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Nacionales

Polémica por inclusión de Uccaep en Fondo de Avales

Albino y Villalta objetan rol en proyecto de ley

  • José María Villalta y Albino Vargas cuestionan la forma en que se administrará el Fondo

 

 

 

El líder sindical Albino Vargas y el diputado José María Villalta cuestionan que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), así como la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) tengan un rol protagónico en las decisiones que tome el Fondo Nacional de Avales, iniciativa que busca entregar recursos públicos a empresas y personas afectadas por la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.
Esta iniciativa de ley fue impulsada por el Gobierno, pero lleva más de un año en discusión en el Congreso sin lograr aún un acuerdo definitivo.
En la Comisión de Hacendarios se acogió de forma unánime un nuevo texto del proyecto, sumado a que en el Plenario se aprobó en primer debate un crédito internacional con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que daría sustento económico al fondo con $270 millones, poco más de ¢166.000 millones.
Según el nuevo texto se crearía un consejo rector que tendría la administración del Fondo.
El artículo 7 del plan indica que será el ministro de Hacienda o el viceministro de Egresos quien lo presida, pero además contará con dos integrantes más que deberá escoger el Consejo de Gobierno.
“Estos dos miembros externos de reconocida honorabilidad, preparación académica, y experiencia en materia bancaria, financiera y empresarial, que serán nombrados por el Consejo de Gobierno, a partir de dos ternas públicas que le serán presentadas, por la Uccaep la primera y la segunda por la Oficina del Consumidor Financiero, las cuales deberán respetar el criterio de equidad de género”, indica el texto.
Es decir, un miembro de ese consejo rector saldría de la Uccaep y el otro de la Oficina del Consumidor Financiero, que es una entidad privada que surge del seno de la ABC, otra entidad privada, la cual agrupa a los 3 bancos públicos y los 11 privados del país.
El consejo rector tiene entre sus funciones: determinar y aprobar la comisión por el uso de los avales y definir el monto máximo de avales por cartera, cliente o grupo de interés económico conforme al cálculo de pérdida esperada por grupo homogéneo de riesgo.
La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, quien preside la comisión, explicó que fue Hacienda y el Gobierno quienes solicitaron la conformación de este consejo rector.

PROYECTO A LA MEDIDA

Para el sindicalista Vargas parece que se está conformando un proyecto de ley para un sector reducido, pero a su criterio la pandemia los ha hecho más ricos.
“Nos preocupa que lo maneje la Unión de Cámaras que es un ente privado y no representa los intereses de las pequeñas y medianas empresas del país, pero también meter a la ABC es desgraciar las buenas intenciones del Fondo de Avales, ya que va a pasar lo mismo que con la Banca para el Desarrollo, es decir la plata se guarda, se pondrán miles de requisitos para hacer uso de esos recursos, de forma tal que al final de cuentas los grandotes corporativos serán los que tendrán acceso a esa plata”, indicó el líder sindical.
De la misma forma el frenteamplista Villalta criticó que el gobierno de Carlos Alvarado está renunciando a dirigir la política pública y el manejo de fondos públicos.
“El Fondo de Avales es una política muy importante para apoyar a las pequeñas empresas golpeadas por la crisis y se va a financiar con fondos públicos que vamos a pagar todos los costarricenses a través del endeudamiento del Estado, entonces debería ser manejado por las instituciones públicas, por lo que es inaudito que hagan un consejo rector donde se les da más poder a actores privados para tomar decisiones de cómo se van a manejar esos recursos”, enfatizó Villalta.
Para el legislador lo que sería normal es que se les consulte a estos actores privados, pero jamás ponerlos a dirigir cómo distribuir recursos públicos.
“El riesgo de meter a la Uccaep y a la ABC es que se les dé prioridad a los grupos económicos más vinculados a estos gremios y no a quienes más lo necesitan, como las pymes que muchas veces no tienen voz”, indicó el congresista.

PYMES PRIORIDAD

Ahora bien, el proyecto define en su artículo 3 -cuando habla de la distribución de los recursos- como prioridad las empresas que caben dentro de la definición de pequeñas y medianas.
Textualmente indica: “El intermediario financiero distribuirá los recursos de acuerdo con las siguientes reglas: hasta un 20% para personas físicas o jurídicas que empleen más de 100 personas trabajadoras. Al menos un 40% para las personas físicas o jurídicas que empleen 30 o menos personas trabajadoras. La proporción restante para las empresas que empleen entre 31 y 100 personas trabajadoras”.
Villalta apuntó que presentará mociones para revertir esta situación y garantizar que los recursos vayan a quienes más los necesitan, como son las pymes, y evitar que se concentren en una argolla o sólo empresas más grandes.

 

 

 

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: Fotos: Archivo

EMAIL: [email protected]

Jueves 10 Junio, 2021

HORA: 12:00 AM

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