Hoy 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero lejos de una celebración, varias asociaciones en el país están preocupadas por una reforma a la Ley 7.600 que se quiere aprobar a la carrera y sin las consultas requeridas.
Incluso ya la junta directiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) acordó el pasado 26 de noviembre solicitar a la Comisión de Accesibilidad, Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa archivar el expediente 21.443, que es la reforma que los diputados impulsan a esta ley.
El oficio JD-108-2020, del cual DIARIO EXTRA tiene copia, fue dirigido a los legisladores Aracely Salas, Marolyn Azofeifa, Catalina Montero, María José Corrales Chacón y Xiomara Rodríguez, integrantes de esta comisión.
El Conapdis explica en su decisión que, dada las situaciones actuales de la pandemia, no existen las condiciones para consultar a todos los grupos, organizaciones y asociaciones relacionadas con el tema de la discapacidad en el país, para tener una posición sobre los cambios que se buscan aplicar a la ley.
“No ha sido posible garantizar la participación de la mayoría de organizaciones de personas con discapacidad, dada la situación crítica en la que están la mayoría de personas con discapacidad producto de las afectaciones derivadas de la pandemia”, indica el documento.
“Que los tiempos legislativos van mucho más rápido que las verdaderas capacidades organizativas de las asociaciones de personas con discapacidad para poder responder a las diferentes consultas y la participación, en los plazos requeridos. Que el texto más reciente no es conocido por las personas con discapacidad y que para lograr este objetivo de consulta, se requiere de tiempo y recursos con los que actualmente no cuenta el Conapdis ni las organizaciones”, agrega la junta del Conapdis.
A ESCONDIDAS
El Periódico del Pueblo conversó con varios representantes de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, quienes reconocen desconocer las reformas que los congresistas quieren aplicar.
Lindor Cruz, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Cantón de Matina y la Zona Atlántica (Asopedisma) y miembro de la junta directiva del Conapdis, explicó que sí es necesario reformar esta ley, pero no de la forma en que se quiere hacer. Indicó que se ocupan verdaderos criterios técnicos para darle peso, no el barniz que se le desea aplicar.
“Es un proyecto que no fue consultado a organizaciones de personas sordas, ciegas, es un expediente débil y no sé con qué fin lo hacen, si con algún fin político o querer sacar pecho de que hicieron una reforma a la Ley 7.600, pero que no trae ningún aporte nuevo”, mencionó.
Socorro Vargas, presidenta de la Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo (Ascopa), agregó que para plantear estos cambios se debió llamar a una asamblea de asociaciones para conocer las modificaciones y construir un texto en conjunto.
“Y dado la emergencia de la pandemia es poco factible hacer eso y no todas las organizaciones tienen acceso a internet o una computadora, es muy complejo hacer una consulta en estas condiciones y se podría decir que no es el momento adecuado”, sentenció.
Por su parte Carlos Valverde, presidente de la Asociación de Olimpiadas Especiales, que antes de la pandemia contaba con 30 mil atletas, también indicó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica desconocer la propuesta.
“No sabemos nada y yo creo que una de las luchas que debemos hacer es unificar a todas las asociaciones, que nos fortalezcamos y sepamos cuál es el norte y no competir de cuál es más grande, sino que la unión hace la fuerza”, comentó.
TRAMPA
El exdiputado Óscar López alertó lo que cree sería una trampa por parte de las parlamentarias Catalina Montero y María José Corrales para aprobar la reforma sin las consultas a todas las organizaciones.
López acotó que ciertamente habían formulado una consulta “atolondrada”, pero fue sobre un primer texto y no sobre un texto sustitutivo.
“Los diputados pretenden aprobar a espaldas de la población con discapacidad el nuevo texto sustitutivo, valiéndose de la práctica de publicarlo en La Gaceta para según ellos garantizar el principio de publicidad, el cual deliberadamente están confundiendo con el principio de consulta”, expresó.
AMPLIA CONSULTA
Consultada sobre el tema, la liberacionista María José Corrales insiste en que detrás del proyecto hay un extenso proceso de consulta a las asociaciones.
Corrales explica que a raíz del interés de unas personas con discapacidad presentó el proyecto el 4 de junio del 2019. Desde entonces ha llevado adelante un proceso extenso y participativo de consultas con diversas organizaciones de personas con discapacidad y del mismo Conapdis.
“El texto fue consultado a las organizaciones de personas con discapacidad el 31 julio de 2019. Producto de las consultas se incorporaron observaciones y se dictaminó el texto el 5 de febrero de 2020 en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. En ese mismo momento también se solicitaron nuevas consultas a las organizaciones, la segunda efectuada al proyecto”, señaló.
Agregó que participó en un foro consultivo el 3 de marzo de este año, organizado por Conapdis, donde se explicó en detalle el contenido del proyecto de ley.
Como resultado se estableció un comité de personas con discapacidad que analizó el expediente y elaboró un informe de más de 600 páginas, el cual se entregó el 31 de julio del 2020.
Producto de eso se creó el texto sustitutivo que según la diputada está en consulta nuevamente a las organizaciones por cuarta ocasión.
“Este proyecto sí ha sido ampliamente consultado con las organizaciones de personas con discapacidad, porque reconozco la trascendencia que implica proponer esta reforma a la Ley 7.600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, desde su promulgación hace 24 años. Lo anterior no significa que este proceso de consulta esté cerrado. Al contrario. Desde el primer día he mantenido una actitud de diálogo y de escucha para que todos los sectores de la población con discapacidad estén representados en la construcción del proyecto de ley”, agregó.
Sobre la petición del Conapdis de archivar el plan, Corrales reiteró que ellos han sido parte del proceso, pero buscará el espacio con los miembros de la junta directiva para continuar adelante las conversaciones con respecto al tema de la reforma.
“Me parece que se ha hecho un esfuerzo inusitado en la consulta y trámite de este proyecto, como ningún otro, y que será esencial rescatar los avances que hemos tenido, depurar el diálogo, ampliar las consultas según sea el caso y mantener el debate sobre la necesidad de que este proyecto de reforma camine.
Mi interés máximo es actualizar la normativa legal que nos ampara y que fue visionaria en aquel momento, de manera que los temas de inclusión y equidad en favor de las personas con discapacidad abarque áreas y sectores que en su momento no quedaron del todo claras y que, ante la coyuntura actual, se hace necesario precisar”, finalizó la verdiblanca.
SECTORES OPINAN
Lindor Cruz Jiménez
Presidente Asopedisma
“Ese proyecto se hizo como a escondidas, ni Conapdis ni las organizaciones sabíamos de esa reforma que la está llevando la señorita Nicole Mesén con la diputada María José Corrales sin hacer verdaderas consultas, solo mediante correo y el que no contestó, salado. Es algo espurio”.
Socorro Vargas Arias
Presidenta Ascopa
“Desconocemos qué cambios se quieren hacer, qué planteamientos y para hacer una reforma a la ley se debió hacer una asamblea para consultar a la población. Pero desconocemos qué se está planteando y lo que hacen es mandarnos un texto. No se puede decir que ese proyecto se creó con el criterio de las personas con discapacidad porque no se hizo en conjunto, no se puede decir que la consulta fue real y la población con discapacidad está enterada”.
Carlos Valverde
Presidente Olimpiadas Especiales
“Este cambio a la ley no sabemos quién lo está manejando ni quién lo promueve, y en ningún momento se nos pidió opinión y no hemos recibido nada, ni el texto tenemos”.
Óscar López
Exdiputado
“Mi temor es que las diputadas María José Corrales y Catalina Montero tiendan una trampa y se burlen de la población con discapacidad. Yo sé muy bien el manejo legislativo y es fácil que digan que ya la consulta fue hecha y lo aprueben sin una verdadera consulta. Yo les exijo a estas diputadas que respeten la voluntad de las organizaciones con discapacidad que demostraron la burla y el irrespeto con que fue sometido este proyecto de ley”.
¿QUÉ SE CUESTIONA EN EL EXPEDIENTE 21.443?
El excongresista Óscar Lopez hizo un análisis de la reforma y cuestionó los siguientes aspectos:
“En la definición de discapacidad, se nos insulta al señalarnos como ‘personas con deficiencias’, lo cual tira por la borda la histórica lucha por ser vistos como iguales en una sola sociedad.
En la definición sobre organizaciones de personas con discapacidad, se abre un peligroso portillo para que cualquier persona o grupo de personas sin tener ninguna discapacidad puedan constituir una asociación o fundación, aludiendo a la discapacidad para poder reclamar los eventuales beneficios fiscales o exoneraciones.
El artículo 14 crea una división entre hombres con discapacidad y mujeres con discapacidad. Es inaudito meter en una ley que busca la igualdad entre todas las personas un artículo destinado exclusivamente a las responsabilidades institucionales con las mujeres con discapacidad. ¿Y dónde está el artículo para las responsabilidades institucionales para los hombres con discapacidad? Este pleito por géneros no debería meterse en esta ley, porque se discrimina a los hombres con discapacidad.
El artículo 15 incluye a las municipalidades obligaciones respecto de la niñez y la adolescencia, teniendo que crear mecanismos de consulta o de participación de niños y adolescentes con discapacidad. No pueden ni recoger la basura de los parques y meten a los gobiernos locales con la niñez con discapacidad, en temas que son inherentes al PANI.
En el artículo 17 de las organizaciones de personas con discapacidad, les ofrecen un extraño porcentaje de presencia en la junta directiva del Conapdis, dice que será un 46%. Es realmente inentendible. Debería decirse de cuántos miembros es la totalidad de la junta directiva y de seguido decir cuántos de esos miembros serán de las organizaciones con discapacidad, en números redondos y no en porcentaje.
El artículo 18 crea el comité de información de las organizaciones de discapacidad. El hecho es que ese comité ya existe desde 1996. La actual Ley 7.600 lo denomina Coindis y lo único que deberían hacerle es dotarlo de personería jurídica instrumental.
El artículo 34 impone a todas las instituciones del Estado la obligación de capacitar laboralmente a las personas con discapacidad que nunca hayan tenido acceso a la educación o que carezcan de formación laboral. Aunque esta tarea es propia del MEP y del INA, aquí obligan a cuanta institución tenga el Estado a capacitar a personas con discapacidad, sin meditar que las instituciones no pueden dedicar recursos, tiempo y personal a capacitar personas, toda vez que las instituciones obviamente no saben cómo se capacita a la población con discapacidad, pues su naturaleza y su razón de ser es otra”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 03 Diciembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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