El proyecto de empleo público podría estar violentando la Constitución Política, según la visión que tienen en la actualidad las universidades públicas.
Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) consideró que tanto este proyecto como la implementación de la regla fiscal estarían golpeando la autonomía que la Carta Magna les da a los centros de educación superior.
Arias Camacho conversó con Iary Gómez, gerente general de los medios del Grupo EXTRA y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA.
Aquí un extracto de la entrevista.
¿Cómo se conforma la comisión que busca homologar las categorías ocupacionales en las universidades?
-El 22 de febrero, los rectores en Conare convocamos a los consejos universitarios de las cinco universidades públicas, donde también estuvieron las federaciones de estudiantes y planteamos abordar un proceso para contar con un proyecto de empleo universitario. Finalmente llegamos a un acuerdo que firmamos los cinco rectores y que contó con el respaldo de los consejos para iniciar el camino hacia la conformación de un estatuto de empleo universitario.
¿Qué tan conveniente para el país es implementar esas acciones?
-Creemos que es conveniente y necesario homologar la condición de las clases ocupacionales y políticas salariales entre todas las universidades para que respondan a la realidad nacional y la condición que requieren las universidades, porque no se puede pensar que es exactamente igual en todas las instituciones públicas. Por ejemplo, el mismo proyecto de empleo público tiene familias de instituciones, una de educación superior que, en el mundo, no solo en Costa Rica, tienen características salariales distintas porque en el área académica los sistemas salariales se basan fuertemente en el mérito.
¿Esto lo hacen para que no los incluyan en el proyecto de empleo público?
-Lo hacemos porque creemos que dentro de las variedades que existen y en las condiciones económicas para los próximos años es conveniente que avancemos hacia esa homologación porque hoy tenemos estructuras salariales que responden a diferentes momentos históricos de cada universidad. Ahora bien, en la ley de empleo público consideramos que es absolutamente inconstitucional incluir a las universidades públicas. No creemos que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación ni la Dirección General del Servicio Civil tengan que meter mano en la definición de estos elementos dentro de las universidades. Ahora bien, partiendo de que es necesario homologar las estructuras salariales, creemos que debemos hacerlo nosotros y lo hacemos en el ejercicio responsable de la autonomía, encargándole a este grupo de representantes de las universidades avanzar con una propuesta antes de finalizar este año.
¿Cuáles plazos se definieron para implementar los procesos?
-Damos un plazo de este año pese a que el proyecto que lleva adelante la Asamblea Legislativa establece 24 meses para su implementación. Lo hacemos en el marco de la discusión de empleo público, donde creemos que las universidades no pueden estar constitucionalmente bajo ninguna dirección de entidades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo hacemos como una muestra de que también estamos conscientes de la situación país y en tomar medidas similares dentro de las universidades, pero diseñadas por nosotros mismos.
¿Por qué para ustedes es inconstitucional la inclusión de las universidades?
-La Constitución Política en los artículos 84, 85 y 87 desarrollan todos estos elementos que determinan el ámbito de la autonomía se ha venido desarrollando a lo largo de tantos años. Para que las universidades cumplan la función que la Constitución Política les asigna generar y compartir conocimiento, así como promover propuestas. Las universidades no pueden estar supeditadas a estructuras de gobierno ni permitir que la política partidaria tenga injerencia en el desempeño de las instituciones. Dichosamente los constituyentes del año 1949 fueron visionarios en cuanto a lo que deberían brindar las universidades.
¿Cuánto ayuda a la equiparación de las estructuras salariales?
-Aquí no podríamos obviar eso, porque es una característica que se tiene en las estructuras salariales de las universidades para propiciar la investigación, la generación y publicación de conocimientos que se relacionan con sistemas de méritos dentro de las instituciones universitarias. Se definió que en el plazo de este año vamos a contar con el documento elaborado para que entre en el proceso de la aprobación de la estructura de Conare y de las universidades. Se definió que estaría constituida por una gran comisión, con representantes de cada universidad y un personal de apoyo del Conare. Trabajarán ahí personas del área de recursos humanos, el director financiero, la jefatura jurídica y una parte de planificación. Hay que homologar todos los aspectos vinculados con el empleo universitario público en nuestro país.
¿Cuántas diferencias prevalecen en cada universidad?
-Hay diferencias salariales que se han dado a partir de distintas razones a lo largo del tiempo. Hemos visto publicaciones recientemente donde sacan los promedios salariales de todas las universidades porque han respondido a diferentes contextos históricos. Lo que pasa es que hoy tenemos un contexto diferente que justifica avanzar hacia una homologación, pero a lo largo de la historia han existido diferentes circunstancias vinculadas con la creación de universidades y con algunos factores externos que han venido a influir la estructura salarial.
¿Qué tipo de adelantos se realizaron con base en este proyecto?
-Se definió que cada universidad delegara a sus representantes para la Comisión. Paralelamente, las jefaturas de recursos humanos en coordinación con Conare para ir definiendo el contenido de todos los temas que se deben abordar en este proceso, porque hay una multiplicidad de temas que tienen que irse viendo poco a poco. La meta es contar con una propuesta para este año.
¿Qué ventajas tiene la administración al homologar los esquemas?
-Desde el punto de vista de que siendo el mismo financiamiento para todas las universidades hay iguales sistemas de retribución para todas las instituciones. Por otro lado, son sistemas que al definir la estructura ocupacional y la política salarial que respondan a una realidad en el contexto de las universidades que permitan tener salarios competitivos, pero normales, no excesivos, que puedan venirse a producir por diversas razones de manera distinta entre las diferentes universidades. Es una señal de responsabilidad y compromiso con la austeridad, así como con la sostenibilidad financiera en el largo plazo, porque todos los elementos deben tomarse en cuenta a la hora de definir las variables que homologarían la estructura salarial para el futuro.
¿Cuál es el rol fundamental del FEES?
-El FEES está ampliamente desarrollado en el artículo 85 de la Constitución Política e incluso dice cómo se calcula. Tenemos una discusión de eso con el recorte que hicieron los diputados en el 2018 y que la misma Procuraduría estableció que los diputados no tenían la capacidad de recortar el FEES porque respondía a un proceso constitucional. La Procuraduría tiene esa tesis al recurso que nosotros presentamos en su momento. En las mismas discusiones que se dieron en la Asamblea Constituyente dice que después de haberse puesto de acuerdo con la importancia de que la autonomía universitaria quede contenida dentro del texto de la Constitución Política, también deben avanzar para que la seguridad del financiamiento quede también contenida dentro del texto de la Carta Magna para que la universidad, en el cumplimiento de sus deberes, no esté supeditada a los intereses de un ministerio en general y la política no pueda entrometerse en su funcionamiento.
¿Qué le dice a la gente que piensa que las universidades son repúblicas independientes e intocables?
-Esa es una concepción que existe en bastantes sectores de la sociedad y responde a diferentes razones, una de ellas es el mismo concepto de autonomía universitaria que es difícil de explicar. Se convierte en un tema complicado de explicar desde el punto de vista que la universidad pueda cumplir con todas sus acciones. Eso es difícil de darlo a conocer. Las mismas universidades hemos pecado de no estar divulgando constantemente lo que hacemos, entonces se desconoce el valor público de las universidades para el desarrollo de la sociedad que va más allá de entregar títulos y desarrollar proyectos de investigación. No somos repúblicas independientes, estamos regidos con lo que establece la Constitución Política.
¿Qué piensan de los comentarios donde afirman que los rectores están peleando para que no les toquen el salario?
-Le diría a toda esa gente que hay mucha desinformación, también algunos medios se han encargado de posicionar esas ideas. Hemos aceptado que en algunas más que en otras pudo haberse dado excesos en un momento determinado, pero ya se pusieron un par de frenos hace unos años, lo que pasa es que son situaciones que ya estaban consolidadas y en algún momento se extinguirán. Es importante avanzar en el proyecto de homologar nuestra estructura ocupacional.
¿Qué implicaciones tiene la aplicación de la regla fiscal?
-Nosotros como universidades partimos de que la ley no incluye a las universidades. El título cuarto de la ley sobre la responsabilidad fiscal no menciona a las universidades No obstante, por disposición propia estamos cumpliendo la regla fiscal.
¿En el caso de la UNED o en general?
-Todas las universidades estamos cumpliendo con la regla fiscal por acuerdo propio, pese a que consideramos que no se debe aplicar, pues es negativa para los intereses del país.
¿Por qué razones?
-Veamos el caso de la UNED. Costa Rica necesita aumentar la cobertura de estudios universitarios y que haya más gente que pueda regresar a estudios universitarios. Hay una demanda creciente, el último informe del Estado de la Educación, menciona que se agrandó la brecha de la población que realiza estudios universitarios entre los países de la OCDE, en nuestro país esa brecha es cada vez más grande. Necesitamos aumentar las utilidades de la educación universitaria. Aunque pudiéramos traer más recursos no podemos utilizarlos porque la regla fiscal no lo permite. Estamos con una regla que juega en contra del país.
EXTRADIRECTO
UNED: Cobertura nacional
Becas: Oportunidad
Empleo público: Oportunidad de mejora
Constituyentes: Construcción de la sociedad
Esquema de salarios: Referencia para mejorar
Competitividad: Requisito indispensable
Homologación de puestos: Compromiso
Universidades: Conciencia lúcida
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Fotos: Mauricio Aguilar
EMAIL: [email protected]
Miércoles 21 Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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