Raquel Vargas, titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), planea enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar la normativa que regula la entidad.
El objetivo es que los más de ¢4.272 millones que administra la institución por medio de la figura de fideicomiso pasen a manos de los funcionarios de la entidad.
Es decir, la plata ya no la administraría una entidad bancaria. Actualmente el que se encarga de resguardar e invertir los recursos es el Banco de Costa Rica (BCR).
Vargas dijo a DIARIO EXTRA que la idea de no tener intermediarios financieros surge luego de que la Contraloría pusiera en aprietos a Migración tras rechazarle la prórroga para que el BCR siguiera administrando uno de los fideicomisos, de donde sale la plata para pagar alquileres.
La decisión del ente contralor se debió a que la institución debía hacer una nueva contratación administrativa y no extender la prórroga con el banco en cuestión.
“Tenemos la opción de solicitar en periodo de sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa una reforma legal para que los fondos sean administrados directamente por la junta administrativa de Migración, haciendo posible que entonces los tres fondos funcionen directamente a la junta”, precisó.
Aseguró que con esa modificación legal habría un ahorro para la DGME de hasta ¢400 millones anuales porque ya no se tendría que pagar honorarios al banco encargado del fideicomiso.
“La administración de los recursos vendría a estar dentro de Migración y eso va a recaer sobre nuestros propios sistemas, es decir sobre la gestión administrativa financiera y sobre la junta”, agregó.
RECURSOS
Actualmente, según datos de Migración, la institución maneja tres fondos, los cuales administra el BCR desde hace seis años aproximadamente.
Se trata del Fondo Especial de Migración (FEM), que en 2020 alcanzó una asignación presupuestaria de ¢2.655 millones. Además de ese están el Fondo Social de Migración (FSM) y el Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt).
El FSM manejó este año ¢975 millones, mientras que el Fonatt ¢642 millones.
¿QUÉ DICE LA LEY DE MIGRACIÓN?
ARTÍCULO 233.- El Fondo Especial de Migración será administrado mediante un fideicomiso operativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 185 de la Constitución Política y 66 de la Ley No.8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, los cuales establecen que el patrimonio del Fondo debe ser administrado por la Tesorería Nacional en la caja única del Estado, en procura de una eficiente y transparente gestión de la Hacienda Pública.
Los recursos del Fondo Especial de Migración no serán susceptibles de ser empleados en fideicomisos ni en otras figuras de inversión.
ARTÍCULO 234.- El Fondo Especial de Migración estará constituido por los siguientes recursos:
1) Los impuestos, los tributos, las multas, los cobros, las tasas, los intereses y las especies fiscales que, según leyes especiales, deban pagarse por trámites migratorios, así como cualquier otro ingreso derivado de esta Ley.
2) Los beneficios de la administración o el fideicomiso de los bienes puestos a disposición del Ministerio de Gobernación y Policía, en razón de la comisión del delito de tráfico y trata de personas.
3) Los depósitos de garantía no retirados por más de un año, desde su vencimiento, pasarán a integrar el Fondo Especial de Migración.
Fuente: Ley No.8764.
TEMEN DESPILFARRO
Para Gerardo Mora, presidente de la Seccional de ANEP en Migración, si bien la reforma se podría generar, teme que no se supervise el uso de recursos y se produzca un despilfarro.
También teme que ocurra como en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde el Ejecutivo quería usar la plata del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para atender la emergencia del Covid-19.
“Solicitar una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería, Ley 8764, para que la administración pueda administrar y utilizar los recursos generados por los Fondos Especial, Social y Trata y Tráfico de Personas.
Se puede aprovechar para solicitarles a los diputados que en dicha reforma incluyan una autorización para que se utilice un porcentaje para la contratación de personal, ya que la autoridad presupuestaria indica que con los fondos no se puede contratar personal. Que pasen a caja única y ahí se haga la distribución”, indicó Mora.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Martes 29 Diciembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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