Lunes 21, Junio 2021

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° San José, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Alajuela, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Cartago, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Heredia, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Limón, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Guanacaste, CR

  • Pronóstico del tiempo

    ° / ° Puntarenas, CR


Opinión

Escándalo de la UPAD: vergüenza nacional que no puede quedar en impunidad

Floria Segreda Sagot*

El pasado 2 de junio, treinta y dos diputados y diputadas aprobamos en el Plenario Legislativo el informe de mayoría de la Comisión que investigó el escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), una vergüenza nacional que no debe quedar en la impunidad.

Estamos, sin duda alguna, ante uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Costa Rica, gestado y desplegados desde la misma Casa Presidencial. La conformación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos es una violación seguridad e intimidad de los costarricenses, sí una violación porque no podemos llamarla de otra manera. La UPAD fue creada con alevosía y operó en la clandestinidad durante muchos meses.

La operación de esta oficina puso en riesgo la información sensible y detallada de toda la población, porque de todos es conocido y quedó más que demostrado que se manipularon los datos privados, que estuvieron expuestos sin el consentimiento de nadie.

Con el pretexto de hacer política pública, el Ejecutivo hizo uso de esta información sensible que fue manipulada irresponsablemente por personas no autorizadas y lo peor de todo es que a la fecha no se sabe dónde están resguardados los datos de los costarricenses, qué uso se les dio y si se les siguen manipulando. La UPAD lo que hizo fue actuar en la oscuridad, sin marco normativo y a puro pulso político, fuera de cualquier control y supervisión.

 

Todo lo anterior no podía derivar en otra cosa que no fuera en una investigación exhaustiva, responsable e imparcial, producto de esa necesidad nació la Comisión Investigadora de la UPAD que fue conformada en febrero del año anterior y de la que tuve el honor de formar parte.

El escándalo de la UPAD fue una vergüenza nacional que no puede quedar en la impunidad.

En la Comisión investigamos responsable y diligentemente todo lo relacionado con este polémico decreto, en el largo proceso nos entrevistamos con todos los involucrados que una y otra vez se negaron a contestar nuestras preguntas, manteniendo un vergonzoso y comprometedor silencio, ante las dudas de todo el país, país que estaba a la espera de respuestas, pero los comparecientes se burlaron del pueblo al que juraron servirle con lealtad y responsabilidad, todo con el afán de proteger al autor intelectual de la UPAD.

El escándalo de la UPAD es un hecho bochornoso que obliga a sentar responsabilidades.

Además, en la Comisión, conocimos el criterio de especialistas en materia de análisis de datos y resguardo de información que nos proveyeron de un panorama más amplio y que a su vez nos confirmaron la delicadeza de esta situación.

Lo sucedido en ese caso no es un tema menor, aunque algunos intentaron por todos los medios que lo viéramos así. Bajándole el tono a lo que, repito, es junto con el famoso caso del “Cementazo” uno de los mayores escándalos en la historia de nuestra democracia orquestados por los gobiernos PAC.

El escándalo de la UPAD nos indigna a todos y obliga a que los responsables enfrenten las consecuencias.

El informe de mayoría, presentado y aprobado por el Plenario concluyó que la cuestionada oficina solicitó, en nombre del Presidente Alvarado, datos sensibles y confidenciales.

Asimismo, se estableció que esta operaba desde 2018, analizando información de manera clandestina mucho tiempo antes de la firma del decreto. De la misma manera se evidenció que el Ministerio de la Presidencia tuvo conocimiento y participación en todo el proceso de conformación y ejecución.

También se demostró que no hubo ningún protocolo de seguridad para el tratamiento de la información confidencial de las y los costarricenses. La investigación realizada señala al Presidente de la República como responsable de esta iniciativa, fue él quien giró instrucciones a sus asesores y a los funcionarios involucrados, así quedó demostrado en la prueba documental y en las declaraciones de los comparecientes.

Es importante destacar que el decreto se firmó, pese a la desaprobación del Mideplan y que no contó con la revisión de los expertos del Departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencia. Ese decreto ignoró los criterios técnicos y violentó principios de nuestra Carta Magna, era improcedente jurídicamente y contrario al ordenamiento jurídico del país. Sin ninguna duda, podemos afirmar que el mismo era inconstitucional.

Solicitamos a la Fiscalía investigar por vía penal a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, por el delito de perjurio, y al ministro de Seguridad, a Elizabeth Mora, directora de la Prodhab, por el incumplimiento de sus deberes y a María Fullmen, exdirectora del IMAS por su relación con el traslado de información desde Sinerube a Casa Presidencial.

También pedimos que se continúen las investigaciones al Presidente de la República, ya que una vez concluida nuestra investigación, nos queda claro que fue el presidente Carlos Alvarado quien emitió el decreto con el que se creó la UPAD, al exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora y a Luis Daniel Soto, exasesor de Casa Presidencial.

El escándalo de la UPAD no solo marcó a esta Administración, sino a un país que se siente vulnerado y burlado por un gobierno que actuó con cinismo e irresponsabilidad. 

 

*Diputada Restauración Nacional

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Jueves 10 Junio, 2021

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Floria Segreda Sagot*

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

ÚLTIMA HORA