Este martes y de forma unánime, el Congreso aprobó en primer debate el expediente 21.546, una reforma a la Ley General de Contratación Pública, que busca renovar todo el sistema compras públicas con base en el ahorro, la transparencia y la simplificación de trámites en aras de satisfacer las necesidades institucionales en materia de obras, bienes y servicios.
Estimaciones de la Contraloría General de la República apuntan que, al digitalizar los procedimientos para la adquisición de obras, bienes y servicios públicos, el Estado podría ahorrarse cerca del 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir poco más de ¢541 mil millones.
La iniciativa aprobada tuvo el impulso de la liberacionista Ana Lucía Delgado, quien resaltó que lo que se busca es aplicar un cambio estructural en los procesos de compra que hacen las instituciones del Estado.
“Estamos en presencia de una verdadera reforma de Estado que tendrá profundas implicaciones tanto para la dinámica institucional como para la calidad de vida de todas las personas, potenciando y mejorando sustancialmente el funcionamiento de la institucionalidad costarricense para los años venideros”, señaló Delgado.
PROCESO
El proyecto establece un solo régimen de contratación pública, el cual deberá realizarse a través del sistema digital unificado, logrando maximizar la transparencia en cada una de las etapas del ciclo de contratación.
De acuerdo con estudios económicos sobre el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aumentar la contratación pública puede generar importantes ahorros fiscales.
“La contratación electrónica y las compras centralizadas son herramientas valiosas para mejorar la eficiencia del gasto público”, señala el informe.
La iniciativa contempla la simplificación de trámites para la gestión de las compras públicas mediante solo tres tipos de procedimientos ordinarios (licitación mayor, licitación menor y licitación reducida).
Asimismo, se logra optimizar el régimen recursivo para brindar mayor eficiencia y seguridad jurídica a los operadores. Además, el proyecto se sustenta en una adecuada, eficiente y oportuna planificación por parte de las instituciones. Se concibe la contratación pública como un mecanismo estratégico de desarrollo y se incorporan cláusulas sociales, ambientales y de innovación. De igual manera, se regula la participación de las Pymes buscando su posicionamiento y potenciando el desarrollo regional.
“No se trata de una reforma integral a la Ley de Contratación Administrativa, sino de un nuevo proyecto, de una nueva visión, de un cambio de paradigma en las compras públicas. Esta Asamblea Legislativa tiene ante sí la oportunidad histórica de heredar una herramienta normativa que potencie el funcionamiento del Estado para los próximos años. No tengo duda que sabremos culminar con éxito este reto en beneficio del país”, enfatizó la legisladora.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 21 Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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