Los funcionarios públicos podrán rechazar capacitaciones obligatorias, siempre y cuando aleguen que estas vulneran sus convicciones religiosas, éticas y morales.
Así está plasmado en el artículo 24 inciso g del expediente del proyecto Ley Marco de Empleo Público, que los diputados construyen en el plenario.
La moción la presentó Jonathan Prendas, diputado del bloque independiente Nueva República, y se acogió en primera instancia en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se dictaminó el texto preliminar.
Este miércoles la oficialista Paola Vega presentó una moción para eliminar esta disposición de la iniciativa de ley, pero fue rechazada en una votación de 18 diputados a favor y 26 en contra.
Con esto la reforma queda incluida en el texto del proyecto.
CUESTIONAMIENTOS
Los opositores a esta reforma afirman que un funcionario podría rechazar una capacitación para saber cómo atender a una persona trans, por ejemplo.
Vega se cuestionó qué tiene que ver la objeción de conciencia con el empleo público, más aún cuando se usa de manera abierta y sin control.
“El funcionario público se debe al servicio público y como tal no puede optar por violar derechos humanos y discriminar. Esta cláusula, que fue negociada de una manera lamentable y vergonzosa, da una licencia y un pase libre para que el funcionario público diga discrimino como me da la gana”, afirmó Vega.
RESGUARDAR SU INTEGRIDAD
Prendas señala que la objeción de conciencia corresponde al derecho que tiene todo funcionario de guardar su integridad y no exponerse a sanciones del Poder Ejecutivo por sus creencias (éticas, religiosas y morales) por llevar o no una capacitación obligatoria.
“Esta moción lo protege para que no pueda ser despedido por no capacitarse en temas que atentan contra su fuero íntimo. Ello sin poner en riesgo de ningún modo la prestación de los servicios públicos que estarían garantizados”, expresó.
Para Prendas la objeción de conciencia es un asunto de derechos humanos, que se reconocen y legitiman en la doctrina jurídica, porque nadie debe ser perseguido por sus pensamientos e ideología.
“Claro ejemplo ha dado el PAC de que es necesario establecer estos mecanismos para evitar que los funcionarios públicos no puedan ser obligados a capacitarse en temas que van en contra de sus creencias”, manifestó.
Los congresistas hoy continúan revisando las mociones de reiteración del proyecto.
Se informó además que el lunes 19 de abril el Congreso conocerá los informes de mayoría y minoría relacionados con la investigación del financiamiento de las campañas del PAC.
¿QUÉ DICE LA REFORMA?
Los servidores públicos podrán informar a la administración por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras.
MOCIONES APROBADAS
Este miércoles se aprobaron varias mociones de la diputada Paola Vega que pretenden mejorar los conceptos del proyecto.
También otra que autoriza un permiso remunerado para reducir hasta en un tercio la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar con enfermedad o discapacidad.
“Se podrá otorgar un permiso remunerado, hasta en un tercio de la jornada, durante un periodo máximo de un año, para que la persona servidora pública pueda cuidar un familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, con discapacidad o por razones de enfermedad terminal o accidente”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 08 Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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