La Red Internacional de Profesionales en Seguridad Capítulo Costa Rica (Renapseg) rechaza una reforma que un grupo de diputados con el respaldo del Gobierno impulsan a la Ley 8.395 que regula a las empresas de seguridad privada en el país, alegando que el proyecto no se construyó tomando en consideración a todas las partes y solo busca favorecer a un grupo selecto de empresas del sector.
De acuerdo con Neftalí Rojas Rivera, subdirector ejecutivo de Renapseg, esta propuesta de ley que fue presentada en noviembre anterior con el expediente 22.330, ni siquiera toma en consideración a los agentes de seguridad privada
Situación que según Rojas ha sido la constante, ya que ni la Ley 8.395, ni la reforma propuesta considera a los agentes de seguridad privada como actores del proceso. Recordó que la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que establece el reglamento de la Ley, no tiene un representante de los agentes, solo de las empresas y delegados del gobierno.
Esta Red ha venido analizando el proyecto de ley con consulta a expertos y otros actores. Consideran que la iniciativa debe desecharse y proponen que se conforme una comisión integral que analice las verdaderas reformas que ocupa esta ley.
“Nos dimos cuenta que esa modificación no beneficia al sector, es más un interés solapado de proteger el estatus quo de las 24 empresas de seguridad privada que le trabajan al gobierno y han impuesto las políticas en esta materia”, afirmó Rojas.
“Ellos fueron los que diseñaron el proyecto con los asesores de los diputados. Incluso hay un impuesto nuevo, en esa iniciativa, donde incluyen un canon para que las empresas puedan funcionar, lo que es una carga más para los pequeños emprendedores y lo que hará es eliminarlos, privilegiando a esas 24 empresas que mantienen su monopolio con el Estado”, agregó el representante de la Red.
DESARMAR A LOS AGENTES
Uno de los énfasis que incluye el proyecto es en la limitación de armas para estas empresas.
“Las empresas que estén debidamente inscritas solo podrán tener una cantidad de armas equivalente al 40% de sus agentes. El Departamento de Armas y Explosivos deberá verificar la cantidad de agentes inscritos por empresa, y establecerá el límite de armas y no podrá inscribir nuevas armas a menos que renueven su arsenal, siempre que se mantengan dentro del límite establecido”, indica el texto.
“Ellos manejan una tendencia internacional donde buscan mostrarse como un gobierno en contra del uso de las armas, pero lo hacen de manera desordenada, poco analizada, ni siquiera han consultado al Colegio de Criminólogos de Costa Rica. Ellos han desarmado las empresas de seguridad privada con el resultado que han muerto los agentes”, apuntó Rojas.
Insiste que no hay una política de desarme ordenada, que camine junto a un plan de acción que proteja la integridad física en el caso de un ataque armado a un agente de seguridad privada, por eso rechazan esa posición.
“Estamos de acuerdo en que los puestos donde no se ocupe el arma, no se use pero que se manejen las medidas para garantizar la vida de los agentes”, enfatizó.
Esta organización también cuestiona que en el proyecto se plantee multas a faltas leves que se cobrarían al salario de los agentes de seguridad privada.
“Estos son aspectos que no entendemos cómo fueron incluidos que incluso van en contra del Código Procesal Laboral, pero quieren institucionalizarlas abusando del buen desempeño de los agentes”, indicó Rojas.
Renapseg mantiene abierta una campaña para que los afectados por esta reforma sumen su firma de forma virtual o presencial ingresando al enlace https://www.change.org/NoalExpediente22330. A la fecha suman casi 500 firmas.
Según estimaciones de esta Red, en nuestro país al 31 de enero del 2020 se registran 726 empresas de seguridad privada dedicadas a varias modalidades de servicio, así como 28.976 agentes de seguridad privados, y 24.352 armas inscritas a nombre de estas; ello sin contemplar las empresas y servicios de seguridad privados que se mantienen en la ilegalidad y por tal razón constituyen una cifra oculta difícil de manejar.
Este proyecto no ha sido convocado en las sesiones extraordinarias.
SEÑALAMIENTOS
¿Qué cuestiona Renapseg?
- Que la ley actual contiene una serie de debilidades en cuanto a los procedimientos de inscripción de empresas, al perfil profesional y las atribuciones de los agentes de seguridad privada y auxiliares de las policías.
- Que los esquemas sancionatorios son laxos y sin seguimiento eficientes en lo administrativo.
- Que los controles internos que establecen las empresas sobre las armas de fuego, sean deficientes y la causa que fortalezca el arsenal delincuencial pues, las modificaciones en la ley 7.530 y su reglamento han permitido una mejora sustancial, que sin duda con una eficiente supervisión y control se podrá blindar aún más.
- La normativa actual sea la que permita un mercado informal, pues es claro que quien no cumple los requisitos estará en categoría de empresa ilegal, lo que ya está legalizado no puede ser informal, más bien; es el modelo de supervisión y control que plantea la ley lo que debemos cambiar.
- Se ignoraron temas trascendentales para la mejoría de la industria en la identidad del agente de seguridad privada y sus atribuciones.
- El estudio fue superficial en los límites que presenta la legislación con relación a los estándares internacionales.
- Que no se consultó ni al 50% de los actores de la industria pues la firma un representativo de menos del 5%, alejándose de los principios democráticos que deben caracterizar estos procesos legislativos que afectan a tantas personas.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: (Foto: Mauricio Aguilar. Con fines ilustrativos)
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Martes 11 Mayo, 2021
HORA: 12:00 AM
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