Diario Extra - Cargan de impuestos a empresas y solapan a U públicas

Los empresarios se mostraron molestos con el gobierno, la fracción oficialista y los diputados de oposición, que apoyan dar un trato diferenciado a las universidades en la reforma al proyecto Ley Marco de Empleo Público.

A su criterio es “inmoral e improcedente” que se busque dejar a las casas de enseñanza superior fuera de los lineamientos que propone el proyecto de legislación para frenar los abusos.

Consideran que no es posible que busquen autoimponerse su propio esquema salarial, al mismo tiempo que se mantiene viva una agenda cargada de más impuestos para las empresas y la población.

“Siendo las universidades las entidades que más agravan la situación que se deseaba arreglar, nos encontramos frente al inminente desmantelamiento del espíritu original de la ley, motivo por el cual no debemos olvidar ahora de lo poco que el país iba a avanzar en materia de reforma del Estado.

No es posible que primero permitieran la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal y ahora lo hagan con las universidades en materia de empleo público”, indicó Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).

La preocupación parte de que las transferencias corrientes, entre las que se encuentra el presupuesto universitario, más conocido como Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), representa poco más de otra tercera parte.

“Se consolidan los vicios que provocan el derroche de fondos públicos de manera estructural y sostenida”, agregó.

Por su parte, la Cámara de Industrias hizo un llamado a que de una vez por todas se aclare la interpretación de la autonomía universitaria, pues dicha condición no puede utilizarse en función de las circunstancias o afectación personal de algunos funcionarios de esos centros de estudios.

“No es posible que el país tenga que aceptar la autodefinición de elevados salarios, pensiones y privilegios que superan toda posibilidad para los contribuyentes, en detrimento de poder destinar más recursos a becas, laboratorios, infraestructura adecuada, y sobre todo más cupos para los jóvenes que desean y requieren una educación superior de calidad”, expresó Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

A su criterio, algunos diputados pareciera que buscan defender a las personas con mejores salarios y condiciones laborales del país, en lugar de procurar que Costa Rica resuelva el problema estructural del empleo público y esto contribuya a solventar la grave situación fiscal.

Entretanto, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó que se incluya en la Ley Marco de Empleo Público a todos los funcionarios.

A su parecer se quiere incluir una excepción “solapada” para los funcionarios de las universidades públicas, que es contradictoria respecto a la generalidad del salario global que habría de aprobarse para todos los servidores públicos.

Indicó que se pretende crear una especie de “subsistema” que les otorga a las autoridades universitarias condiciones para generar diferencias a su favor, excluyendo el planteamiento técnico del Servicio Civil.

¿QUÉ PIDEN?

Estas son algunas de las peticiones de los empresarios en relación con la regulación salarial de las universidades públicas.

•Transferencias contra evaluación del desempeño.

•Quitar compensación vía convenciones colectivas.

•Suprimir el salario escolar.

•Eliminar el modelo de asignaciones e incentivos.

•No aplicar ajustes automáticos a ciertos gremios.

•Prohibir la potestad de autodeterminación salarial.

•Descartar los pagos por antigüedad y otros pluses.

Fuente: Cacia.

PERIODISTA: María Siu Lanzas

CRÉDITOS: Fotos: Archivo