La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emitió el oficio GM-DFE-0596-2020, en el cual considera viable el proyecto que busca regular el uso del cannabis para fines medicinales o terapéuticos, pues consideran que permitiría aumentar los ingresos para adquirir otros medicamentos y que genera un riesgo operativo bajo para la institución.
El criterio lo firma Marjorie Obando, directora de Farmacoepidemiología de la CCSS, quien se lo remite al gerente médico Mario Ruiz, este a su vez lo envió a los legisladores que integran la Comisión de Ambiente.
Dicho criterio es la posición de la institución ante el texto sustitutivo del proyecto “Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para uso alimentario e industrial”, expediente 21388.
“El texto sustitutivo del proyecto No. 21388 Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para uso alimentario e industrial es viable para la institución”, se afirma en el oficio de la CCSS.
En el documento se aclara que existen medicamentos seguros y eficaces disponibles para muchas de las enfermedades que propone el proyecto, por lo que según indicaciones oficiales de entes como la FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés) o EMA (European Medical Agency, por sus siglas en inglés) los derivados cannabinoides se indican cuando el paciente no ha respondido a las terapias convencionales disponibles, en la mayoría de los casos. Es decir, representan una alternativa terapéutica.
En la CCSS recomiendan que el Ministerio de Salud sea el ente encargado de certificar los pacientes que requieren usar cannabis, para evitar que estos análisis generen presión en los servicios de salud.
“El texto sustitutivo del proyecto de Ley, en su artículo 24, está confiriendo a la CCSS una responsabilidad en certificar pacientes que puedan requerir cannabis para autoconsumo, lo que podría generar presión sobre los servicios de salud que brinda la institución. Se considera pertinente que sea el propio Ministerio de Salud el que certifique pacientes que puedan requerir cannabis, para lo que puede emplearse un certificado médico emitido por el médico tratante del paciente en el sector privado y una epicrisis o dictamen médico generado en la CCSS, cuando el paciente es tratado en esta institución”, detallaron en la CCSS.
En cuanto al impacto financiero, señalan que el capítulo IV establece un impuesto especial a la realización de actividades autorizadas para el cannabis medicinal.
En él se indica un impuesto sobre las rentas obtenidas por la realización de actividades autorizadas con el cannabis de uso médico o terapéutico y el cáñamo de uso industrial o alimentario.
Además, en el artículo 37 se establece la distribución de los recursos que se recauden con el tributo, se indica que un 20% es para el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, para que se utilice en la compra de medicamentos que requieran los asegurados.
NO OPORTUNA
Pese a que el gobierno apoya la iniciativa por considerar que el uso medicinal y terapéutico del cannabis y alimentario e industrial del cáñamo dejaría una utilidad estimada en al menos $10 mil por hectárea, no consideran oportuna la legalización.
“Por razones de seguridad y salud pública, no considera oportuna la legalización ni comercialización del cultivo del Cannabis Sativa L (conocida como marihuana), variedad de la planta que cuenta con capacidad psicoactiva, dado que, actualmente, el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos”, comentó el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, en una carta enviada a los diputados de la Comisión de Ambiente.
El jerarca recalcó la necesidad de generar una regulación eficiente en términos de uso de recursos.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Sábado 28 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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