Los diputados sí pueden realizar modificaciones a las convenciones colectivas, prohibirlas y restringirlas. Así lo resolvió la Procuraduría General de la República (PGR) ante la consulta de congresistas miembros de la Comisión de Gobierno y Administración.
Según el órgano procurador, “en lo que respecta al denominado principio de negociación colectiva, debemos aclarar que, en nuestro medio el derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos es un derecho de configuración legislativa, por lo que su ámbito de aplicación, así como sus alcances deben ser definidos por normas de rango legal, sin que ello necesariamente implique violación alguna de normas constitucionales”.
En palabras sencillas, el Congreso sí puede hacer cambios a estos convenios sin que eso roce la Constitución Política.
La opinión jurídica OJ-178-2020 firmada por el procurador adjunto, Luis Guillermo Bonilla Herrera, pone como ejemplo que cuando se impulsó la Reforma Procesal Laboral, se introdujo por primera vez a nivel legal “una regulación especial del derecho de negociación colectiva en el sector público”.
Es decir, ya hay un antecedente de que el Congreso puede variar ciertos alcances en dichos acuerdos entre el Estado y los funcionarios públicos.
Lo mismo ocurrió con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018.
Para la Procuraduría, estos ejemplos “reafirman la preminencia de la ley en esta materia”.
MEJORAS A EMPLEO PÚBLICO
La opinión no vinculante del órgano procurador también hace observaciones en cuanto al proyecto Ley Marco del Empleo Público como tal.
Señalan que las condiciones de un funcionario no pueden ser inmodificables.
“Esta Procuraduría ha indicado que el funcionario que ingresa al servicio de la Administración Pública se coloca en una situación jurídica objetiva, definida legal y reglamentariamente y, por ello, modificable por uno u otro instrumento normativo”.
Agregan: “En síntesis, el legislador puede realizar cambios en las condiciones bajo las cuales se prestan servicios al Estado, siempre que se respeten los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de las personas que mantenían una relación de servicio antes de la realización de esos cambios. El respeto a los derechos adquiridos implica, en lo que a la materia salarial se refiere, no disminuir el salario percibido por las personas a las que van dirigidos los cambios normativos”.
A modo de conclusión, la Procuraduría considera que el proyecto tiene margen de mejora, pero esa decisión es meramente política.
En Costa Rica hay unas 25 convenciones colectivas en instituciones como Recope, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Japdeva, Ministerio de Educación, Junta de Protección Social (JPS), UCR, TEC y UNA.
SINDICATOS REACCIONAN
Lenin Hernández
Sinae
“Con relación a este criterio que emite la Procuraduría debería hacerse un análisis más exhaustivo porque recordemos que el órgano lo hace en base en la legislación nuestra, es decir revisa la Constitución y las últimas leyes que se han aprobado como por ejemplo la reforma fiscal, el punto es que las convenciones colectivas vienen de un convenio supraconstitucional como son los convenios de la OIT, entonces me parece que el criterio se queda corto”.
Jorge Cartín
Sindijud
“Es una señal muy pésima la que estamos enviando a nivel internacional. Por un lado, Costa Rica es un país garante del respeto a los derechos humanos y al trabajo, el derecho a huelga, a la sindicalización, pero por otro permitimos estos abusos. Es un doble discurso, por un lado promovemos derechos a las parejas del mismo sexo, a las parejas con fecundación in vitro y por otro cercenamos los derechos de los trabajadores”.
CONGRESISTAS OPINAN
Pablo Heriberto Abarca
PUSC
“Siempre he creído que se podían regular. De hecho, en la Ley 9.635 se habían establecido algunos cambios y reglas, y me parece que esta es la oportunidad para trabajarlas en el entendido de que se eliminen los privilegios odiosos y que las convenciones sean para facilitar herramientas indispensables del trabajo”.
Jonathan Prendas
Nueva República
“Vamos a estudiar el pronunciamiento de la Procuraduría a detalle porque sí tenemos en el horizonte hacer lo mejor posible en el proyecto de Empleo Público guardando la seguridad jurídica en los derechos de los trabajadores. El concepto de que eso no se podía tocar hasta que cada convención fuera acabándose llama la atención y vamos a estudiarlo de la manera más seria. Con esto que dice la Procuraduría no quiere decir que se van a quitar derechos de los funcionarios”.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Sábado 28 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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