Inamu y Conarroz, tal para cual
Fabio Vega
Dos proyectos de ley, con fines sociales productivos, libran una férrea oposición de instituciones gubernamentales, que nacieron para proteger a sus respectivos sectores.
Pues bien, tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), como la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), tendrían que ceder recursos para el financiamiento de estas iniciativas de ley, en beneficio tanto de las mujeres rurales como de los pequeños y medianos productores de arroz, principalmente.
La primera de esas propuestas, impulsadas por las diputadas Carmen Chan y Nidia Céspedes, ambas del bloque Nueva República, busca ayudar a mujeres de zonas rurales a desarrollar emprendimientos productivos, través de la creación del Programa Nacional de Créditos y Tasas Preferenciales para la Mujer Rural (Creta- Mujer).
De acuerdo con la ley del Inamu, uno de sus fines es proteger los derechos de la mujer y propiciar acciones tendientes a mejorar su situación.
Dicho proyecto de ley 21.290, pretende que las jefas de hogar en zona rural y con una persona a su cargo, sean niños estudiantes, adulto mayor, persona con discapacidad, tenga acceso a créditos a tasas bajas para desarrollar sus proyectos de negocios.
Con estos créditos, esperemos que sean en condiciones diferenciadas de las clásicas políticas públicas bancarias, podrían financiarse, física o jurídicamente, y acorde con sus necesidades, ideas de negocios agropecuarios, acuícolas, pesca, producción artesanal, compra de terreno para comercio, servicios, entre otros.
En muchas comunidades rurales cientos de mujeres ofrecen productos a costa de su propio esfuerzo económico y familiar, como medio para sostener la manutención de hogares jefeados por ellas.
Sin embargo, la piedra en el zapato del Inamu pareciera estar en que le quitarían ¢1.000 millones, como aporte inicial y por una única vez. Además Creta-Mujer recibiría recursos de los bancos y superávit de entidades públicas. El 70% de los fondos serán administrados por la Unidad de Crédito Rural del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), mediante una oficina instalada en el Inamu.
En la acera arrocera, la película es parecida con el proyecto de ley 21.404, creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros (Fonaproarroz).
Según la ley de Conarroz, esta tendrá bajo su responsabilidad la protección y promoción de la actividad arrocera nacional. El proyecto lejos de debilitar las finanzas fortalecerá la permanencia de los agricultores en la actividad.
El objetivo del Fondo, entre otros fines, es procurar la sostenibilidad de los productores de arroz y aumentar la productividad y competitividad del cultivo, mediante programas permanentes de ayudas internas para estabilizar y compensar la producción.
Para asignarles recursos al Fonaproarroz, la nueva ley ordenaría a Conarroz a destinar en un solo tracto ¢1.000 millones, así como la totalidad que capte el Ministerio de Hacienda por aranceles de importación de arroz de cualquier tipo, producto y subproducto que ingresen al país. Entre otras ayudas se cita también, el aporte de ¢2.000 millones, por única vez, del Instituto Nacional de Seguros, que saldrán de la Reserva Técnica de Contingencia del Seguro Integral de Cosechas.
El Fonaproarroz será administrado por Conarroz, a través de una oficina especializada a cargo de una persona que ejercerá sus competencias y atribuciones únicamente con directrices de la Asamblea General, órgano corporativo.
En esta época de fenómenos extremos climáticos, pequeños y medianos productores han resentido en sus cultivos los efectos de huracanes y tormentas tropicales y por tanto, este Fondo sería una fuente de salvación para continuar en el oficio.
Conarroz se opone rotundamente quizás por ese arañazo a su capital y propone un nuevo texto sustitutivo a la iniciativa de ley, impulsada por la diputada Mileidy Alvarado (Restauración Nacional).
Tanto Creta-Mujer como Fonaproarroz, siguen sin recibir la bendición de las rectorías del Inamu y Conarroz... tal para cual.
