Diario Extra - Arroz se enfrenta a presiones alcistas

Los consumidores podrían pagar más por bolsa de arroz este año. Actualmente hay dos factores que están ejerciendo presiones al alza en el precio.
Por un lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se niega a que se importen 20 mil toneladas métricas más libre de impuestos y, por otro, la demanda del grano a nivel internacional sigue subiendo por el Covid-19.
Entretanto, en Costa Rica los arroceros se enfrentan a un alza en los costos de producción, lo cual implica que, en caso de compensarse, provocaría un ajuste en los precios al consumidor.
DIARIO EXTRA conversó con Minor Cruz, director ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), quien manifestó que enviarán una carta al jerarca del MAG, Renato Alvarado.
“El desabasto es muy importante porque cubre una necesidad. Forma parte de un mecanismo que permite que al consumidor se le generen precios bajos o altos”, dijo Cruz.
Insiste en que para 2021 se van a necesitar 70 mil toneladas métricas y a la fecha hay aprobadas 50.061. “Estaremos solicitando al MAG que revise nuevamente la información”, acotó.
En cuanto a los costos de producción, se está generando una actualización debido al incremento en las materias primas, tipo de cambio y otros gastos asociados a la actividad arrocera.

APERTURA BENEFICIARÍA A 5 EMPRESAS

En cuanto a la posibilidad de eliminar la regulación de precio del arroz, Cruz
manifestó que las presiones vienen del lado de Coprocom (Comisión para la Promoción de la Competencia).
A criterio de Cruz este mercado tiene una característica especial e implica que, de no existir una regulación, habría poca probabilidad de que se le compre el grano al productor nacional.
Esto porque el precio internacional en algunas ocasiones resulta más bajo con respecto al nacional porque hay países arroceros con subsidios que aquí no se dan.
“Los precios que usan otros mercados son ficticios, no responden a sus costos reales de producción. Recordemos que hoy el arroz se usa como un referente de la canasta básica, y poner a competir a nuestros productores en esas condiciones significa que desaparezca la producción arrocera en un corto o mediano plazo”, acotó.
Según Cruz son los importadores netos, que no forman parte de Conarroz, quienes se beneficiarían con la apertura del mercado. Se trata de cinco empresas que traen al país arroz ya procesado.
De abrirse el mercado, podría sumar 33 mil personas al desempleo. Es lo que dicen los números de la corporación. Hoy existen 33 mil hectáreas de siembra y cuenta con presencia en cinco regiones del país.
Entretanto, el precio al consumidor podría subir de ¢606 a ¢1.000 por kilo debido a intermediación.

OCDE DICE QUE TODO ES HIPOTÉTICO

Cruz mostró notas en que han señalado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) datos equivocados en relación con la actividad arrocera y que fueron incluidos en un reciente informe.
A manera de ejemplo, señaló que dieron un dato erróneo cuando hablan de 19 productores grandes, cuando en realidad son 36, pero tomando en cuenta que serían 373 pequeños y micros, más 88 medianos. Esto para el periodo 2019-2020.
“No sé por qué han satanizado que hay grandes productores, eso pasa en toda actividad. Aquí un productor grande es el que tiene 200 hectáreas, no tiene punto de comparación con uno de Brasil que tiene de 3 mil a 5 mil hectáreas”, destacó.
Otro de los datos incluidos por la OCDE es que la regulación representa para los hogares más pobres un 8% de su ingreso. El organismo extrajo la cifra de la Encuesta de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), sin embargo no contó con que estaba segmentado.
“No se fijaron que venía el dato de arroz regulado y no regulado. El INEC mezcla todo en la estadística. Nosotros solicitamos al instituto que hiciera una desagregación y obtuvo que el gasto en el no regulado era de un 4%”, adujo.
Añadió que Conarroz demostró que no era posible que la OCDE llegara a esas conclusiones y, según dijo, el organismo respondió que “ellos hacen recomendaciones que son hipotéticas e ilustrativas”.
“No es posible que algunos toman informes de este tipo ilustrativo e hipotéticos hacer política pública”, concluyó.