Un estudio realizado por Shirley Benavides y José Francisco Pacheco, economistas de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), el cual presentó el Consejo Nacional de Rectores, revela que el ahorro estimado por el Ministerio de Planificación (Mideplan) en caso de aprobarse el proyecto Ley Marco de Empleo Público sería mucho menor.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, dijo en abril que la estimación de ahorro con esta polémica iniciativa de ley que se discute en el Congreso sería de un 0,70% del Producto Interno Bruto (PIB) en el Gobierno central durante el primer año de implementación, es decir ¢243 mil millones.
Pero la UNA afirma que la cifra sería mucho menor y según el análisis de los expertos, tomando como base las condiciones prevalecientes en 2020, así como el PIB estimado por el Banco Central de Costa Rica para ese mismo periodo, el ahorro estimado proveniente de los tres componentes ascendería a ¢51.494 millones durante el primer año de aplicación de la ley. Este monto equivaldría al 0.14% del PIB.
Es decir, es una diferencia de más de ¢191.000 millones.
DIFERENCIAS
Los especialistas de la UNA sustentaron su análisis en la Encuesta Nacional de Hogares 2020 e hicieron los cálculos tomando como referencia el salario bruto mensual por ocupación y los trabajadores proyectados en la variable “Sector Institucional del Empleo Principal”.
A partir de lo anterior, los investigadores desarrollaron un modelo que aproxima a los efectos reales sobre el gasto público por el proyecto de ley.
Se consideraron en el análisis tres componentes de ahorro producto de la iniciativa: Componente A: sustitución de funcionarios pensionados por trabajadores nuevos que serían pagados bajo esquema de salario global. Componente B: ahorros por contratación de nuevos funcionarios que ingresan al Gobierno central bajo la modalidad de salario único. Componente C: ahorros por congelamiento salarial de funcionarios cuya remuneración actual se ubique por encima del salario global.
“Ante los resultados del estudio surge el cuestionamiento a las proyecciones hechas por el Gobierno, parece que se están incluyendo los efectos de otras legislaciones ya aprobadas con anterioridad (Ley No.9635) y que no corresponden de manera directa a este proyecto de Ley Marco de Empleo Público”, concluyen los economistas.
USO DE FUENTES DIFERENTES
Al consultar sobre el tema a la ministra Garrido dijo que las diferencias se deben al uso de fuentes diferentes.
“Se utilizó como fuente de datos la Encuesta Nacional de Hogares, mientras que en el caso del Mideplan se utilizaron registros administrativos”, expresó.
Pero la funcionaria, más allá de las diferencias, resalta que al fin las universidades están reconociendo que la ley genera un impacto positivo en las finanzas del país.
“Es muy lamentable ver cómo las universidades públicas, que conocen de primera mano la situación macroeconómica y fiscal del país, han buscado diferentes argumentos para rehuir una ley que estandarice y ordene las remuneraciones del sector público, lo cual sería de beneficio para la sostenibilidad de sus propias finanzas y para la calidad de la educación superior.
No obstante, algo positivo de esta última intervención -a pesar de los problemas de origen de usar como fundamento un instrumento estadístico pensado para otro fin distinto a las remuneraciones públicas, y salvando las distancias en términos de los ahorros reportados- es que reafirman una conclusión de Mideplan, la cual se refiere a que efectivamente la Ley Marco de Empleo Público tendrá un impacto positivo para las finanzas públicas.
Ello es un avance significativo con respecto a posiciones iniciales de las universidades de total rechazo y cuestionamiento sobre un impacto económico real de la ley”, declaró Garrido a DIARIO EXTRA.
RESPUESTA DEL MIDEPLAN AL ESTUDIO
En el caso de la estimación de la UNA se utilizó como fuente de datos la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), mientras que en el caso del Mideplan se utilizaron registros administrativos.
Si bien el ejercicio de la UNA se fundamenta en datos de una encuesta nacional que está sólidamente construida para sus respectivos propósitos; en el caso de los salarios del sector público puede presentar algunas diferencias con respecto a los datos administrativos, por las siguientes razones: la Enaho es una encuesta diseñada para marcos muestrales de viviendas, según los límites geográficos claramente definidos, los cuales buscan tener una adecuada representatividad a nivel de región de planificación por zona urbana y rural.
Como se puede notar, la distribución de viviendas no se realiza dependiendo del lugar donde trabajen los miembros de las familias, es decir, no se trata de una muestra especialmente construida para determinar los salarios de funcionarios públicos. Como en toda encuesta que consulte acerca de los ingresos, las personas normalmente tienden a subestimarlos, sobre todo en los estratos más altos, lo que sesga los salarios promedio.
Las estimaciones del Mideplan se realizaron con la información disponible sobre remuneraciones y características de las personas servidoras públicas, no estimaciones sin significancia estadística a partir de datos de una encuesta cuyo fin último no es medir remuneraciones de un sector institucional específico.
Las estimaciones del ejercicio de la UNA no integran los efectos de la regla fiscal sobre las remuneraciones del sector público, las del Mideplan sí.
Las estimaciones del Mideplan fueron compartidas y validadas por el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 12 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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