Diario Extra - 'Había que ampliar la capacidad de los servicios'

Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), visitó DIARIO EXTRA para conversar sobre la importancia que tiene el personal para la atención de emergencias como la decretada por el Covid-19.
Solís, quien se entrevistó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de El Periódico de Más Venta en Costa Rica, se refirió a los 270 funcionarios contratados de forma interina vinculados al decreto de emergencia por el nuevo coronavirus, emitido el 16 de marzo del 2020.
En el espacio, el presidente ejecutivo de la CNE rechazó que las contrataciones se hagan a dedo. También dijo que los funcionarios no se concentran en la Comisión, sino en distintas instituciones como el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), el sistema 9-1-1 y el Ministerio de Justicia.
A continuación, sus apreciaciones.
Mucho se ha dicho del arsenal de funcionarios contratados bajo la justificación de la pandemia, ¿cómo funciona eso?
-El concepto de decreto de emergencias lo que busca es agilizar los procesos, entonces frente a lo que venía con el Covid-19 optamos por trabajar bajo una figura de emergencia. Sabíamos que la logística iba a ser impresionante, que había que ampliar la capacidad de los servicios, entonces nosotros fuimos habilitando la condición del decreto de emergencia para ir avanzando en las necesidades. Una vez que se emite ese estado, se puede avanzar en las tres etapas, una de ellas tiene que ver con el equipo itinerante.
¿Cuáles son esas tres etapas y a qué se refiere con equipo itinerante?
-La primera etapa tiene que ver con la emergencia no declarada, donde hay una reserva del Fondo Nacional de Emergencias, que nos sirve para atender las necesidades urgentes. Por ejemplo, en un huracán, lo primero que se atiende es lo relacionado con las lluvias que provoca este fenómeno, ya que esto empieza a generar impactos en la gente. Es cuando se habilitan albergues, pero conforme va avanzando vamos encontrando más daños y es donde se debe de analizar si los procedimientos ordinarios funcionan o no. Una vez superado ese análisis y declarada una emergencia, lo que hacemos es parar todo nuestro trabajo ordinario. Para eso destinamos a la gente de planta, así como a los contratados por otras emergencias a avocarse en la emergencia que está ocurriendo, en este caso la de pandemia por el Covid-19.
Una vez declarada la emergencia es más fácil planificar…
-Sí porque por ejemplo actualmente estamos trabajando con un aparato administrativo que presupuesta, que tiene un plan estratégico, operativo y que se evalúa en función de cómo ejecute su presupuesto.
Y sobre el personal contratado para esta pandemia, ¿cómo están distribuidos?
-En el caso de los 270, son más de 130, casi un 56%, que corresponden al Ministerio de Salud, el segundo grupo está asignado al Ministerio de Justicia, específicamente a cárceles, después también contratamos personal para el 9-1-1 y el Inciensa.
¿Cómo los filtran?
-El proceso de reclutamiento y selección de los funcionarios del Ministerio de Salud lo hizo el Ministerio de Salud por medio de su departamento de Recursos Humanos y nos mandó las nóminas. Así sucede con las demás instituciones.
¿Pero les pagan ustedes?
-Se paga con el Fondo Nacional de Emergencias, que es el mismo mecanismo que estamos usando con las vacunas contra el Covid-19.
¿Entonces esa gente no está en la sede central de la CNE?
-Los 270 no están en Pavas. Los 130 de Salud están en Salud, y así respectivamente.
¿Cómo se definieron esos equipos de trabajo?
-Los equipos itinerantes de salud los definió el Ministerio, que es el rector de esta emergencia sanitaria. Ellos fueron los que establecieron las necesidades e hicieron un plan de inversión. A eso se le suma el trabajo de las unidades ejecutoras que son las instituciones públicas, que puede ser desde un ministerio hasta una municipalidad o cualquier entidad desconcentrada como lo es Inciensa.
¿Cómo se da el aval de contratación y quién los fiscaliza?
-Primero se genera un plan de inversión, este se presenta a la junta directiva de la CNE y se nombra una unidad ejecutora, por ejemplo, el Ministerio de Salud. A partir de eso se nombra a un fiscalizador. Ese fiscalizador tiene que ser alguien de la CNE que garantiza que los recursos se ejecuten de acuerdo con el Fondo Nacional de Emergencias. Esos fiscalizadores son parte de nuestro contrato, que va ligado a la gente que tiene que trabajar dentro de la CNE. Cada decreto de emergencia tiene fiscalizadores, por ejemplo los decretos de emergencia del huracán Otto, la tormenta Nate o del déficit hídrico tiene fiscalizadores asignados desde ingenieros agrícolas, ingenieros civiles hasta arquitectos.
¿En el caso de Inciensa cómo los apoyaron?
- Nosotros les contratamos secretaria, biotecnólogo, microbiólogo y técnicos en microbiología para que pudieran habilitar el tercer turno, cuando la cantidad de pruebas no daba y se comenzaron a acumular. Entonces hicimos un plan de atención y le contratamos ese personal a Inciensa.
¿Y en los puestos fronterizos?
-También colaboramos. Ahí contratamos personal para el Ministerio de Salud para poder destacarlo en los puestos fronterizos porque no podían cubrir el tercer turno con el personal de Salud que tenían destinados en fronteras.
Y esos equipos itinerantes en Salud, ¿en qué han estado trabajando para que los lectores conozcan?
-Esos equipos itinerantes fue porque estábamos en el peor momento de la transmisión comunitaria, cuando un caso positivo puede generar hasta 20 o 40 contactos en transmisión comunitaria.
Pero no todos se contagiaban…
-No, pero el cerco epidemiológico sí implica llamar a la gente, entonces se utilizaron diferentes estrategias, primero comenzamos con personal voluntario, por ejemplo, en Alajuelita se montó un call center, porque Alajuelita colapsó. Además, en el momento de la transmisión comunitaria, Salud pierde capacidad para hacer los barridos epidemiológicos, el barrido epidemiológico es fundamental para poder mandar a la gente a aislamiento e incluso albergues. Fue una época en la que teníamos que mandar gente a albergues porque no tenían las condiciones sanitarias para poder permanecer en el sitio durante el aislamiento, entonces los equipos itinerantes lo que hicieron fue identificar dónde estaba más perdida la capacidad de salud para hacer ese seguimiento y se les fue reforzando con médicos, enfermeros, técnicos en salud. Ese es el primer gran componente para contener la pandemia.
Pero el problema de contagios en Alajuelita ya se superó, ¿dónde está esa gente?
-Por eso son itinerantes porque se mueven de acuerdo a la evolución de la pandemia. Por ejemplo, si bien algunos comités comunales se organizaron, eso no ocurrió en todos los municipios, hay unos que están mejor organizados, otros que no tanto, entonces a los equipos itinerantes no se les cancela el contrato, sino que en función de cómo el brote avanza cambian, se mueven, por eso los contrata el Ministerio de Salud desde el nivel central.
¿Siempre han sido máximo 270 funcionarios o han llegado a ser más en la emergencia actual?
-El contrato anda en ese orden, por ejemplo, en el sistema 9-1-1 eran menos al principio, después se amplió. Luego el 9-1-1 siguió insistiendo que necesitaban más, pero nosotros dijimos que no. Hay que sostener con lo que tenemos, tampoco podemos gastar, gastar y gastar, entonces el plan de inversión te da un norte y nosotros lo vamos manejando en función de la parte operativa.
¿Entonces el número de personas contratadas ha sido estable?
-Sí ha sido estable en los últimos meses, cuando empezamos lo que hicimos fue trasladar funciones, de personal ordinario y de otros que estaban trabajando en otros decretos de emergencias.
¿Cuánto han gastado en la contratación de este personal?
-Tendría que revisar el paquete completo.
¿Por cuánto tiempo se hacen los contratos?
-Los contratos se hacen por seis meses y dependiendo de cómo prevalezca la necesidad se puede prorrogar.
¿Y por qué no se rompe en 6 meses?
-Porque seis meses es lo que se considera prudencial. El artículo 10 del Servicio Civil dice que son por 6 meses improrrogables, pero lo que la Procuraduría resolvió es que nosotros los podemos contratar, asignarles las tareas propias de la atención de la pandemia siempre ligadas al decreto específico en el que están y que el tope de los seis meses no aplica para el caso de las emergencias nacionales, porque va a depender de la temporalidad del decreto.
¿Cuántos funcionarios trabajan en Pavas, es decir son de planta en la CNE?
-Somos 162 funcionarios.
¿Y en los comités, cómo funciona?
-En los comités lo que opera es personal de las instituciones, personal municipal y comunitaria.
¿Cómo se hace la coordinación?
-Dentro de la estructura ordinaria nosotros tenemos 10 personas que son nuestros oficiales de enlace. Ellos son los responsables de coordinar todo el país, los tenemos divididos por regiones.
¿También tienen especialistas?
-Sí, tenemos geólogos, que son los responsables de las inspecciones y tenemos unos cinco ingenieros de planta. Ellos tenían a cargo en promedio 30, 35 proyectos cada uno, son fiscalizadores de los proyectos, entonces la ley nos habilita tener personal contratado para los proyectos de reconstrucción en la tercera etapa.
¿Qué fue lo que advirtió la Contraloría?
-En la administración anterior, la Contraloría había advertido un mal uso de las plazas. Cuando yo llegué, el personal que estaba contratado por emergencias cumpliendo funciones ordinarias, cuando la auditoría detectó eso, la junta directiva no habilitó nuevamente los contratos y algunos lo que se hizo fue reorientarlos a que realmente cumpliera las funciones.