Diario Extra - Abogado del BCR recomendó hacer pago de más a gerente

El gerente corporativo jurídico del Banco de Costa Rica (BCR), Manfred Sáenz, recomendó el pago de más que se le hizo al gerente general de la entidad financiera, Douglas Soto, que terminó en un depósito erróneo de ¢200 millones, mismo que ya fue devuelto.
Así consta en el Artículo XIX de setiembre del año 2015 y que fue declarado “confidencial” por parte del banco, a cuya información tuvo acceso DIARIO EXTRA.
Según este documento, Sáenz habría tomado como referencia un criterio de la Procuraduría General de la República para hacer la recomendación en cuestión.
“Yo lo que hago es repetir lo que la Procuraduría dice, y que en este caso es que en virtud del principio de indemnidad salarial, el que hemos hablado, inclusive la semana anterior, que vimos esquemas de remuneración, si un funcionario se encontraba desempeñando la posición, aunque sea interinamente, aunque sea a un mes de la vigencia de la Ley 9.635 (en este caso, lo del mes sobra), pero hay que decirlo así, ellos lo ponen, a ese funcionario si se le nombra en propiedad no se le puede rebajar el salario que venía devengando antes; eso es lo que en resumen nos viene a decir el dictamen de la Procuraduría”, señaló el gerente jurídico del BCR.
Posteriormente, dijo que a la administración del banco le correspondía decidir porque el abogado del Estado no asesoraba sobre casos concretos, solo da criterios generales.
“Por lo anterior, me permití hacer esta nota de presentación y hacer mi recomendación, porque lo que dijo la Procuraduría aplica para el caso de don Douglas, ya que él estaba designado interinamente, desde febrero del 2018; y se le nombró en propiedad en febrero del 2019 y se le habían hecho ajustes a la baja del salario, entonces, conforme al dictamen (de la Procuraduría) lo que procede es devolverlo al salario que estaba recibiendo, cuando fue designado interinamente”, indicó Sáenz.
Agregó: “Así las cosas, la respetuosa recomendación que hago en la nota es que de conformidad con lo que la misma Junta dispuso, instruir a la Capital Humano para que proceda a hacer el reajuste y reconocer las diferencias que es lo que procede, conforme lo señala la Procuraduría General de la República”.
JUNTA ACOGE RECOMENDACIÓN

Es en esa misma sesión que la junta directiva acuerda acoger la recomendación planteada por la Gerencia Corporativa Jurídica para que, con fundamento en el criterio de la Procuraduría General y en aplicación del principio de indemnidad salarial, instruir a la Gerencia Corporativa de Capital Humano ajustar el salario del gerente general al monto que recibía originalmente desde su designación temporal.
Además, para que se le reconozca y paguen a dicho funcionario las diferencias que haya dejado de percibir desde su nombramiento en firme hasta la fecha, y que concomitantemente se hagan los ajustes necesarios en aquellos extremos laborales que pudieron ser afectados con ocasión de la rebaja salarial que como medida prudencial en su momento se tomó.
LA REVERSIÓN

Posteriormente, en enero de 2021, la misma junta directiva ordena a la Gerencia Corporativa de Capital Humano del BCR revertir todo pago, ajuste, pago de cargas sociales y cualquier otro rubro que se genere producto del desembolso incorrecto (impuesto de renta, ahorros, entre otros) que se hubiere realizado al gerente general Douglas Soto, por cualquier monto superior de los ¢9.541.569.
Además, se advierte a la Gerencia Corporativa de Capital Humano que, en adelante, cualquier cambio o ajuste a los salarios de los funcionarios debe pasar por la aprobación expresa de la junta con el detalle específico de los montos y sus justificaciones.

¿ERAN ¢9 MILLONES
Y NO ¢17 MILLONES?

Según el documento, la Auditoría General Corporativa, en su función de advertencia, hizo del conocimiento de la junta directiva del BCR, a través del presidente Néstor Solís, que la Gerencia Corporativa de Capital Humano y la Gerencia Corporativa Jurídica interpretaron que el salario del gerente general, al que debía regresar, era el del nombramiento interino ya vencido desde el 2 de octubre del 2018, o sea un total de ¢17.718.221 en lugar de los ¢9.541.569 que determinó un decreto presidencial.
De igual modo, declaran confidencial también este acuerdo, así como la documentación de soporte, bajo el argumento de que el tema discutido se relaciona con asuntos estratégicos y de uso restringido, de conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública.