El Juzgado Penal de Pococí, Limón, ordenó dejar sin efecto las medidas cautelares que le habían impuesto a una familia que fue detenida como sospechosa de los delitos de administración fraudulenta, fraudes y legitimación de capitales.
La captura de este núcleo familiar la realizaron los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en diciembre de 2020 tras nueve allanamientos en Cariari, Guápiles y Santa Ana, San José. Las incursiones también incluyeron el Bar Lux, una barbería, un lavacar, una tienda de decoración para carros y una casa de empeños en Pococí.
El día de los operativos el Ministerio Público informó que eran seis las personas detenidas; uno de ellos el supuesto líder apellidado Gutiérrez Víctor, dos hermanos de él, su esposa de apellidos Rodríguez Rodríguez, su mamá Víctor Garro y otro sujeto Gutiérrez Avilés.
Posterior a las detenciones les impusieron medidas cautelares entre las que se incluye arresto domiciliario con monitoreo electrónico e impedimento de salida del país por seis meses. Sin embargo, el martes 8 de junio un juez ordenó el cese de las mismas, así como la devolución de algunos bienes que les fueron incautados en los allanamientos.
La información la confirmaron en la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes, donde detallaron que, pese a lo anterior, la causa contra ellos se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba.
“En cuanto a las medidas cautelares, este despacho confirmó que fueron dejadas sin efecto por parte del Juzgado Penal, respecto a todos los imputados del caso. La Fiscalía indicó que algunos bienes fueron devueltos y otros continúan inmovilizados”, explicaron y aseguraron que no era posible revelar cuáles bienes les regresaron.
Agregaron que el caso, investigado mediante el expediente 20-011534-0042-PE, se encuentra en una etapa privada, por lo cual no podían revelar mayores detalles en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
Por otra parte, en la oficina de prensa del Poder Judicial se consultó a qué se debía a revocatoria de las medidas, si fue por el vencimiento del plazo o por alguna apelación presentada por los imputados, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
EL CASO
Según detallaron en el Ministerio Público, aparentemente esta familia habría estado actuando desde 2016 bajo la dirección de Gutiérrez. Mediante las pesquisas hechas establecieron que en apariencia en ese año habría estafado al Banco Popular tras solicitar un préstamo con documentos que serían falsos y con esto habría recibido ¢15 millones.
Posteriormente en 2017, al parecer, ideó un plan para estafar una compañía dedicada a la venta de insumos médicos, para la cual laboraba y de esa manera se sospecha que obtuvo $27.900.
Otros de los hechos ocurrieron durante 2020. Aparentemente el sospechoso tenía a cargo el manejo, administración y cuido de los bienes que pertenecen a otra empresa dedicada a la venta de dispositivos médicos.
“Presuntamente, el imputado aprovechó su puesto para variar los gastos y, en apariencia, logró desviar los dineros de esta compañía, lo que habría causado un perjuicio económico de casi $7.500.000. A partir de estos dineros, los cuales fueron obtenidos, al parecer, de manera irregular, el imputado entró en posesión de terrenos, condominios, sodas, aproximadamente 30 carros, un lavacar y una casa de empeños”, detallaron.
En cuanto a los otros miembros de la familia, explicaron que supuestamente tenían la función de testaferros, pues ponían las propiedades a sus nombres con el fin de evitar sospechas.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Jueves 10 Junio, 2021
HORA: 12:00 AM
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