Personas con discapacidad: más pobres, desiguales y aisladas que nunca antes

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando la vida es difícil para cualquier persona, es más difícil aún para las personas con discapacidad. Esta es una premisa que se cumple con rigor en esta dura época marcada por la irrupción devastadora del coronavirus.
Se preguntaba mediante un amplio reportaje contextualizado en la realidad española, la periodista María José Carmona: ¿Por qué todo es más caro para las personas con discapacidad? A lo largo de su trabajo muestra cómo casi todo (bienes y servicios) tiende a ser más costoso para las personas con discapacidad y sus familias.
Sean personas ciegas o sordas, personas con discapacidad intelectual o con discapacidad física, deben adquirir productos que otras personas sin discapacidad no requieren o tienen que adquirir productos a un precio mayor, que cuentan con algún dispositivo que mejora o asegura la accesibilidad.
La reportera pone como ejemplo ilustrativo el hecho de que las personas ciegas se vean obligadas a adquirir un iPhone, en virtud de que cuenta con una tecnología denominada Voiceover, que lee en voz alta todo lo que pasa en la pantalla del celular. Pero -como bien destaca-: Es un iPhone y cuesta mucho dinero. Y esto es aplicable a los diferentes tipos de discapacidades, a partir de necesidades específicas.
Esta situación la caracterizó muy bien el premio nobel de Economía Amartya Sen, que mostró cómo en Inglaterra las personas con discapacidad, para tener un nivel de vida similar a las personas sin discapacidad, debían recurrir a una serie de gastos adicionales. En un estudio que realizó a finales de la década de los noventa del siglo anterior, el economista indobritánico mostró cómo esta situación generaba mayores condiciones de pobreza en las familias con miembros con discapacidad.
A conclusiones similares llegó el sueco Bengt Lindqwist, exrelator de Naciones Unidas sobre Discapacidad, al destacar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad: “La pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce pobreza”.
Las malas condiciones de limitada higiene y hacinamiento que genera la pobreza y extrema pobreza, y la falta de acceso oportuno a servicios de salud son condiciones idóneas para que los niños adquieran enfermedades discapacitantes. Igualmente, las actividades laborales riesgosas son una causa de accidentes que dejan secuelas discapacitantes. Con ello se ejemplifica la parte de la ecuación que fija que las condiciones de pobreza pueden ser generadoras de discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen menores posibilidades de acceder a un empleo, aun cuando cuenten con alguna formación académica o técnica. Los prejuicios existentes y otras barreras generan esta injusta situación discriminatoria. Asimismo, cuando un integrante de la familia tiene una discapacidad, en muchas ocasiones otro miembro de la familia debe convertirse en su cuidador o cuidadora; con lo cual dos miembros pueden quedar excluidos de la actividad laboral remunerada. El resultado concreto es una menor disposición de recursos económicos y, con ello, se cumple la parte de la ecuación que expresa que la discapacidad produce pobreza.
Así las cosas, cuando se unen menores ingresos y mayores gastos, ambos generados por la discapacidad, se incrementa en forma notoria las condiciones para que las personas con discapacidad enfrenten mayores condiciones de pobreza y desigualdad social. Eso quedó patentizado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis 2018), al comparar mediante cifras cómo la pobreza afecta en mayor medida a las personas con discapacidad.
Ahora bien, este fenómeno se hace más grave aún en tiempos de crisis económica y social, como la que enfrenta la sociedad costarricense a raíz de la pandemia de la Covid-19.
En mayo del año anterior, la ONU emitió un informe que caracteriza la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia. “La crisis mundial de la covid-19 está profundizando las desigualdades preexistentes, revelando el alcance de la exclusión y poniendo de manifiesto que es imprescindible trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad —1.000 millones de personas— son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más afectadas por esta crisis en cuanto a muertes. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, la educación y el empleo y de participar en la comunidad. Tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, están expuestas a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas y se encuentran entre los grupos más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis. La covid-19 ha agravado aún más esta situación, al afectar de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente”.
Al concluir el año 2020, tal es la apreciación diagnóstica de una realidad todavía no investigada ni revelada en toda su preocupante dimensión.
El principio de soluciones ante tan vasto problema social de exclusión, que afecta a la mayoría de las personas con discapacidad y sus familias, está claramente definido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), que el Estado costarricense ratificó mediante la ley 8661. No por casualidad esta norma internacional tiene como uno de sus tres ejes el de desarrollo social inclusivo y accesible.
Sin embargo, al examinar la aplicación de las disposiciones de este tratado vigente desde setiembre de 2008, en nuestro país el panorama es desolador. Después de 12 años de su entrada en vigor, ya se tendría que mostrar resultados tangibles y concretos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero la distancia entre lo que dicta este instrumento jurídico y las políticas públicas que posibiliten la inclusión social de este sector poblacional de más de 600 mil personas sigue siendo enorme.
Lo más grave es que, con el Gobierno de Carlos Alvarado, no solo no se han dado avances, sino todo lo contrario: El retroceso es el horizonte más seguro para la mayoría de las personas con discapacidad. Las graves reducciones presupuestarias que se aplicarán en este 2021 afectarán severamente políticas públicas que debían beneficiar a este sector poblacional. Y, antes que se señale al coronavirus como principal culpable de esta situación, es oportuno y necesario aclarar que esta situación se empezó a manifestar mucho antes de que la Covid-19 arribara a nuestro país. Lo que hizo la pandemia fue agravar y desnudar el estado de cosas preexistente.
Para que esta injusticia social y la creciente exclusión no se extiendan como una ancha sombra, a las personas con discapacidad y sus familias, en alianza con otros sectores, no les quedará otro camino que movilizarse y luchar. ¡Sin acción organizada, no hay derecho!, tal es la consigna imprescindible en este año del Bicentenario de Nuestra Patria.