El abogado constitucionalista y exsecretario de Liberación Nacional, Fernando Zamora, alertó sobre una serie de irregularidades que a su criterio se dieron en la aprobación de préstamo que el gobierno negoció con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial y que los diputados respaldaron en un segundo debate el pasado 17 de noviembre.
Zamora reveló que está preparando una acción de inconstitucionalidad contra la ley aprobada.
“En la Asamblea Legislativa se escribió una página negra, los diputados oficialistas, junto con los opositores aliados, aprobaron irregularmente un crédito por ¢94 mil millones y a pesar que solicité a la oposición investigar el crédito, nunca lo hicieron, porque jamás se hubiera aprobado”, comentó el abogado.
Cuando se dieron las justificantes de este crédito, el Ejecutivo indicó que se requería de estos recursos para que Hacienda modernice y digitalice sus sistemas tecnológicos.
Todo esto con la fe y la promesa, de que, ahora sí, se pueda mejorar en la recaudación de impuestos.
Con este proyecto se pretende facilitar que los 59 sistemas informáticos del ministerio logren trabajar de forma integrada para reducir la evasión, mejorar la eficiencia presupuestaria y la gestión de deudas.
No obstante, Zamora alega que si lo que se quería era comprar equipos nuevos, los expertos señalan que gastar ¢94 mil millones para ese fin es exagerado para cualquier estándar internacional de precios.
“Este es un crédito inconstitucional, porque los artículos 176 y siguientes de la Constitución prohíbe financiar gasto corriente con créditos de esa naturaleza”, aseguró.
“Ciudadanos, la gran pregunta es qué intereses hicieron que se aprobara ese millonario acuerdo legislativo atropellando de forma tan burda, la ley y la Constitución”, se cuestionó Zamora.
Hasta el momento Hacienda no se pronunciado sobre dichos y solo corrieron para corregir el concurso y lo bajaron del sistema.
Irregularidades del proyecto
No existe un plan de gastos que justifique un crédito de esa cantidad de dinero ($156 millones alrededor de ¢94 mil millones).
Se sacó el concurso del proyecto sin siquiera contar con la Autorización de la Contraloría General de la República y el contenido previo presupuestario, lo que violenta el artículo 8 de la Ley de contratación administrativa.
De forma acelerada, incluso antes de ser aprobado el crédito en la Asamblea, ya se había iniciado el procedimiento de contratación administrativa.
No hay un plan de inversión que justifique el gasto ni un documento técnico que explique la atribución de mejoras de recaudación sin afectar la tasa o tasas, porque con ese gasto se va a aumentar la relación deuda PIB en un 0,3% comprometiendo la sostenibilidad en el servicio de la deuda externa.
Tampoco existe una justificación técnica que explique por qué no es posible interconectar los 59 actuales sistemas de Hacienda, lo que era posible de hacer con un costo mucho menor.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 30 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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