Diario Extra - CRÉDITO FMI DE ¢1.750 MILLS. ES PARA PAGAR 'PARRANDA'

Obtener un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones sin plantear una reforma estructural del Estado es “querer financiar la parranda sin arreglar las cosas”. Así lo define el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
A su criterio, este es un paliativo para lograr llegar al 8 de mayo de 2022 y pasarle la bomba con la mecha prendida al siguiente. “Es como patear un tarro lleno de avispas para que lo junte alguien más. La propuesta es simplemente un ejercicio contable de flujo de caja sin tener claridad de para dónde vamos como país”, manifestó.
Se inclina a que la administración Alvarado Quesada no tiene deseos de comprarse broncas en medio de un año electoral, pues tuvo tiempo para plantearse un norte y lo desaprovechó.
“Sabemos lo que hay que hacer, pero no conocemos el consenso de lo que el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el FMI están dispuestos a hacer. Estamos con un gran signo de pregunta con nubarrones en el cielo”, acotó.
Chaves, al igual que otros economistas, considera que el ajuste planteado hasta ahora para estabilizar las finanzas públicas es insuficiente.
No entiende cómo el equipo económico pasó de hablar de que se necesitaba un ajuste del 8% a uno del 4% del PIB. En su opinión, se requiere de al menos un 6,5% o un 7%, es decir que hay una parte de la ecuación que todavía no se sabe de dónde vendría.
“Es una propuesta tímida y que va orientada a llegar al 8 de mayo, no es una visión país. Estamos ignorando el empleo, la inversión y el crecimiento, porque no hay nada en la propuesta del gobierno que sea una medida de reactivación, están jugando con la numerología: ‘Vamos a generar un punto del PIB’, para ver si el Fondo nos lo compra, puede que sí. Interesante que el 17 de setiembre de 2019 plantearon un ajuste del 8% del PIB y en enero (cuatro meses después) del 4%. ¿Qué pasó?”, preguntó.
Los impuestos que se están planteando en renta global, casas de lujo, a la lotería, excedentes cooperativos y ahorros solidaristas, Chaves los calificó como “pichuleos”.
Explicó que el escenario fiscal está tan ajustado que podría haber un 1% del PIB adicional para financiar el gasto corriente que el gobierno no está explicando de dónde va a salir.
“Suponga que el costo de intereses va a subir un 0,5% del PIB y que requieren dar un 0,5% a infraestructura para que pueda crecer un poco. Eso va a requerir de un 1% del PIB, es un mordisco más duro al gasto corriente y probablemente una bronca política”, acotó.

¿IMPUESTOS Y VENTA DE ACTIVOS? ¿PARA QUÉ?

Chaves señaló que antes de que el gobierno se ponga a pedir más impuestos o a hablar de la venta de activos debe ordenar la casa por dentro y decir para qué quiere ese ingreso.
Calificó como un error el gravamen a las transacciones financieras y cree que cualquier intento por elevar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) debe manejarse con cuidado debido a su regresividad.
Lo mismo va para el impuesto a los rendimientos a las pensiones, que en su opinión vendría a debilitar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
“Ese impuesto es una barbaridad y lo que demuestra es que estamos dispuestos a hipotecar el futuro para financiar la parranda sin tener que arreglar las cosas. Siguen echándole agua al canasto, lo que hay que preguntarse es: ¿Plata para qué? Porque si es para seguir la fiesta, no vale la pena ni vender activos, ni poner impuestos”, replicó.
Está claro en que la meta debe ser bajar la trayectoria de la deuda a un 50% del PIB en el 2035 (hoy está en un 70%).
“Lo que tiene que demostrar el gobierno al FMI es que efectivamente va a tener la capacidad para pagar la deuda y que esta se vaya cayendo. Estamos hablando de dos componentes, el déficit que depende de los gastos e ingresos y un denominador que es el PIB.
El FMI es un instrumento que nunca debe considerarse como un objetivo en sí mismo, es útil porque es como tener un certificado de salud, pero el tema de fondo es que nosotros no nos queremos someter al tratamiento”, comentó.
Prueba de ello, según dijo, es que haya 269 instituciones con un superávit de ¢4,3 billones, pero cuando se propuso la Ley Pagar, algunas se salieron defendiendo los dineros ociosos en sus arcas con el aval del Ejecutivo.
“Con la Ley Pagar, el presidente (Carlos Alvarado) dio la orden de trasladar esos superávits, luego las instituciones se zafaron haciendo lobby en la Asamblea Legislativa. Es sorprendente que haya gente que se quede ahí (en el gobierno), que no siguen la línea. Lo de los superávits es una barbaridad, refleja lo mal que está la estructura tributaria en este país”, manifestó.