Diario Extra - Ministra frena concurso de tobilleras para dejar a ESPH

Fiorella Salazar, ministra de Justicia y Paz, reconoció que el año pasado ordenó detener el proceso de licitación internacional para contratar un nuevo proveedor del servicio de monitoreo electrónico y a raíz de esa decisión ahora necesitará ampliar el contrato con la Empresa de Servicios Públicos Heredia (ESPH).
Todo esto pese a que existe una investigación en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), donde se investiga a Víctor Hugo Víquez y Allan Benavides por presunto tráfico de influencias para supuestamente beneficiar a la ESPH con la contratación de un lote de tobilleras para reos.
Tal como lo dio a conocer DIARIO EXTRA con amplias publicaciones, el caso se investiga en el expediente 18-0000-94-12-18-PE.

ANTE DIPUTADOS

Las declaraciones las hizo ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa asegurando que dicha orden la emitió porque en ese año se presentaron dos procesos; uno era la implementación de una mejor tecnología y los nuevos procesos en la unidad de monitoreo, mientras que segundo fue la preparación del cartel de licitación.
Incluso, Salazar aseguró que desde el año pasado enviaron a la Contraloría General de la República una solicitud para que se les permita extender el plazo del contrato que tienen actualmente con ESPH el cual vence el próximo 27 de febrero, siendo que tras cuatro años la ley de contratación administrativa le permitiría ampliar el plazo hasta por 24 meses más.
Lo anterior ocurrió luego de que en el mes de mayo se presentara en otra audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico asegurando que en ese momento el cartel de licitación estaba por salir, que ya lo tenían casi listo.
Precisamente, este martes el diputado del partido Nueva República, Harllan Hoepelman, cuestionó a la ministra e incluso mostró la grabación de esa comparecencia en que Salazar asegura que la licitación estaba por salir.
“Usted viene ocho meses después a decirnos otra vez que ya está casi listo, nos señala el 14 de diciembre de 2021 como fecha para que ese cartel esté adjudicado, entonces tal vez podemos entender que el ministerio no está haciendo su trabajo. Nos está diciendo algo que no está haciendo o le cuesta mucho el trabajo, no sabemos si dentro de ocho meses va venir otra vez a decirnos que el cartel está por salir”, expresó el legislador.
Ante esto, Salazar insistió que en ese mismo periodo fue cuando se inició con el cambio tecnológico por lo que ella consideró necesario trabajarlo primero para tener “lecciones aprendidas”.
“En ese momento el documento que se estaba preparando fue detenido, yo lo detuve y les dije ‘necesitamos incorporar la mejora que estamos viendo, que estamos empezando a experimentar y eso no es algo teórico es algo práctico que necesitamos vivirlo y experimentarlo para poder derivar lecciones aprendidas’. Entonces nos dimos a la tarea de recopilar lecciones aprendidas desde junio hasta setiembre”, acotó.

PREOCUPACIÓN

Por su parte Floria Segreda, diputada del Partido Restauración Nacional, mostró su preocupación ante la posibilidad de que se amplíe el contrato con ESPH debido a que actualmente funcionarios de la compañía cuentan con una denuncia penal por el presunto delito de tráfico de influencias.
A lo anterior se suman otros cuestionamientos que según la legisladora ponen en tela de duda el servicio brindado por la empresa respecto al sistema de monitoreo electrónico.
“La seguridad del país no es un experimento, no es llegar y decir ‘esa empresa algo hizo, pero tiene su experiencia vamos a seguir con ella por lo menos mientras sale la licitación’. Me preocupa porque hemos visto casos como uno reciente en que un sujeto apuñaló una mujer, son delincuentes, no son personas que tienen la capacidad de abstenerse a delinquir”, sostuvo.
Asimismo, el legislador independiente Ignacio Alpízar Castro aseguró que extender el contrato a la ESPH sería una especie de premiación, por lo que consideró que lo mejor sería que para este 2021 ya se tuviera un nuevo proveedor del servicio.
“No es un premio, es una posibilidad legal que tiene el mismo contrato y que tiene el marco legal de este país y los hacemos simplemente para cubrir el tiempo necesario de contratar un nuevo proveedor en este tiempo. Lo que buscamos es mantener la provisión del servicio público como lo mencioné porque hay un interés en que estas personas puedan mantenerse en esta modalidad”, le respondió Salazar.
Finalmente, la diputada Segreda reveló que el 15 de enero envió tres cartas, una de ellas dirigida a la fiscala general Emilia Navas en que solicitó incluir en la actual investigación a Salazar, así como a otros funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz. El segundo escrito lo hizo llegar a la Contraloría General de la República para consultar sobre si es correcto o no la ampliación del contrato.
Mientras que el tercer documento fue a la Procuraduría de la Ética advirtiendo sobre el riesgo de una aparente violación al deber de probidad por parte de Salazar al pretender ampliar el contrato con ESPH.