Mario Carazo Zeledón, directivo del Banco Nacional de Costa Rica, comparó una nueva dependencia del gobierno con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Se trata de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas, que recopila información a través de la Directriz 102-MP.
Para el directivo la unidad en cuestión es parecida a la UPAD desde el punto de vista estructural. “Entendámonos en ese sentido porque es importante tenerlo presente, pero yo quisiera llamar la atención también sobre el hecho de que dentro de esas facultades que señala el decreto se avizora una ilegalidad muy grande, que es el hecho de que se incorpora dentro de la Directriz 102-MP a las instituciones autónomas”, indicó.
Además considera que todas estas directrices tal como se establecen son de orden puramente administrativo y por lo tanto no son pertinentes para el banco.
“Puede hablarse en temas de gobierno, pero no en temas de administración. Entonces yo nada más lo que quiero es manifestar mi inconformidad con esa carta”, expresó.
Este se refiere a una nota enviada por Carlos Elizondo Vargas, secretario del Consejo de Gobierno y jefe de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas.
En esta se insta al Conglomerado Financiero Banco Nacional a mantener la trayectoria actual de incremento en su cumplimiento de las disposiciones de transparencia y divulgación de información derivada de dicha directriz.
La molestia de Carazo Zeledón se hizo latente en una de las sesiones de la junta directiva del BNCR, según se hizo de conocimiento de DIARIO EXTRA.
¿QUÉ PLANTEA?
La Directriz 102-MP, de abril de 2018, establece que la información bajo control o custodia de las empresas públicas del Estado, sus subsidiarias e instituciones autónomas es pública y no podrá ser reservada o limitada, sino por disposición constitucional o legal.
Se dice que las entidades están obligadas a suministrarla y que las entidades deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo.
En cuanto a la confidencialidad, las entidades podrán emitir y harán de conocimiento público si hubiera una política dentro de la institución, en la cual se motive de manera clara y explícita por qué no pueden revelar la información. Advierte que estos supuestos deberán considerarse excepciones y no reglas.
Una parte de los datos que se recopilan se publica cada año en el informe de empresas del Estado por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica.
ÁMBITO DE COBERTURA
Las empresas a la sombra de esta directriz son Banco de Costa Rica (BCR), Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
Además de Instituto Nacional de Seguros (INS), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Junta de Protección Social (JPS), Correos de Costa Rica S.A., Editorial Costa Rica, Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (Sinart), y Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.
TAMBIÉN LAS AUTÓNOMAS
De igual modo, esta directriz rige para Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Banco Central de Costa Rica (BCCR), Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) e Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
También están sujetas Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) e Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Así como Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Junta de Desarrollo de la Zona Sur (Judesur), Patronato Nacional de Ciegos (Panaci), Patronato Nacional de Infancia (PANI) y Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
¿CÓMO NACE LA UNIDAD?
Nace al amparo del Decreto No.40696-MP, publicado en octubre de 2017, para coordinar con las instituciones autónomas y las empresas estatales una política de divulgación de información pública, que a su vez sirva para la toma de decisiones.
• Es una instancia asesora permanente que depende directamente de la Presidencia de la República y el Consejo de Gobierno.
• Se encarga de dar soporte técnico al Consejo de Gobierno en la definición e implementación de procedimientos para la selección y nombramiento de directivos de las empresas públicas e instituciones autónomas.
• Cuenta con la obligada colaboración de otros servidores públicos a los que se les requiera información o análisis de información en razón de sus especialidades y competencias.
• Esta unidad también deberá cumplir con todas aquellas funciones que le asigne el Consejo de Gobierno.
Fuente. Decreto No.40696-MP.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Martes 11 Mayo, 2021
HORA: 12:00 AM
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