Diario Extra - Meten detenidos en gimnasio y juez ordena desalojo

Ante la grave situación en celdas judiciales por la sobrepoblación de privados de libertad, Viviana Boza, viceministra de Justicia y Paz, ordenó trasladar a al menos 100 de estas personas al gimnasio de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en San Rafael de Alajuela.
Sin embargo horas después en el Juzgado de Ejecución de la Pena alajuelense ordenaron desalojar y reubicar a los detenidos en un plazo de tres días, pues los habrían ingresado a ese recinto sin autorización judicial.
“Se abstengan de ingresar personas privadas de libertad no residentes en dicha UAI Reinaldo Villalobos que sobrepase la capacidad reglamentaria. Al director de la UAI y la jefatura nacional de unidades de atención integral dentro del mismo término remitir informes según lo requerido por la defensa pública y en particular sobre el cumplimiento del desalojo y reubicación de las 100 personas”, se lee en el por tanto.

ALEGAN PROTOCOLOS

Ante esta situación en Justicia y Paz aseguraron que emitieron el documento MJP-DM-356-2021 al Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela para explicar el porqué de esos traslados.
Explican que los retrasos en la asignación de centros penales a las personas que permanecen detenidas en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se debe a que deben cumplir los protocolos preventivos contra el Covid-19, lo que termina generando un retraso en los ingresos.
Entre los argumentos que exponen está el aislamiento por 14 días a los que deben someter cada persona, a esto se suman las órdenes de cierre impuestas por juzgados de ejecución de la pena, las órdenes de la Sala Constitucional de recibir detenidos en un plazo no mayor a 48 horas y las órdenes sanitarias por casos positivos de Covid-19 en las cárceles.
“El grupo fue ubicado temporalmente en el gimnasio, espacio que se acondicionó para tales efectos y que se encuentra alejado del resto de privados de libertad del penal; este centro penitenciario no posee hacinamiento, sino que, por el contrario, se encuentra un 13% por debajo de su capacidad real; es decir, posee espacios carcelarios disponibles”, detallaron.
Añadieron que esa medida es parte de los movimientos hechos durante esta semana por la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) para ubicar en el sistema penitenciario al 75% de los privados de libertad que estaban en celdas judiciales.

PIDEN USAR INSTALACIONES

Al respecto Fiorella Salazar Rojas, ministra de Justicia y Paz, aseguró que los ingresos de privados de libertad no se han detenido, sino que ha disminuido la velocidad del proceso ante la necesidad de cumplir con los 14 días de aislamiento, así como las normativas del Ministerio de Salud y el área médica del Ministerio de Justicia y Paz.
Explica que la aplicación de dichas medidas provoca precisamente el retraso en el recibimiento de los nuevos ingresos y asegura que se genera un embudo en la entrada al sistema penitenciario nacional.
Debido a esto hizo un llamado para que no se les impida utilizar la infraestructura con que cuentan para los aislamientos, principalmente donde no hay hacinamiento.
“Solicitamos respetuosamente la colaboración de los jueces de la República para que la logística de ambas entidades funcione acorde con esta nueva realidad y en conjunto sigamos trabajando para darles las condiciones adecuadas a esta población”, añadió.