Diario Extra - Readecuar créditos por pandemia tendrá más trabas

Todavía no termina la pandemia y hay unas 500 mil personas sin empleo, lo que representa una cuarta parte de la fuerza laboral del país. Sin embargo, la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras), decidió cambiar las reglas para la calificación de deudores a partir del 1° de diciembre.
¿Eso qué significa para los clientes?, que ahora los bancos públicos y privados le van a aplicar un análisis de capacidad de pago. ¿Y si no cumple?, podría tener problemas para gestionar una nueva readecuación del crédito.
Además, si la entidad financiera decide bajar su calificación como deudor, podría no ser sujeto de nuevos préstamos y si cae en mora podría terminar en cobro judicial.

GRITO DE AUXILIO

El primero en lanzar un grito de auxilio fue la Cámara de Hoteles, cuyo presidente Javier Pacheco criticó muy duramente esta decisión por parte de la Sugef.
“Catalogamos como un castigo que, a partir del 1 de diciembre de 2020, se aplique la calificación de capacidad de pago a quienes busquen prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos en el sistema bancario nacional y que, adicionalmente, se afecte la categoría de riesgo y el cálculo de estimaciones crediticias”, dijo mediante una publicación.
Este medio intentó ampliar el tema con él, pero no respondió su celular, ni tampoco los mensajes enviados a su WhatsApp.
Frente a este escenario, recurrimos a los bancos y tanto el Popular, como el de Costa Rica (BCR), accedieron a contestar nuestras consultas.
Lo que se hizo fue una modificación al Acuerdo Sugef 1-05 Reglamento para la Calificación de Deudores. Así consta en el sitio web de la entidad y fue confirmado por las entidades financieras y la propia superintendente Rocío Aguilar.

¿QUÉ DICEN LOS BANCOS?

Douglas Soto, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), explicó que tomaron medidas para apoyar a sus clientes con arreglos de pago esperando que fueran por un tiempo razonable para que luego pudieran atender sus obligaciones financieras.
El acuerdo de la Sugef “provoca que a partir del 1 de diciembre todo estudio de arreglo (prórroga, readecuación, etc.) a realizar, deberá acompañarse de un análisis de capacidad de pago del deudor, para lo cual, las entidades financieras van a solicitar la información correspondiente a sus clientes.
Esta situación limitará el accionar de las entidades en lo que respecta a la resolución de los arreglos y eventualmente provocará desmejoras en la calificación de riesgo de los clientes por la mora que puedan generar, reflejándose en los registros de la Superintendencia.
El trato flexible por la pandemia debía mantenerse hasta el 31 de marzo de 2021, pero la Sugef, decidió volver a la normalidad antes de lo previsto y pese a que muchas personas (físicas y jurídicas), aún se encuentran en una situación económica ajustada.
“Todo arreglo de pago que se analice en adelante deberá ir acompañado de este análisis de capacidad de pago, con las implicaciones señaladas”, indicó Soto.
Por su parte, Maurilio Aguilar, director de Riesgo del Banco Popular se manifestó en la misma línea que Soto. Explicó que un poco la intención de la Sugef es que las estimaciones por pérdida de las entidades financieras se vean reflejadas en los estados financieros de los bancos y se sepa su efecto inmediato sobre las utilidades.
A un cliente se le va a calificar por su comportamiento histórico, la capacidad de pago y la morosidad.
No obstante, la capacidad de pago tiene varios niveles y dependiendo de la situación de las personas podría caer de un nivel a otro en muy poco tiempo.
Si una persona llegara a un nivel 4, por poner un ejemplo, implicaría que el banco tenga que estimar el 75% de esa operación, es decir que, si fuera un crédito por ¢100 millones, la entidad tendría que pasar como gasto ¢75 millones.
Obviamente los bancos no quieren registrar esa pérdida y es entonces cuando podrían mandar esos casos a cobro judicial. Además, ante la caída en la capacidad de pago sería imposible aplicar una nueva readecuación o gestionar un crédito en otra entidad financiera.
Los bancos tenían un colchón para sostener esas operaciones, pero tiene un límite.

SUPERINTENDENTE DEFIENDE DECISIÓN

Rocío Aguilar, superintendente general de Entidades Financieras (Sugef), explicó que si bien es cierto se tomó esta decisión, esta se acompañó de medidas para que el impacto no fuera tan de golpe en los bancos y hacia los clientes.
“Aquí estamos hablando de instituciones que manejan muchos recursos del público. Se trata de buscar el mejor equilibrio posible, y que las entidades vayan reflejando los riesgos, hay una responsabilidad del sistema hacia la estabilidad y la protección de los inversionistas”, señaló.
Cuando Aguilar habla de inversionistas se refiere a la gente que tiene certificados de depósito a plazo y cuentas de ahorro, por los que los bancos también deben responder.
“¿Cómo vamos a atender esos riesgos adicionales que se acumularon?, ¿cómo vamos a devolver los intereses, los ahorros, los certificados? Por eso es importante un equilibrio”, destacó.
Asegura que las medidas adicionales que se dieron a los bancos, está permitiendo que hagan un aterrizaje de manera paulatina, haciendo menos estimaciones, utilizando las reservas que se tienen justamente para momentos como estos y que a la vez se vayan reflejando los riesgos en el sistema.
Se liberaron unos ¢30 mil millones para ese fin. Adicionalmente, esto se podría conjugar con el programa de ¢700 mil millones con el Banco Central para nuevos créditos a personas y empresas, según dijo.
“No podemos ayudar, si no vemos los riesgos que se están acumulando. Se puede seguir protegiendo hogares y empresas solventes. El Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) ha sido parte de la solución, todo el sistema, en atender a los deudores, pero también se necesita un sano equilibrio y que se vayan reflejando los riesgos”, finalizó.

¿QUÉ CAMBIÓ?

Lo que se hizo fue una modificación al Acuerdo Sugef 1-05 Reglamento para la Calificación de Deudores. Así consta en el sitio web de la entidad y fue confirmado por las entidades financieras.
Textualmente dice: “A partir del primero de diciembre de 2020, inclusive, y para los deudores a los que se otorguen nuevas prórrogas, readecuaciones, refinanciamientos o una combinación de estas a partir de esa fecha, deberá aplicarse la calificación de capacidad de pago de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, para la asignación de la categoría de riesgo de los deudores y el cálculo de estimaciones crediticias”.

• Douglas Soto, Gerente general BCR
“El problema radica en que muchos de los clientes aún se encuentran afectados económicamente por la pandemia, sus ingresos aún se muestran muy bajos o del todo no tienen y por supuesto, no se encuentran en una posición tal que les permita evidenciar capacidad de pago”.

• Maurilio Aguilar, Director de Riesgo Banco Popular
“Un importante grupo de empresas y personas no tienen ingresos, y eso podría afectarlos. Mientras no venza el arreglo de pago no pasa nada, pero a partir de que soliciten una renovación se va a hacer el análisis de capacidad de pago. La calificación de riesgo no se modificará hasta ese momento”.

• Rocío Aguilar, Superintendente Sugef
“No podemos ayudar, si no vemos los riesgos que se están acumulando. Se puede seguir protegiendo hogares y empresas solventes. El Conassif ha sido parte de la solución, todo el sistema, en atender a los deudores, pero también se necesita un sano equilibrio en que se vayan reflejando los riesgos”.

EL PUEBLO OPINA

• Jorge Granados, San José
“Los bancos tienen que dar más plazo, más ahora a cómo está la situación, hay mucha gente con deudas”.

• Ronald Rodríguez, San José
“A como esta la situación, los bancos tienen que dar tiempo a que el pueblo se recupere un poco”.