Diario Extra - Critican a ministra por decisión con tobilleras

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa lanzaron sus críticas contra Fiorella Salazar, ministra de Justicia, tras dar a conocer su decisión de realizar un contrato adicional por hasta 24 meses con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para mantener el servicio de monitoreo electrónico mientras se contrata un nuevo proveedor.
El punto más señalado por los legisladores es que esta medida se tomó pese a la respuesta negativa que emitió en dos ocasiones la Contraloría General de la República (CGR). La primera fue el año pasado, después de que Salazar frenara el proceso de licitación y enviara una solicitud para que se permitiera extender el contrato con ESPH.
Tras el análisis hecho el 28 de enero el ente contralor dijo que no y destacó tres aspectos que le generaban dudas. Uno de ellos era el presupuesto de la institución, la fecha de inicio del contrato y si ya habían negociado con el proveedor.
Ante ese escenario en el Ministerio de Justicia corrieron para aclarar las observaciones, pues el contrato vence hoy y remitieron una segunda solicitud, esta vez de reconsideración, pero el 5 de febrero la Contraloría volvió de decir no.
No obstante, al parecer, para Salazar esas negativas no fueron impedimento para hacer el contrato adicional y mantener sus negociaciones con la ESPH alegando que su decisión está contemplada en el numeral 209 de la Ley de Contratación Administrativa.
“La respuesta de la Contraloría fue sobre el numeral 208 del reglamento y nosotros estamos aplicando ahora el numeral 209. Los cuatro aspectos que la Contraloría nos señaló están atendidos. En la reconsideración insistí en ellos, en los cuatro puntos con los cuales nosotros estábamos de acuerdo y cuatro puntos ya están atendidos”, comentó.
Añadió que para ella lo fundamental es que el servicio de monitoreo no se desestabilice y no experimente ninguna alteración, por lo que tomando esto como base el contrato adicional era una opción viable, ya que al aprobarse el presupuesto era posible proceder de esta forma.

SE BURLA DE LOS TICOS

Floria Segreda, diputada del Partido Restauración Nacional (PRN), fue una de los legisladores que criticaron la omisión del criterio emitido por la CGR y manifestó que para ella con esa decisión Salazar se burla de los costarricenses.
“No es posible que la ministra Salazar nos diga que están actuando con transparencia cuando todo lo que ha pasado en torno a las tobilleras es oscuro y genera cientos de dudas y hasta es investigado por la Fiscalía”, expresó.
Asimismo, la congresista recordó que hace un año en una comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico la funcionaria dijo tener lista la licitación, sin embargo el cartel se publicó semanas antes de que venciera el contrato con la ESPH.
Por su parte, Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión, comentó que la situación llegó a un extremo en que las opciones terminaron siendo muy pocas, pues estaba encima el vencimiento del contrato y no se llevó a cabo el proceso de licitación internacional que hubiera permitido una contratación más ágil.
“Involucró a la Asamblea Legislativa con la aprobación de un presupuesto, a la Contraloría y al propio Ministerio. Entonces me parece que la administración de esa cartera fue la que provocó esto y ante la incertidumbre de dejar a personas sin monitoreo pues era lo más lógico, yo no sé por qué consultaron a la Contraloría si al final decidieron hacerlo por su cuenta”, sostuvo.
En esa misma línea Harllan Hoepelman, legislador del Partido Nueva República (PNR), también reclamó por el tiempo que el Ministerio de Justicia se tomó para publicar la nueva licitación que hubiera evitado continuar contratando los servicios de la ESPH.
“La ministra hace unos meses compareció ante la Comisión y nos comentaba que ya tenía lista una nueva licitación para sacarla a concurso, sin embargo esta última vez que llegó nos topamos con la sorpresa de que los tiempos no le daban para sacarla porque el contrato se les vencía. Una vez más el gobierno nos demuestra que le falta tiempo, planificación y finanzas en muchas áreas”, sentenció.
Este contrato adicional que establecerá Justicia con la ESPH debió realizarse porque en 2020 Salazar ordenó detener el proceso de licitación internacional al asegurar que se implementaba una mejor tecnología y nuevos procesos en la unidad de monitoreo.
Además las negociaciones continuarán, pese a que actualmente la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a Víctor Hugo Víquez y Allan Benavides por presunto tráfico de influencias para supuestamente beneficiar a la ESPH con la contratación de un lote de tobilleras, tal como lo dio a conocer DIARIO EXTRA con amplias publicaciones, y el caso se tramita bajo el expediente 18-0000-94-12-18-PE.

¿QUÉ DIJO LA CONTRALORÍA?

Tras conocerse la decisión de Salazar, en el ente contralor explicaron que para aplicar el artículo 209 del Reglamento de Contratación Administrativa como solución temporal, en Justicia no necesitan su aprobación.
“El uso del artículo 209 no se tramita ni requiere autorización de la Contraloría General de la República y queda bajo entera responsabilidad de la Administración la verificación de todo lo anteriormente indicado. No nos referiremos adicionalmente a este tema dado que queda en manos de la Administración”, manifestaron.
Sin embargo detallaron que la institución tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos que el contrato debe haber concluido y se requieran servicios adicionales; que el contratista acepte el contrato adicional, el cual debe basarse en el precedente; que se mantengan los precios y condiciones; así como que el monto del contrato no sea mayor al 50% del anterior.
Además no deben haber transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto, que el contratista no haya incurrido en ningún incumplimiento grave e incluir en el expediente la debida motivación y promulgación.
Al respecto la ministra Salazar dijo cumplir con todos estos requerimientos.