Diario Extra - Obligarán instituciones públicas a contratar afrodescendientes

Los diputados de la Comisión Plena Primera (que tiene potestad legislativa para aprobar leyes) están por aprobar un proyecto de ley que ordenaría a las instituciones públicas incorporar en sus planillas a personas afrodescendientes.
Se trata del expediente 21.499, que había sido propuesto por la liberacionista representante de la provincia de Limón, Maureen Clarke, y se retomó por el también caribeño y verdiblanco David Gourzong.
El proyecto indica en su artículo tercero lo siguiente: “Toda institución pública está obligada a destinar al menos un 7% de los puestos de trabajo vacantes al año para ser ocupados por personas afrodescendientes, siempre que estas cumplan los requisitos legales y constitucionales para acceder a ellos”.
El texto establece que, para poder nombrar personas no afrodescendientes en esos puestos, se debe documentar fidedignamente que, en el proceso de reclutamiento y selección, se divulgó el porcentaje y no hubo participación de personas afrodescendientes o las participantes no cumplieron con los requisitos exigidos para el cargo.
El plan se pretendía votar en primer debate el pasado miércoles, pero el socialcristiano Pedro Muñoz indicó que iba a colocar mociones al texto.
En diciembre del 2017 se votó en primer debate, pero nunca recibió el segundo después de la consulta facultativa a la Sala IV y se archivó.
“La filosofía detrás de esa cuota es visibilizar y lograr resultados concretos, como becas en educación, en empleo, en el sector público, ojalá lo lográramos en el sector privado, pero en igualdad de lo que buscamos es que haya una oportunidad para la persona negra”, comentó en aquel instante la congresista Clarke.

DUDAS

La también socialcristiana María Inés Solís explicó las dudas que mantienen sobre la propuesta.
“No estoy de acuerdo con la propuesta porque me parece discriminatoria y abre portillos peligrosos. Si estamos pretendiendo dar espacios en instituciones públicas por obligación a un tipo de población, me parece sería discriminatorio para otros grupos como los descendientes orientales, o europeos o cualquier otro podría reclamar sus espacios en porcentajes dentro de las instituciones públicas”, comentó.

CONSULTA A LA SALA

En la legislatura anterior existieron las mismas dudas de algunos parlamentarios, quienes enviaron el proyecto en consulta a la Sala Constitucional.
Según el reporte de Servicios Técnicos de la Asamblea, los magistrados no encontraron vicios sobre una posible discriminación laboral.
“No se cuenta con motivos válidos para descartar el presupuesto principal que da base a las acciones afirmativas recogidas en el proyecto y basta con recordar a los consultantes que, conforme el principio de igualdad no exige un tratamiento igual en todos los casos y para todas las personas, pues permite la creación de distintas categorías para las cuales pueden prescribirse diferentes reglas y tratamientos según resulten apropiadas a sus características distintivas y necesarias, todo con la finalidad de lograr una igualdad material”, respondió la Sala IV en ese momento.

CUOTA EN EL INA

El texto también establece que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) reserve un 7% del cupo de los cursos educativos que imparte para la población afrodescendiente.
Igualmente, señala como obligación del INA “divulgar en sus programas, sedes regionales y en toda publicidad sobre su oferta curricular”.
Los legisladores del periodo anterior consultaron esta cuota a los magistrados recordando que el artículo 188 de la Constitución Política señala que las instituciones autónomas gozan de autogestión, pero la Sala concluyó que la iniciativa no interfiere para nada en el ejercicio del ámbito material de acción administrativa de dichos entes.

CIFRAS QUE ALARMAN

Los defensores del plan insisten en que es importante para reconocer el legado de las personas afrodescendientes en Costa Rica en la conformación de la nación y las diversas expresiones culturales.
Así como destacar y reforzar sus raíces e identidad cultural en cuanto al reconocimiento de las comunidades de población afrodescendiente como pueblos tribales.
Recuerdan además que la población afrodescendiente que habita en nuestro país ha sido históricamente víctima de racismo, discriminación y etnofobia.
Datos del último censo nacional efectuado en el año 2011 revelaron que la esa población en el país tiene menos escolaridad que el resto y el desempleo es mayor.
Se calcula que alrededor de 400 mil afrodescendientes viven en Costa Rica.