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Sucesos

“No tenía parámetros para definir legalidad de órdenes”

Fiscala declaró como testigo en juicio contra alcalde, exmagistrado y exfiscal

La fiscala Natalia Rojas concluyó su declaración ante el tribunal este viernes

 

 

Natalia Rojas, actual fiscala coordinadora del II Circuito Judicial de San José, continuó declarando ante el tribunal en que es testigo del Ministerio Público en el caso que se sigue contra el presunto delito de tráfico de influencias imputado al alcalde josefino Johnny Araya, al exmagistrado y ex subjefe de Fiscalía, Celso Gamboa, y a la exfiscala Berenice Smith.
Ella insistió en que a inicios del 2016, cuando estaba en la Fiscalía de Probidad, fue presionada por Gamboa y Smith para que diera respuesta a una gestión de Araya y, en el documento que elaboró, consta que lo hizo por “instrucciones superiores”.
En dicha respuesta le indicó al entonces candidato a la alcaldía que no era imputado en una causa judicial que data del 2012.
La funcionaria insistió en que la orden que le dieron Gamboa y Smith le pareció “excepcional y particular”.
No obstante, en el turno de los abogados defensores de consultar se revelaron aspectos que los litigantes consideran interesantes, tales como que debido a que la orden provenía de sus superiores y se trataba de una diligencia administrativa no sometió a consideración o valoración, ni en ese momento ni ahora, si lo que le pidieron estaba dentro del marco de la legalidad.
En esa línea se dio el interrogatorio del licenciado Juan Marcos Rivero, uno de los defensores del alcalde Johnny Araya.
El jurista le consultó a la fiscala, testigo clave del Ministerio Público, cuáles eran los parámetros que ella utilizaba en su ejercicio profesional para determinar si una orden era o no contraria a la ley.
Sin embargo, la funcionaria judicial dijo que no tenía criterios para definir esa condición en una directriz y que por ello les consultaba a otras personas para que le ayudaran a esclarecerlo, en este caso lo hizo con el fiscal Juan Carlos Cubillo.
“Eso lo comentaba con don Juan Carlos y yo esperaba que don Juan Carlos me determinara esos parámetros, esos criterios, porque era mi (fiscal) adjunto yo tenía que comunicarle”, contestó Rojas.
Ante esta respuesta, el juez presidente del tribunal le aclaró que la pregunta se refería a sus parámetros internos y como profesional, no a un procedimiento institucional.
“No los tenía, yo me iba para donde el adjunto 2 a comentarle la gestión”, afirmó.

¿LEGAL O ILEGAL?

Por su parte, Rivero replicó “para que me aclare porque creo no haberle escuchado bien, ¿usted dijo que no tenía ningún criterio para medir si una orden era legal o ilegal?”.
“Los parámetros yo no los tenía, me iba para donde el adjunto 2 a comentarle las situaciones, todas las situaciones”, recalcó Rojas.
Otro detalle que sorprendió a Rivero fue que al preguntarle a la fiscala si conocía lo que es un derecho de rectificación o respuesta, la experimentada funcionaria dijo que no lo recordaba.
La pregunta surgió luego de que, en varias ocasiones, Rojas dijera que sintió pena de que la nota que ella envió a Araya saliera en la prensa, pues consideraba que las personas no conocían la versión completa de lo ocurrido.
“¿Usted sabe qué es el derecho de rectificación y respuesta?”, adujo Rivero. “No lo recuerdo en este momento”, contestó la fiscala.
Posteriormente, el abogado Federico Campos, defensor de Smith, le consultó de manera similar si en un momento posterior a lo ocurrido valoró que la orden que le dieron era ilegal.
“No señor, al día de hoy no he hecho ese análisis de si esa orden fue lícita, ilícita, legal o ilegal”, repitió y recalcó que en ningún momento desde el 2016 hasta ahora ha pensado en eso.
Campos le preguntó si conocía el artículo 295 del Código Procesal Penal y Rojas acotó “no recuerdo la literalidad del artículo”.

 

 

 

PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano

EMAIL: [email protected]

Sábado 06 Marzo, 2021

HORA: 12:00 AM

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