante alto, más del 70%. Es satisfactorio si lo comparamos con Honduras, México y otros países, donde las tasas son del 5% y el 15%.

¿Sobre el narcotráfico cómo se ha transformado en nuestro país?

-El problema del narcotráfico es que genera mucho dinero y es un negocio de tal naturaleza que quienes están vinculados no lo abandonan nunca. Un kilo de cocaína vale aproximadamente $1.000 en Colombia y en Costa Rica $7 mil, entonces la ganancia es enorme. Si llega a Europa cada uno cuesta entre $30 mil y $40 mil. Además esa droga para ser consumida hay que mezclarla, entonces cuando se vende al menudeo obtienen una ganancia impresionante. El narco es una estructura de pensamiento comercial y empresarial, toman decisiones dirigidas a maximizar ganancias.

¿Cómo definen a quién investigan por delitos relacionados con drogas?

-Todas las delegaciones del país tienen orden expresa de la dirección de abordar casos de crimen organizado en cualquier manifestación, sobre todo narcotráfico. Los datos en principio son hipotéticos, cada una nos dice si identificaron organizaciones, pero además tienen que decir desde la perspectiva presuntiva quiénes las integran y el modo de operar. No solo tenemos que identificarlas, sino también llevar pruebas de lo que está pasando. Eso no es fácil porque entre más organizada sea la estructura, menos contacto hay entre las partes gerenciales del grupo y la droga.

¿Si algunas bandas ya están identificadas por qué no las detienen? 

-El problema es conseguir prueba, que es sometida a un juicio. Nuestro sistema es muy particular. Por ejemplo, al Chapo Guzmán lo juzgaron en cuestión de tres meses, ese juicio aquí duraría como cuatro años porque la perspectiva de ellos es diferente y tienen lo que denominan conspiración. Esto permite castigar a las personas por la intención de ejecutar, en nuestro país nos exigen demostrar el contacto de determinada cantidad de droga con un hecho o una persona y eso es más difícil.

¿Qué papel juega Costa Rica en el narcotráfico?

-Somos un lugar que por las características geográficas es muy útil para enviar droga, sobre todo a Norteamérica y Europa. Además somos un país relativamente tranquilo, eso hace que las organizaciones vuelvan los ojos a nuestro territorio. En los últimos años lo que ha sucedido es que algunos de estos grupos contaminan los contenedores porque así reducen riesgos y minimizan gastos. La mayoría de las incautaciones que ocurren en Europa no implica conocimiento del exportador, ahí es donde surge el tema de corrupción que ahora se ve en áreas aduanales, portuarias y sector transporte.

¿Cómo augura el futuro en cuanto a este tema?

-La situación del país tiende a complicarse, al igual que en la región. Estamos viviendo una crisis económica y social muy profunda en toda América Latina. En el OIJ vamos diagnosticando incluso lo que va a pasar postpandemia. Cuántas generaciones salieron del sistema educativo, cuántos menores dejaron de acudir a la escuela, cómo vamos a recuperar eso, qué va a suceder con ellos en los próximos años, qué van a hacer, a qué se van a enfrentar, en qué van a trabajar. Esto va a ser terrible. Esa es la otra cara del narcotráfico, que requiere un abordaje importante porque si no el país se va a caer y la situación va a ser cada vez más difícil.

¿Cómo han incursionado las bandas ticas en el mercado narco europeo?

-Hemos hecho casos con las policías italiana, francesa y alemana que nos permiten decir que sí hay vínculos y contactos muy fuertes. Lo que pasa es que la estructura del narcotráfico opera por segmentos y una vez que la droga está en Europa, el grupo criminal costarricense se desvincula. Muchos tienen representantes de ventas de esas mismas organizaciones en Europa que vienen a nuestro país, hablan de precios, establecen rutas, cantidades y sitios donde se va a recibir la droga porque a fin de cuentas es una estructura comercial como cualquier empresa.

¿Qué nos dice sobre los agentes vinculados a bandas criminales?

-Hay una realidad muy clara: entre más dinero hay en el mundo del comercio hay más posibilidades de que alguien quiera comprar conciencias y tener influencias para que la actividad empresarial se desarrolle de la mejor manera. Eso implica acercarse a cualquier estamento que de alguna manera pueda favorecerlos, como el segmento de la aplicación de la ley, la posibilidad de saber si los están investigando, que les brinden alertas o permitan consultas. Es una parte importante de la estructura y ante tanto dinero en eso se está invirtiendo.

¿Qué hace el OIJ para evitarlo?

-El tema con esto es bien complicado porque, por ejemplo, a los últimos que detuvimos desde hace meses sabíamos que estaban en el lado oscuro de la fuerza y debemos mantenerlos ahí para que la investigación se desarrolle. Mi opinión es que esto siempre ha existido, lo que sucede es que últimamente somos más agresivos en la investigación de la corrupción y hemos afilado un poco más las armas a lo interno. Cualquier factor de sospecha lo investigamos de manera agresiva e incluso más grosera que cuando se trata de un tercero.

¿Por qué algunas zonas del país están en abandono en cuanto a presencia policial?

-Una de las áreas más abandonadas para nosotros es Puerto Jiménez, pero es que no tenemos gente. Muchos pensarán que en el OIJ somos un montón, pero somos cerca de 1.250 investigadores; si se divide por kilómetros cuadrados, a cada uno le corresponden 5 y por población le toca como 5 mil habitantes. El asunto es que trabajamos 24 horas, 365 días, entonces se tiene diferentes turnos y la cantidad es pequeña. En el Sur tenemos aproximadamente 32 personas que atienden Jiménez, Golfito, San Vito y Buenos Aires.

¿Cómo está el tema de la saturación en celdas judiciales?

-Los tiempos de espera se han extendido mucho, tanto así que presentamos recursos a la Sala Constitucional dos o tres veces por semana. Los centros penales están llenos, tienen poco personal, hay una cárcel que tiene espacio y está recién construida, pero no tienen policías para tener personas ahí, entonces no los pueden ubicar. Eso provoca que en las celdas del OIJ cada vez haya más gente. El problema es que nunca se diseñaron para que las personas se queden ahí, ni siquiera para que duerman.

¿Respecto a la Ley de Bienestar Animal cómo les ha ido?

-La mayoría de las denuncias tiene que ver con animales domésticos. Hemos tenido que exhumar animales. El problema es que debe ser igual que con un ser humano, entonces la gente no entiende que eso quita muchos recursos. Por ejemplo, recibimos una denuncia en Alajuelita, San José, que fue muy mediática hace dos años de un sujeto violó una perra y la enterró. Tuvimos que buscar dónde la enterraron, llevar el equipo de trabajo, procesar el sitio, sacar el cuerpo, buscar quién hiciera la necropsia y eso nos quita tiempo.

¿Qué opina sobre la ley que pretende aprobar el uso del cáñamo?

-Debo reconocer que no manejo el tema, pero eso se presta para que además se simule con marihuana. Al final en eso va a terminar. La gente dice que a Uruguay le ha ido muy bien, pero si se revisa el nivel de consumo interno creció, las incautaciones policiales de marihuana también y las actividades al margen de la ley. Habrá que ver qué pasa. El problema es que probar esas cosas en la realidad puede dejar muchos heridos y muertes. Ante la posibilidad de que eso pase en el OIJ estamos diseñando un sistema que nos permita distinguir científicamente entre marihuana y cáñamo porque eso no es tan fácil.

¿Qué ha pasado con “Diablo” y por qué aún no lo capturan?

-Con este sujeto hay una circunstancia muy particular. Las últimas informaciones que tenemos de él son que no está en nuestro territorio y su rastreo, que generalmente lo hacíamos en redes sociales, dejó de mostrarse en noviembre de 2020. Hay actividades que son compatibles con el modo de operación del grupo, pero él no aparece. Incluso hay alguna sospecha que no esté vivo porque no hay ningún referente ni aparece. Antes era usual que grabara audios y los pusiera en las redes, pero hace muchos meses que no.

¿Cómo se comportan las organizaciones criminales en Limón?

-El narcotráfico se mantiene. Las organizaciones criminales van aprendiendo de la experiencia y la historia, van perfilándose, pero no se muestran tanto como otros reconocidos líderes que ya están en prisión o fallecidos. La actividad a la que casi todos se dedican es a traer marihuana de Jamaica. Esa droga se consume mucho en nuestro país. La jamaiquina tiene alto nivel de elementos activos y se comercializa de manera muy sencilla. Ellos la cambian por armas de fuego, cocaína o llevan dinero en efectivo y eso ha hecho surgir muchos grupos en Limón.

¿Qué está pasando en La Cruz, Guanacaste, en cuanto a homicidios?

-En La Cruz se reportan más de siete homicidios, lo que es una cifra importante que supera mucho la registrada en 2020. La mayoría de esos homicidios tiene vínculo con ajuste de cuentas y relaciones que se dan entre traficantes internos. Esa zona es muy complicada desde el punto de vista de probidad. Es de difícil acceso para el OIJ y sucede que la frontera no existe, para ellos cometer un hecho criminal en Nicaragua o Costa Rica es lo mismo.

Es una zona de conflicto por el contrabando de mercaderías, migración, tráfico de drogas y por todo lo que las fronteras naturalmente generan.

¿Cuál es el interés de los grupos criminales al incursionar en la compra y tenencia de ganado?

-Ellos buscan cualquier método para legitimar capitales, generalmente es comprando bienes muebles e inmuebles, pero el ganado tiene la ventaja que es difícil darle seguimiento y trazabilidad. Esto significa que cuando se compra una cantidad con dinero ilegal, ya con eso lo insertan en el sistema financiero. Algunos se ponen de acuerdo con otra persona y a los días el ganado lo venden y les vuelven a pagar, así pueden ir intercambiándolo toda la vida porque el ganado no se registra como un carro. A fin de cuentas el lavado es darle visualización de legalidad a un dinero que realmente no la tiene.

PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora

CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley

EMAIL: [email protected]

Lunes 14 Junio, 2021

HORA: 12:00 AM

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