La segunda testigo en el juicio por el presunto delito de tráfico de influencias que se sigue contra el exmagistrado y ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, el alcalde de San José Johnny Araya y la exfiscal subrogante Berenice Smith reveló que, al parecer, Gamboa solicitó que se llamara a Araya para redactarle el borrador de la certificación.
La Fiscalía acusa a los exfuncionarios judiciales de supuestamente influir para que se borrara el nombre del alcalde de una causa penal seguida por el supuesto delito de influencia contra la Hacienda Pública, antes de que se llevaran a cabo las elecciones municipales del 2016, razón por la que también se involucra a Araya en la presunta comisión del delito.
El dato fue dado a conocer al tribunal por Tatiana Vargas, jefa de prensa del Ministerio Público, quien aseguró que dicho contacto fue una orden que recibió Justo Pastor, exasesor de la Fiscalía General, a quien le indicaron que debía decirle a Araya que pidiera una certificación a la Fiscalía Anticorrupción donde se constatara que él no era imputado en un expediente judicial.
Incluso, Vargas dijo al tribunal que Gamboa le habría pedido a Pastor que redactara el borrador de la solicitud de la certificación que iba a solicitar el actual alcalde.
“Celso Gamboa me pidió cuentas de la información que se había dado sobre Johnny Araya y yo le indiqué que se respondió según los datos de la Fiscalía”, adujo la jefa de prensa.
Y añadió: “Él (Gamboa) le solicita a don Justo que llame a don Johnny Araya para que envíe la carta a doña Berenice Smith solicitándole que aclare que él no forma parte de la causa penal”.
Vargas narró al tribunal que estando ella en la oficina de Gamboa, el letrado Justo Pastor salió y unos minutos más tarde ingresó nuevamente diciéndole a su jefe que Araya le pidió que él hiciera el borrador de la certificación que iba a solicitar.
De acuerdo con la testigo, ante esta información, Gamboa le respondió que “hiciera la certificación para que Araya no lo volviera a llamar”.
Vargas es la segunda testigo en rendir su testimonio durante el debate que se inició el jueves anterior.
Por este caso la Procuraduría General de la República solicitó el pago de ¢42 millones por daño social.
El debate está a cargo de las juezas Adriana Tenorio e Ivannia Delgado, así como el juez presidente Roy Jiménez.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Martes 02 Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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