Diario Extra - Colombiano asesinado tenía 1 año de vivir en C.R.

El colombiano Jaminton Valencia Cuesta, quien fue asesinado a balazos en la Uruca, San José, tenía más de un año viviendo en Costa Rica, según confirmaron las autoridades judiciales.
La lluvia de plomo contra el extranjero le llegó mientras viajaba como cliente en un taxi informal de una plataforma. El vehículo era marca Changan, estilo Eado XT, color gris, modelo 2015 y con las placas BGQ-494, las cuales pertenecen a la madre del chofer apellidado Salazar de 31 años.
De acuerdo con el OIJ, Valencia de 35 años iba en el asiento del acompañante y metros después de la rotonda Juan Pablo II, mientras esperaban a que el semáforo se pusiera en verde, se acercaron dos sujetos en una motocicleta quienes les dispararon para luego escapar.
Producto del ataque armado el cafetero murió dentro del automotor ya que recibió gran cantidad de balazos, mientras que al conductor se le trasladó con tres balazos al Hospital México donde continuaba recuperándose.
En el OIJ detallaron que el colombiano era vecino de San Pablo, Heredia, por lo que no se descarta que al momento del tiroteo hubiera contratado el servicio de transporte privado para movilizarse hasta su vivienda.
DIARIO EXTRA supo que, en apariencia, Valencia había sido pasado por delitos relacionados con drogas.
LLEGÓ EN ENERO

Según explicaron en el OIJ, el hoy fallecido ingresó a Costa Rica a principios de 2020, además, tal y como lo informó El Periódico de El Pueblo, durante su estadía en territorio costarricense realizó el trámite como solicitante de refugio.
Al momento en que las autoridades revisaron la documentación de la víctima ubicaron un carné provisional el cual indicaba que este trámite lo hizo en febrero del año pasado y según señala la fecha de vencimiento expiraba en febrero de 2021.
Precisamente, en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmaron que Valencia ingresó al país el 28 de enero de 2020, sin embargo, detallaron que no podían revelar información acerca de la solicitud de refugio.
“Según la resolución de la Sala Constitucional Nº 2017012926 se colige la imposibilidad para los funcionarios de la DGME, de brindar información que pueda poner en peligro datos sensibles o el contenido de un expediente de solicitud de reconocimiento de refugio, tanto en su etapa de estudio como después de ser resuelta la petición. El revelar ese tipo de información podría traer para el servidor público responsabilidad disciplinaria, administrativa y penal”, explicaron.
Consultados si una persona con antecedentes, como los que aparentemente tenía Valencia, puede solicitar refugio en nuestro país, en la DGME manifestaron que eso no es un impedimento para optar por dicho trámite.
“A pesar de cualquier tipo de investigación o condena, esas situaciones no afectan el derecho de que la persona plantee una solicitud de refugio. Eso no significa que se le vaya a aprobar”, acotaron.

OTRO CASO

Cabe recordar que a principios de febrero anterior las autoridades judiciales atendieron el homicidio de otro colombiano en Cinco Esquinas de Tibás, San José, el cual ocurrió en circunstancias similares.
En esa ocasión la víctima fue Edinson Riascos, quien tenía 44 años y ocho horas antes de que lo mataran había llegado al país costarricense procedente de Colombia, allá vivía en San Buenaventura, Cali.
En ese momento en la Policía Judicial informaron que Riascos conducía un carro marca Hyundai junto a una nicaragüense que lo acompañaba, cuando se les acercó una motocicleta con dos sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron.
En la balacera Riascos recibió 11 disparos que le arrebataron la vida, siendo que debido a esto perdió el control del vehículo y se incrustó en un minisúper, en tanto la femenina que lo acompañaba sobrevivió.