Si la Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley que impulsa la liberacionista Yorleny León, al menos 30.000 familias en condición de pobreza podrían obtener los recursos para comprar lotes donde habitan en situación irregular.
La legisladora explicó que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) no puede avanzar en la titulación de 9.311 propiedades de su pertenencia porque las familias beneficiarias no cuentan con los recursos para pagar ese trámite.
El expediente 22.496, redactado conjuntamente entre León y el ente de bien social, propone que por un plazo máximo de 10 años se asignen recursos del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda para financiar la venta de estos inmuebles a las personas ocupantes.
La verdiblanca dijo que la inversión es necesaria, ya que el INVU cuenta en la actualidad con un registro de 9.311 propiedades para ser tituladas bajo las modalidades que se gestionan (venta, adjudicación, decreto y área pública); es decir, cerca del 90% de los inmuebles de su propiedad se encuentran identificados como casos de titulación.
Estos casos se han acumulado por décadas, ya que en su mayoría la población meta que se atiende se compone de familias de escasos recursos económicos que viven en condición de pobreza y pobreza extrema.
Para calificar como beneficiarios las personas deben encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según la Ficha de Inclusión Social generada a partir del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), o bien contar con un estudio socioeconómico vigente que demuestre la viabilidad de acceder al subsidio.
“Tomando en consideración esa cantidad de fincas que están pendientes de titular, y ponderando una composición de 4 personas por núcleo familiar, además de que existen familias numerosas con más de 5 miembros, y que en muchos casos habitan hasta dos o tres familias por lote, la cantidad total de personas que pueden llegar a beneficiarse con el proyecto supera las 30 mil, incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de hogar”, señala el proyecto de ley.
“El no contar con un título de vivienda se convierte en una limitante para que estas poblaciones puedan acceder a programas sociales, ya que no llegan a cumplir con el requisito de ser propietarios registrales del inmueble en el que habitan”, comentó León.
La propuesta de ley establece que los recursos podrán utilizarse únicamente para el pago de gastos asociados a la gestión administrativa de la contratación por parte de terceros, elaboración de planos de catastro, gastos de conformación del expediente del caso, avalúo del inmueble, honorarios de notario, gastos legales (timbres) y estudios socioeconómicos.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 08 Mayo, 2021
HORA: 12:00 AM
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