Diario Extra - Cámaras delatan agresión de policías a reo

Un video de las cámaras de seguridad de un centro penal fue clave para que los magistrados de la Sala Constitucional declararan con lugar un recurso de habeas corpus interpuesto por un privado de libertad, quien denunció una vapuleada que un oficial de la Policía Penitenciaria le habría propinado en complicidad con otro uniformado.
Los hechos ocurrieron en una de las celdas del Centro Nacional de Atención Específica (CNAE), conocido como Máxima Seguridad, que se ubica en el Complejo Occidente en San Rafael, Alajuela. Según la sentencia del expediente 20-022067-0007-CO, los penitenciarios habrían actuado de forma irregular, por lo que se ordenó iniciar una investigación que permita esclarecer lo ocurrido.
Según el documento, el recurso lo interpuso el afectado el 2 de diciembre de 2020 al manifestar que durante las últimas semanas unos familiares suyos murieron, por lo que estaba afectado moral y emocionalmente. Tras esperar por días su oportunidad para una llamada telefónica, el 27 de noviembre contactó a sus parientes y al regresar a su celda uno de los policías aparentemente le propinó la paliza hasta casi dejarlo inconsciente.
“Refiere que uno de los oficiales arremetió en su contra, mientras otro sostenía la puerta observando cómo era golpeado y pateado el tutelado. Acota que los oficiales agreden a las personas privadas de libertad sin ninguna restricción y sin que exista ninguna justificación o motivo. Añade que otro oficial no solicitó la asistencia de los demás oficiales de seguridad penitenciaria como corresponde cada vez que hay una pelea”, detalla el expediente.
Además el afectado agregó que las agresiones se deben a que en el pasado presentó más demandas contra otros uniformados por supuesto abuso de autoridad, violación de sus derechos, ofensas y violencia.

GRABACIÓN

Consultado por los magistrados, Santiago Arroyo Brenes, director general del CNAE, declaró que el ofendido descuenta 21 años de prisión en dicho centro penal por el delito de robo agravado y aseguró que tras la muerte de sus familiares recibió atención psicológica e incluso lo pusieron en contacto con su mamá.
“Indica que el privado de libertad ha realizado actos contrarios al orden y seguridad institucional durante el último mes, tales como insultar al personal de seguridad y golpear la infraestructura de su espacio carcelario. Empero, remite al oficio JPCNAE-0421-2020, donde consta que el actuar policial ha sido respetuoso de la integridad del privado de libertad y que ella no corre peligro en el centro penitenciario”, se lee en el expediente.
Pese a esto, tras observar la grabación de las cámaras de seguridad los magistrados determinaron que la versión del ofendido era la que tomaba más fuerza, pues según las conclusiones, la escotilla de la celda del ofendido no la abrieron para retirarle las esposas y el amparado no se abalanzó contra el policía ni lo provocó.
Además las imágenes revelaron que uno de los uniformados ingresó a la celda portando mascarilla y permaneció dentro de esta al menos dos minutos, pero luego salió sin la misma, así como con la vara policial en una de sus manos, todo esto mientras su compañero custodiaba la puerta sin pedir ayuda.
Para los magistrados lo anterior desacredita la versión de los recurridos y reafirma la acusación del tutelado, mientras que el video desvirtúa que existiera una justificación para las agresiones.
“El hecho de que el compañero no acudiera en ayuda del oficial que supuestamente era atacado, ni tampoco diera voz de alerta para otros policías, sino que custodiara la puerta, refuerza que había dominio y colaboración de los oficiales en el desarrollo de los hechos.
No cabe duda para esta Sala que el actuar de los oficiales fue irregular y que no corresponde con lo relatado en el oficio CNAE-4196-2020 del 27 de noviembre de 2020, sino que coincide más a lo indicado por el tutelado en su recurso. En ese tanto, se declara con lugar el recurso”, se lee en la sentencia.
De esta manera la Sala ordenó al director del CNAE iniciar de inmediato una investigación para determinar la existencia de faltas disciplinarias por el irrespeto a los protocolos de seguridad, la agresión al ofendido y la consignación de hechos falsos en el oficio presentado.
Consultados al respecto, en la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz manifestaron que efectivamente en diciembre de 2020 el CNAE recibió la notificación del fallo de la Sala Constitucional, por lo que remitieron el caso a la dependencia correspondiente para que se inicien las respectivas pesquisas.
“Ante esta situación, la Dirección de la Policía Penitenciaria trasladó el caso, a finales de ese mismo mes, al Consejo de Personal de la Policía Penitenciaria para lo que corresponda, esto en atención a lo dispuesto en la Ley General de Policía”, detallaron.