Diario Extra - Defensoría exige cuentas por bono Proteger

La Defensoría de los Habitantes exigió cuentas relacionadas con el bono Proteger y acciones concretas para salvaguardar la información sensible de aquellas personas que se volvieron beneficiarias.
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, añadió que se procedió de forma urgente a incorporar el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC) del Ministerio de Trabajo en los procesos del Plan Proteger.
La jerarca argumentó que esta es la instancia competente para alojar y mantener en operación el servicio.
Indicó que era necesario dar soporte y seguimiento a la plataforma una vez que se entregara la herramienta y las bases de datos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Consideró importante proceder al resguardo de la información sensible de los habitantes sobre cualquier uso; eso sí, lo que corresponde al margen de ley.
“Es importante definir un plazo máximo para la entrega de la información completa por parte de la Empresa Continum Datacenter a la Administración Pública, una vez concluido el Programa de Otorgamiento del Bono Proteger, que asegure una transición ordenada y garante de los procesos de protección de la información”, adujo.
El órgano defensor pidió cuentas al Ministerio de Trabajo sobre la posibilidad de remisión del análisis técnico de las capacidades existentes y los procedimientos para el traslado y custodia de las bases de datos de la empresa Continum Datacenter.
Dicha compañía es presidida por Adrián Lachner, empresario que aparece mencionado en los Papeles de Panamá, escándalo que representó la mayor filtración de documentos.
La Defensoría de los Habitantes solicitó concluir el proceso interno encargado de inscribir la información ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).
Instó a remitir un informe en el que se visualicen las acciones de la administración para salvaguardar los datos de carácter sensible mientras se apliquen y concluyan los protocolos de traslado.
La defensora dijo que la exigencia de un Estado Social de Derecho pasa por proteger información confidencial de los habitantes.
La entidad señaló la necesidad y la urgencia de proteger los derechos e intereses de la población.