Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron positivamente el expediente 21.362, iniciativa que busca castigar con multas de ¢4,6 millones a ¢6,9 millones la venta de loterías o rifas ilegales en el país.
Como lo adelantó DIARIO EXTRA, el proyecto busca atacar los grandes capitales que están detrás de los llamados tiempos ilegales, pero también haría que la señora que hace rifas en el barrio para vivir pueda ser sancionada.
El plan dice en su objetivo “prevenir el riesgo de legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, por medio de las actividades relacionadas con las loterías y juegos de azar no autorizadas, las cuales a la fecha se llevan sin control ni supervisión del Estado”.
En el caso de rifas o bingos que realicen escuelas o asociaciones de desarrollo, se permitirán siempre y cuando cuenten con la autorización de la Junta de Protección Social (JPS) como ocurre hoy.
El texto aprobado incluye un nuevo capítulo donde se faculta a la JPS, al Poder Ejecutivo y a la policía aplicar medidas para el bloqueo de acceso a sitios web, de flujos financieros, así como la prohibición de comunicaciones comerciales, patrocinio y publicidad de juegos no autorizados.
SANCIONES
La iniciativa permite que la municipalidad aplique una multa de ¢1,3 millones al propietario, administrador o responsable de un establecimiento donde se lleven a cabo las actividades de loterías preimpresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y juegos de azar no autorizados.
La multa económica más alta será para quienes vendan o comercialicen la lotería ilegal, con un monto de 10 a 15 salarios base, es decir de ¢4,6 millones a ¢6,9 millones.
Un 50% de la multa se destinará a la JPS para los programas sociales que desarrolla y el otro 50% quedará en la municipalidad; será utilizado para las inspecciones y controles que esta ley dispone.
PENAS DE CÁRCEL
Los diputados quieren además que las personas que financien, administren, distribuyan o contraten personal y faciliten el uso de bienes inmuebles para la venta y comercialización de loterías ilegales puedan ser sancionadas con una pena de cárcel de 4 a 8 años.
En la Comisión votaron a favor los liberacionistas Jorge Fonseca, Gustavo Viales y Roberto Thompson; Enrique Sánchez y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Harllan Hoepelman, del bloque independiente Nueva República; y la independiente Zoila Volio.
En contra lo hicieron Ignacio Alpízar, también de Nueva República, y Floria Segreda, de Restauración Nacional (PRN).
El proyecto debe pasar ahora al plenario para su aprobación final, pero antes varios parlamentarios han prometido mociones para modificar el texto.
JPS APLAUDE AVANCE
A pesar de seguir guardando silencio con respecto a la posición institucional ante el proyecto del impuesto a los premios de lotería, la Junta de Protección Social (JPS) asegura aplaudir el avance de la iniciativa de regulación de chances ilegales.
“A la JPS le complace la aprobación en comisión del proyecto de ley para que Costa Rica cuente con un marco jurídico para el combate de los juegos ilegales”, menciona la entidad mediante su oficina de comunicación.
En mayor detalle también se refirió la asesora jurídica Marcela Sánchez.
“El legislador costarricense en 1922, cuando emite la ley de juegos, establece de manera clara que los juegos de azar en su modalidad de loterías y rifas únicamente son permitidos cuando están en manos del Estado, en este caso la JPS, y esto se ratifica a inicios de los años 50, cuando se emite la ley de rifas y loterías”, explicó.
EN CONJUNTO
La institución además mencionó que el proyecto que fue avalado en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad lo trabajó el Ejecutivo con la participación de la Junta.
“La JPS confía que el plenario legislativo también apruebe este proyecto por el bien del país y en especial para que la lotería estatal continúe haciendo su labor de protección social a las poblaciones en mayor vulnerabilidad”, menciona la benemérita.
RIFAS
Uno de los aspectos que más preocupan de la aprobación del plan es que aquellas personas que se dedican a realizar rifas con el fin de juntar un dinero extra para sus gastos de la casa serían sancionadas con millonarias multas.
“En lo que respecta a la modalidad de rifas, es clara esta normativa, de que únicamente se permiten las que realice la Junta o las que autorice la Junta a organizaciones y fundaciones sin fines de lucro”, añade la experta.
La JPS aduce que la incorporación de la prohibición de las rifas no es algo nuevo porque la actual ley lo establece.
“El proyecto de ley busca identificar aquellos sectores que tienen una mayor relevancia o una participación preponderante en este tipo de actividades ilícitas con la finalidad de que las penas sean más drásticas en aquellos actores que propician la comercialización, el financiamiento y la administración a gran escala de las ventas, que lo que hacen es distraer recursos que son para el bienestar social, a manos privadas”, concluyó Sánchez.
Datos revelados por la Junta de Protección Social en noviembre del 2020 estiman que las pérdidas que tiene producto de las ventas ilegales de tiempos y otros juegos de azar ascienden a ¢233 mil millones al año.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 04 Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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